Otra de los diputados de Baja California: impiden a ciudadanos vigilar a funcionarios corruptos

TIJUANA, Baja California. Los diputados de Baja California (de mayoría morenista) buscan invalidar las iniciativas ciudadanas que tengan que ver con la investigación de la corrupción gubernamental en la entidad.

Francisco Fiorentini, consejero presidente del Comité de Participación Ciudadana del Sistema Estatal Anticorrupción (CPCSEA), explicó que el Congreso local les solicitó no sesionar, pese a que se encuentra en la ley cumplir con ello, basándose en la invalidez parcial de los artículos 16 y 17 de la Ley del Sistema Estatal Anticorrupción, de acuerdo con una sentencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).

“Nuevamente vemos con preocupación que hay en la intención de los diputados dejar de operar al sistema estatal anticorrupción. En el comunicado que recibimos (por parte de los diputados) se refieren a los integrantes que lo componían antes de la declaración de invalidez legal”.

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La figura del CPCSEA permite a los ciudadanos hacer observaciones y críticas directas a la gestión gubernamental, mismas que tienen trascendencia legal en caso de resultar responsables en una investigación, ante un posible acto de corrupción.

“El sistema estatal (anticorrupción) ha sido incómodo desde su inicio, por ser un sistema diferente a lo que se ha logrado en cualquier otra parte del país”, dijo Fiorentini en videoconferencia.

En respuesta, se presentó un recurso ante la SCJN para que se considere como abuso de poder por parte del Congreso de Baja California el considerar inexistentes a los miembros del CPCSEA.

El primer antecedente enfocado en la eliminación de la participación ciudadana en la investigación de corrupción fue el 10 de octubre de 2019, cuando los diputados locales desaparecieron la comisión especial de participación ciudadana para la elección del fiscal anticorrupción, auditor superior del estado y los órganos internos de control.

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“Vemos con preocupación que un Congreso que no ha recibido la sentencia se esté extralimitando de la manera en la que lo está haciendo, ordenando que no cumplamos con lo que la ley nos mandata”.

La queja de los integrantes del CPCSEA contra los diputados de Baja California se envió el lunes 1 de junio a la SCJN, cuyos ministros emitirán su resolución en 15 días.

“El Congreso nos solicita que dejemos de sesionar como comité de participación ciudadana. Es increíble que el gobierno nos exhorte a no cumplir lo que por mandato de ley estamos obligados a hacer, pero en este tiempo nada debe de sorprendernos”. 

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