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La Opinión

Los partidos políticos se convierten en “feministas”

En el pasado PRI y PAN frenaron la despenalización del aborto y la extensión de los derechos reproductivos. Hoy se suman a la lucha de las feministas

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En el último año, hemos presenciado un ascenso importante en el activismo de los grupos feministas. Con justa razón, se han manifestado constante y consistentemente en contra de la violencia de género y han denunciado la inacción de las autoridades en este tema. 

A partir del brutal feminicidio que sufrió la pequeña Fátima y de otros casos atroces de violencia de género, los grupos feministas se han manifestado con aun mayor fuerza durante los últimos días. 

A las afueras de Palacio Nacional, exigieron al presidente López Obrador poner en marcha acciones concretas y efectivas para frenar la ola de feminicidios que azota al país. Además, emplazaron a un paro nacional de mujeres el 9 de marzo. La convocatoria consiste en que ese día todas las mujeres que tengan posibilidad de hacerlo dejen de asistir a sus centros de trabajo y no consuman nada.

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La reacción de AMLO fue una típica reacción de AMLO: minimizar el movimiento, denunciar que los conservadores tienen presencia en él y reafirmar el derecho a la libre manifestación, pero  advirtiendo que las manifestantes no representan el sentir de la sociedad en general, ya que el pueblo está feliz y sabe que México va bien. 

Foto: Cuartoscuro

La indiferencia presidencial causó indignación entre los distintos colectivos feministas y entre las mujeres en general. 

Hasta hace unos días, la posición de los partidos políticos ante los reclamos del movimiento feminista era ambigua: iba desde el apoyo, aunque sin comprometerse seriamente a tomar cartas en el asunto, hasta la condena a los “actos vandálicos” que se cometieron durante algunas marchas.

Sin embargo, los partidos políticos de oposición aprovecharon el descontento que causó la respuesta de López Obrador para montarse en el movimiento feminista: se mostraron igualmente indignados por las palabras del presidente, expresaron que a este gobierno no le importan los feminicidios ni la violencia de género, le exigieron cuentas al Ejecutivo y apoyaron el paro del 9 de marzo.

Por ejemplo, los presidentes del PAN y del PRI, Marko Cortés y Alejandro Moreno, respectivamente, externaron su solidaridad con el movimiento feminista y anunciaron que respaldarán a todas las militantes y trabajadoras de sus partidos que deseen sumarse al paro.

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Por su parte, México Libre, la organización en vías de convertirse en partido que encabezan Felipe Calderón y Margarita Zavala, expresó su apoyo al paro nacional y denunció la incapacidad del gobierno para combatir los feminicidios. 

Diversos colectivos feministas y una buena cantidad de mujeres respondieron con indignación e incredulidad al ver que tantos actores políticos se sumaban a sus denuncias. 

Esta reacción me parece completamente comprensible. Indudablemente, es extraño e inverosímil que los mismos políticos que han mostrado poco interés —o hasta un total desinterés— en los temas de género, que han emitido comentarios misóginos y que han frenado la agenda de la despenalización del aborto y de la extensión de los derechos reproductivos, repentinamente, se conviertan en feministas comprometidos y preocupados por la violencia machista. 

Es obvio que la genuina preocupación por la violencia de género no está detrás de este posicionamiento y que las verdaderas razones de esta postura son: el momento de polarización político-social por el que pasa el país, la necesidad de los partidos de presentarse como opciones viables de cara a la elección de 2021, la etapa de reconstrucción que atraviesa la oposición y el natural intento de obtener réditos electorales de cualquier situación que caracteriza a las organizaciones políticas en los sistemas democráticos. 

Sin embargo, sea por las razones correctas o no, que los partidos políticos se adhieran a la causa le viene bien al desarrollo de la agenda de combate a la violencia de género. Históricamente así ha sido. 

Por ejemplo, en 2011, cuando la situación político-social era cada vez más efervescente y distintos movimientos denunciaban cada vez con mayor fuerza la política de seguridad de Felipe Calderón, los partidos políticos incorporaron el combate a la violencia y el respeto a los derechos humanos a su agenda e impulsaron estos temas en el Congreso. Así surgió la reforma constitucional en materia de derechos humanos, la cual representó un avance legal e institucional notable para la protección de los derechos fundamentales en nuestro país. 

Lo mismo ocurrió con la Ley General de Víctimas de 2013. Esta legislación fue una respuesta a las demandas cada vez más estridentes de los colectivos de los familiares de las víctimas de la guerra contra el narcotráfico y de otras organizaciones de la sociedad civil, pero también se gestó en medio de una coyuntura poselectoral en la que el nuevo gobierno (del PRI) se quería desmarcar de la indiferencia hacia las víctimas que caracterizó a su antecesor (el PAN).

Así pues, en el contexto actual de polarización política, en el que los partidos de oposición intentan mostrarse como opciones viables para ofrecer un proyecto alternativo de gobierno, es probable que se avance en el combate a la violencia de género, al menos en la arena legal e institucional. 

Que los partidos políticos incorporen este tema a su agenda implica mayores posibilidades para que se legisle y se pongan en marcha políticas públicas para frenar la ola de feminicidios.

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Ojalá esto ocurra y ojalá que los temas impulsados por el movimiento feminista, como el combate a la violencia de género, las políticas educativas para formar a los niños y a las niñas bajo el paradigma de la equidad, la ampliación de los derechos sexuales y reproductivos o la igualdad salarial para hombres y mujeres que ocupen puestos de trabajo similares, sigan siendo electoralmente rentables para los partidos y, en consecuencia, tengan mayores probabilidades de incorporarse a la legislación y a las políticas públicas.

Por Jacques Coste Cacho

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