El México de papel y el México de carne y hueso

El miércoles 8 de enero, Denise Maerker entrevistó a Juan Ferrer, director del Instituto de Salud para el Bienestar (Insabi), en su programa “Atando cabos” de Grupo Fórmula para mostrar al México de papel. 

La conductora lo cuestionó sobre el desastroso funcionamiento del Instituto que preside, sobre las cuotas que varios hospitales públicos están cobrando a los pacientes para atenderlos y sobre las afectaciones que los antiguos beneficiarios del desaparecido Seguro Popular están sufriendo por los cambios que el gobierno de López Obrador está impulsando en el sector salud.

Las respuestas de Ferrer fueron pobrísimas. El funcionario tiene un uso del lenguaje paupérrimo. Carece de las herramientas lingüísticas y argumentativas para construir respuestas coherentes que den claridad a los derechohabientes, además de que el tono con el que se expresa refleja una falta de empatía alarmante.

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Pero eso no es lo más grave. Lo realmente problemático es la excusa que emplea para justificar las fallas en la atención a los pacientes y el cobro de cuotas en los servicios públicos de salud. Ferrer dice que la Ley General de Salud y la Constitución establecen el derecho a la atención médico-sanitaria gratuita para los mexicanos, por lo que los hospitales y las autoridades que cobran cuotas están incumpliendo este mandato legal, lo que no es culpa del gobierno federal. 

En México, siempre ha sido común que la ley diga una cosa y, en la práctica, ocurra algo totalmente distinto. De hecho, si las leyes mexicanas se cumplieran a cabalidad, seríamos un país de primer mundo: los derechos humanos se respetarían a rajatabla, estaríamos a la vanguardia en temas ambientales, tendríamos un sistema democrático robusto con un andamiaje institucional sólido y habría un Estado de Derecho inquebrantable. 

Así las cosas, hay dos Méxicos: uno de papel y otro de carne y hueso. El México de papel es el que sólo existe en las leyes. El de carne y hueso es en donde (sobre)vivimos los 130 millones de mexicanos que habitamos en el territorio nacional.

En nuestro país, que la ley no se cumpla a cabalidad ya no sorprende a nadie. No es un rasgo nuevo ni mucho menos una característica de este gobierno el que lo legal y lo real estén, en buena medida, disociados. 

Sin embargo, hay un rasgo que sí es novedoso —y yo diría que incluso esencial— de AMLO y su equipo: la convicción de que el México de papel y el México de carne y hueso son una misma cosa, lo que conduce a que trabajen en las tareas de gobierno como si esto fuera cierto.

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Los juristas suelen repetir una frase: “la realidad no se modifica por decreto”. Para el presidente y su equipo, todo lo contrario. Una ley se aprueba, se promulga, entra en vigor y, así de simple, por arte de magia, transforma la realidad.

De esta manera, el neoliberalismo se terminó por decreto presidencial, el gasto público se ejerce con moderación y sapiencia gracias a la Ley de Austeridad Republicana, la violencia amainó en el momento en el que se promulgó la Ley de la Guardia Nacional, la economía crecerá a una tasa de 2% en 2020 porque así lo dicta el Paquete Económico y un largo etcétera. 

En este caso, el Insabi ya sustituyó al Seguro Popular y ya lo superó en capacidades y en méritos, tan sólo porque se creó bajo el manto legitimador de la Cuarta Transformación. 

¿Que no está funcionando? ¡Qué importa! Esa no es nuestra culpa. La ley establece que los servicios de salud deben ser universales y gratuitos. Con eso basta y sobra. Si esto no es así en la realidad, es culpa de las autoridades corruptas, que, seguramente, son remanentes del “período neoliberal” o miembros de “la mafia del poder”, pero el gobierno federal ya hizo su trabajo, ya legisló, ya cumplió. 

La situación empeora si se toma en cuenta que la palabra y la voluntad del presidente tienen casi el mismo peso que las leyes. Así, si AMLO decreta que la corrupción se terminó, en efecto, ésta se acabó. Si López Obrador dice que los funcionarios de su gobierno no son como los de antes o que no habrá un García Luna en su equipo, pues hay que creerle, porque su palabra vale más que la de cualquiera. 

No tiene sentido cuestionarlo. Su palabra es arrolladoramente poderosa; tiene la virtud de transformar la realidad y, las leyes que promueve su partido, también.

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Al menos, así funcionan las cosas en la cabeza del presidente, de sus partidarios y de su círculo cercano. Y, si no me creen, pregúntenle al director del Insabi.

Por Jacques Coste Cacho