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En Mazatlán sólo 22 de las 89 empresas constructoras tienen proyectos

Es de vital importancia que las empresas constructoras elaboren su estudio de ajuste de costos en las obras que estén ejecutando.

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En Mazatlán sólo 22 de las 89 empresas constructoras tienen proyectos

Lo que no se ve detrás de una obra en construcción en Sinaloa es que en el último año los costos de los principales insumos se dispararon más allá del 50 por ciento; durante enero los materiales básicos han tenido un incremento de precios, principalmente el cemento y el acero.

El saco de cemento blanco aumentó 93 pesos de un año a otro; el cemento gris hoy día vale 300 pesos, cuando en el mismo periodo del año anterior se vendía entre 235 y 290 pesos, dependiendo la marca.

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El 2023 cerró al alza y el 2024 abrió con un duro golpe en el cemento, pues aumentó por arriba de un 20 por ciento, mientras que el concreto se elevó un promedio de 13 a 15 por ciento. 

En todas las construcciones es su principal insumo, es algo que impacta mucho y más cuando ya traes tratos, cuando ya tienes un desarrollo, entonces tienes que replantearte todo de nuevo y volver a checar los números”, afirmó Quel Galván Pelayo, presidente del comité consultivo de la CMIC delegación sur.

En el caso de la varilla corrugada de 1 pulgada, su precio es de mil 093, la de 3/4 está en 620 pesos, la de 3/8 en 240 pesos y la de 5/8 en 433 pesos.

Ante este panorama, de 89 empresas agremiadas a la CMIC delegación Sinaloa Sur, solo 22 estuvieron ocupadas en 2023 con obra pública, en trabajos como la reconstrucción del puente El Quelite y la avenida El Delfín, al norte de Mazatlán.

La obra pública que se tiene en Sinaloa es poca, aunque este año ya se ejecuta con recursos estatales la pavimentación de la avenida Insurgentes y está por salir la licitación para la construcción del paso vehicular en el cruce de las avenidas Luis Donaldo Colosio y Juan Pablo II, con recursos federales.

Galván Pelayo reconoció que la mayoría de las empresas que conforman la CMIC desde su origen se dedican a hacer obra pública y quienes se han quedado ahí les está yendo mal.

“Está el ejemplo de los asfalteros, que tenían una industria de 20 a 30 años trabajando para el gobierno federal, ahorita se están viendo mermados, ya que por lo menos en el sur del estado no se coloca asfalto, más que en las carreteras federales, por norma en Mazatlán tiene que ser concreto, adoquín o piedra”, enfatizó.

La obra privada es la que ha venido a rescatar un poco al sector, lo que ha ayudado a que sigan comprando a los proveedores, la mayoría locales, ya que el 80 de lo que hoy día se construye en Mazatlán son proyectos turísticos, entre ellos seis hoteles, 6 mil 500 departamentos en diversas torres departamentales, plazas comerciales y parques industriales, entre otros.

El constructor mazatleco explicó que en este caso la figura del arbitraje es lo que se debería de legislar para poder regular los tratos entre los proyectos privados.

“Ahí en ese tema hace falta un poco de legislación, ya que los contratos privados tienen poca injerencia en las reglas, así como las conocemos en la pública, donde hay una ley, un camino a seguir y en este caso son acuerdos entre privados y casi siempre lleva mano él paga y es el que pone las reglas”, señaló.

Incrementos en insumos

Los constructores buscan ser más eficientes, porque cuando se dan los incrementos en los insumos y ya está contratada la obra, se reducen los márgenes de ganancia.

“Es de vital importancia que las empresas constructoras elaboren su estudio de ajuste de costos en las obras que estén ejecutando, para que se reconozca la variación en el costo de los insumos, con el fin de garantizar las mejores condiciones en la ejecución de los trabajos, de no ser así, perderán parte de su utilidad al tener un gasto mayor para compensar el incremento en el costo de la obra”, puntualizó.

El sector de la construcción es tradicionalmente uno de los principales motores de todas las economías, debido a la estrecha relación que esta actividad tiene con cada uno de los sectores productivos, la derrama económica que propicia y el alto número de empleos que genera.

Sin embargo, la crisis que se viene acumulando desde hace alrededor de cinco años en cuanto a disminuciones presupuestales ha afectado a las empresas constructoras, lo que puede provocar un freno en el crecimiento del país.

La Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción delegación sur, ha mostrado signos de recuperación tras la pandemia. Y es que de 91 socios que tenía antes de 2019 quedó en 60, pues la mayoría de las empresas cerraron por problemas económicos, pero en la actualidad el padrón ya va en 89 empresas constructoras.

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Falta mano de obra

Efraín Arreola Domínguez, presidente de la Asociación Mexicana de la Industria de la Construcción en Sinaloa, destacó que todavía persiste la falta de mano de obra.

“Existe un fenómeno extraño, mucha gente se queja de la falta de empleo y en el caso de los constructores de la falta de mano de obra, pues los oficios son los que están teniendo problemas con la falta de personal”, detalló.

A eso se le suma ahora la ausencia de maquinaria y es que muchas empresas tuvieron que venderla para salir adelante, por lo que ahora está escasa, lo que encarece los costos de operación, porque se tienen que rentar, incluso se trae de otras ciudades, como de Guadalajara y Ciudad Obregón, que es donde están las grandes empresas de renta de maquinaria.

“La maquinaria está muy escasa, hay mucho trabajo y se inhibió mucho el crecimiento de las empresas locales y con este boom que se tiene en el sector inmobiliario no hay suficiente maquinaria ni personal“, apuntó.

La mano de obra representa un 30 por ciento del costo de las obras, por lo que también estos incrementos se verán reflejados en el costo final de las edificaciones.

Presupuesto de Egresos

Galván Pelayo manifestó que la inversión en obras de infraestructura nacional debería ser como mínimo el 5 por ciento del Producto Interno Bruto, sin embargo, en el Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2024 solo se alcanza un 3.2 por ciento, por lo que no solo se necesita invertir más, sino que se necesita invertir mejor.

El Observatorio de la CMIC hace un análisis de los montos de inversión exclusivamente para los rubros de obra pública en las diferentes dependencias y entidades a las que se da seguimiento.

Tabasco y Yucatán tienen un monto de 131 millones 133 mil pesos y 96 millones 270 mil pesos, respectivamente. Para 2023, entre ambos tienen el 50.5 por ciento del total del presupuesto.

Se percibe la mayor concentración en solo dos entidades, esto por los megaproyectos que siguen captando recursos y confirmando la mala distribución del PEF.

Campeche ocupa el tercer lugar de las entidades con mayor presupuesto, teniendo el 13 por ciento del total. Para apenas alcanzar el presupuesto de ese estado, se tienen que sumar 23 entidades. En el caso de Sinaloa, apenas alcanza los 12 millones 355 mil pesos.

Otro factor preocupante es la falta de inversión en las carreteras, porque están cada vez más deterioradas y hay muy poca inversión etiquetada, ya que solo ocho estados tienen presupuesto para sus carreteras. Sinaloa tiene un pequeño monto que al final de cuentas no es suficiente para el mantenimiento. Y ya ni pensar en las de nueva creación.

Marimar Toledo / El Sol de Mazatlán

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