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Política

Movimiento Ciudadano promueve que información sobre impacto ambiental no pueda clasificarse como reservada

México se ha convertido en el país más peligroso para defender el medio ambiente y el territorio

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El diputado de Movimiento Ciudadano, Braulio López Ochoa Mijares, propuso reformar el artículo 6 de la Constitución mexicana para la información relacionada con el procedimiento de evaluación del impacto ambiental y sus resultados no pueda clasificarse como reservada.

Planteó que tampoco apliquen esas reservas para la información de impacto o afectaciones al medio ambiente generada por la implementación y desarrollo de políticas públicas.

La propuesta, turnada a la Comisión de Puntos Constitucionales para dictamen, busca dar un paso adelante en la defensa de los principios de acceso a la información, transparencia y del medio ambiente, al crear una disposición que atiende retos y riesgos socioambientales que determina el contexto internacional y nacional.

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Se plantea contar con información sobre las decisiones que afectan “nuestras vidas y entornos, así como acceder a la justicia cuando estos derechos hayan sido vulnerados”, a fin de preservar y fortalecer el régimen democrático, proteger al medio ambiente y salvaguardar los derechos humanos de las generaciones presentes y futuras.

Ochoa Mijares refirió que en los últimos años, México se ha convertido en el país más peligroso para defender el medio ambiente y el territorio, así como un entorno de incertidumbre sobre las actividades económicas de distintos sectores y su relación con el uso de los bienes naturales y las afectaciones en la conservación de la naturaleza, sus especies y ecosistemas.

Destacó que la situación actual en México sobre los conflictos socioambientales, sus afectaciones sobre los derechos humanos y la falta de acceso a la información ambiental es grave, misma condición que afecta a todas las personas debido al deterioro ambiental.

Indicó que la Ley General de Equilibrio Ecológico establece instrumentos para la dictaminación de los impactos ambientales, por lo que las manifestaciones son fundamentales para dar un entendimiento de las posibles afectaciones socioambientales.

Ello, apuntó, al no contar con esos datos se vulneran los principios de transparencia y acceso a la información, pero también los procedimientos de acceso a la justicia.

El legislador emecista resaltó que el acceso significativo a la información ambiental requiere que los gobiernos recopilen, analicen y divulguen la información de manera proactiva con carácter de ser accesible y de utilidad.

Por ello, puntualizó, le compete al Estado dar explicaciones sobre la reserva de la información y poner a prueba el interés individual y colectivo de los titulares de derechos y afectados por la no garantía, protección, promoción y respeto por los derechos humanos a un medio ambiente sano, al agua y al acceso a la información.

De acuerdo con la organización internacional Global Witness, hubo un aumento de los ataques letales en México en 2021 y estima que el asesinato de 54 personas defensoras del medio ambiente, la mitad de ellas eran indígenas.

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A su vez, el Centro Mexicano de Derecho Ambiental (Cemda) identificó que en 2020 se produjeron 108 agresiones a defensores del medio ambiente y territorio, de las cuales 17.6 por ciento fueron derivadas de la minería y 16.7 por ciento de asuntos hídricos relacionados.

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