El mundo cuestiona la política energética de México porque atenta contra el país y su población

En la próxima reunión de las Naciones Unidas sobre Cambio Climático, a celebrarse en Glasgow durante las primeras dos semanas de noviembre, se analizará el financiamiento climático, lo cual estaría a disposición de países como México, cuya política energética es cuestionada por su poca cobertura.

En esas negociaciones para la implementación del Acuerdo de París se reconoce que será necesario movilizar no menos de 100 mil millones de dólares por año para apoyar esfuerzos de mitigación y adaptación de los países en desarrollo y de los países con economías emergentes como: México, Brasil, Indonesia, Sudáfrica e India, entre otros.

Los apoyos financieros serán de varios tipos, pues si bien habrá algunos recursos a fondo perdido (donaciones y apoyos por la llamada cooperación técnica), veremos un incremento en los créditos concesionales (con bajas tasas de interés) para que los países realicen inversiones en algunas de las muchas medidas que resultan con una alta costo-efectividad e incluso pudieran tener costos netos negativos dentro de la vida útil de la inversión.

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Una metodología muy usada para identificar las medidas de mitigación climática con el menor costo por tonelada de bióxido de carbono reducida (mejor costo-efectividad) es la elaboración de curvas de abatimiento marginal de emisiones.

En esta intuitiva metodología se parte del inventario de emisiones detallado de un país para identificar todas las fuentes de emisión: las plantas de generación de electricidad; la deforestación de bosques y selvas; el consumo de combustibles fósiles para el transporte, entre otras.

Hay muchas medidas de control de emisiones posibles, cuantificando el potencial o volumen de emisiones que se pueden reducir, así como la estimación de los costos de esas medidas de control. Algunas de ellas tienen costos negativos, lo que significa que se va a ahorrar dinero al implementar esa medida.

El mejor ejemplo de este tipo de inversiones es el invertir en plantas de energía solar y eólica en vez de invertir en plantas de carbón, de combustóleo o incluso de gas natural. Las energías renovables simplemente son más baratas y evitan la emisión de contaminantes que afectan a la salud y los que calientan el planeta.

Una vez hechos estos cálculos, las medidas simplemente se agrupan en una gráfica de barras, ordenadas de izquierda a derecha por su costo por tonelada, como se ve en el ejemplo de la gráfica (IKI GIZ-México, 2018).

El largo de las primeras barras que apuntan hacia abajo indica el costo negativo o ahorro de esas medidas. En la medida que avanzamos hacia la derecha de la gráfica aparecen barras que apuntan hacia arriba pues sus costos netos son positivos. El ancho de la barra nos dice el potencial de mitigación de cada medida.

Con este contexto, es de esperar que los países contribuyan al combate al cambio climático implementando por lo menos las medidas de la parte izquierda de la gráfica, las que le convienen al propio país por tener una racionalidad económica, social, ambiental y climática. Estas medidas costo-efectivas debieran ser la columna vertebral de las Contribuciones Nacionalmente Determinadas (NDC por sus siglas en inglés) que plantearon los diferentes países ante el Acuerdo de París.

Es importante notar que en la elaboración de este tipo de curvas no se incluyen los costos evitados al eliminar algunas externalidades negativas, esto es la reducción de enfermedades, disminución del ausentismo laboral ni por la mortalidad prematura de individuos expuestos a la contaminación atmosférica causada por vehículos, refinerías de petróleo y plantas de generación de electricidad.

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La comunidad internacional estará muy interesada en ofrecer préstamos atractivos para que el país pueda beneficiarse económicamente al hacer esas inversiones. Sin embargo, estas medidas deberían priorizarse para recibir recursos en el Presupuesto de Egresos de la Federación año con año. Sin embargo, en los últimos años los mayores recursos presupuestales se han canalizado para la construcción de infraestructura que en vez de contribuir a reducir nuestras emisiones de gases de efecto invernadero las van a aumentar.

La Comisión Federal de Electricidad (CFE) ha señalado que las únicas 6 plantas de generación de electricidad que piensa construir durante la presente administración son plantas a gas. Esta decisión apuesta a cubrir el incremento futuro de la demanda de electricidad consumiendo más combustibles fósiles en vez de promover un mayor uso de las energías renovables.

Contrario al discurso gubernamental, esta decisión de CFE aumentará aún más la dependencia del gas importado de los Estados Unidos, lo que nos alejará aún más de la pretendida soberanía energética.

Mucha atención deberán prestar nuestros legisladores para que en la propuesta de presupuesto 2022 no se sigan financiando proyectos de infraestructura sobre tecnologías que quedarán obsoletas (refinerías y plantas de generación de electricidad con combustibles fósiles) antes de lograr cumplir con una vida útil de varias décadas, como la tenían en los tiempos en los que el mundo no tenía el compromiso de la descarbonización.

Esas inversiones quedarán como activos varados o enterrados (stranded assets), llevando consigo enormes pérdidas económicas para el país. También debe poner atención la Secretaría de Hacienda y los propios legisladores para que la CFE deje de clasificar como “inversiones en cambio climático” las inversiones en infraestructura para expandir el uso de combustibles fósiles, tal como ha ocurrido en el pasado con la expansión de gasoductos en el país. Incrementar el uso del gas natural no disminuye las emisiones que calientan el planeta, sino que las aumenta.

Cuando México entregó al Acuerdo de París en 2015 su compromiso de reducir 22 por ciento sus emisiones de gases de efecto invernadero antes del 2030 con respecto a una trayectoria inercial que no consideraba ningún esfuerzo por combatir el cambio climático (trayectoria o escenario business as usual), se esperaba que México, al igual que el resto del mundo impulsaría una mayor penetración de las energías renovables.

Sin embargo, a partir de 2019 se frenaron las inversiones en energías renovables y se están realizando inversiones en tecnologías fósiles que repercutirán en un incremento y no una reducción de nuestras emisiones de carbono. El mundo ya se empieza a preguntar por qué México tiene una política energética que atenta contra lo que conviene al país y a su población.

Con los mecanismos de transparencia climática y de rendición de cuentas que ya existen a nivel mundial será cada vez más difícil para los representantes gubernamentales explicar el porqué de esas políticas cuando participen en foros internacionales de alto nivel donde se discute el imperativo de atender la emergencia climática que vivimos.

Adrián Fernández / El Sol de México