En Puebla, 99% de los municipios incurrió en anomalías: Auditoría

PUEBLA, Puebla. El titular de la Auditoría Superior del Estado de Puebla, Francisco Romero Serrano, informó que un 99 por ciento de los municipios poblanos que se revisaron incurrió en alguna anomalía.

Detalló que tienen 34 denuncias por el uso de empresas “fantasma” para simular operaciones de adquisición de bienes o servicios en perjuicio del erario público, y señaló que esa fue una práctica común de presidentes municipales y funcionarios estatales en el pasado reciente.

“Del ciento por ciento del universo de presidentes municipales que hemos revisado, correspondientes al periodo 2014-2018, 99.8 por ciento incurrió en estas prácticas”, precisó.

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Indicó que también se tienen denuncias por este delito en contra de exdirectores del Comité Administrador Poblano para la Construcción de Espacios Educativos (Capcee) y de la Comisión Estatal de Agua y Saneamiento (Ceaspue), así como a exsecretarios de Finanzas y Salud, junto con los subsecretarios de Egresos y directores administrativos.

Romero Serrano realizó un balance del trabajo hecho en la Auditoría a 16 meses de haber sido elegido por una mayoría morenista en el Congreso.

El auditor negó estar a las órdenes del gobernador Miguel Barbosa Huerta y rechazó haber emprendido una persecución o tener intereses personales en contra del rector de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla (BUAP), Alfonso Esparza Ortiz, y de la alcaldesa de Puebla, Claudia Rivera Vivanco, aunque confirmó que existe una denuncia contra ellos en la Fiscalía.

El titular de la Auditoría estatal aseguró que el calendario electoral no intervendrá con los objetivos del organismo a su cargo en el trabajo de fiscalización.

“Todos los documentos que nosotros utilizamos para llevar a cabo las denuncias correspondientes obran en los expedientes de los propios sujetos de revisión. Nosotros no inventamos nada ni inventamos delitos ni llevamos a nadie al patíbulo con el ánimo de crucificarlos sin prueba alguna”, sostuvo.

Destacó que es posible castigar hechos de corrupción del pasado. “Efectivamente, siempre y cuando no hayan prescrito”.

Pero aclaró que algunos exfuncionarios, sobre todo, piensan que por el hecho de que ya fue aprobada la cuenta pública, los posibles actos de corrupción ya quedaron en el olvido y ya no se puede hacer una auditoría.

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Por el contrario, apuntó, si existe denuncia de por medio, si existe algún indicio, si existe alguna demanda ciudadana, o la gestión de la propia autoridad, “(y si) encontramos que puede haber existido en forma predeterminada, premeditada, con alevosía y demás, con la intención de engañar a la Auditoría Superior, algún hecho delictivo, es nuestra obligación investigarlo y denunciarlo”.

Reconoció que hay un pendiente en materia de regulación hacia los despachos externos que contratan los ayuntamientos, pues restan independencia a sus auditorías y van contra los lineamientos de la Auditoría Superior del Estado.

Jorge Rodríguez / El Sol de Puebla