Penales de Baja California violan derechos de mujeres presas: CNDH

TIJUANA, Baja California. La Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) emitió una recomendación al gobernador de Baja California, Jaime Bonilla Valdez, debido a que se han violado los derechos a la salud, trabajo y educación de mujeres recluidas en tres Centros de Reinserción Social de Baja California (Cereso) .

La recomendación 4/2020 de la CNDH busca que las internas tengan una estancia digna, toda vez que los visitadores de la Comisión confirmaron que las áreas en las que se encuentran confinadas juntos con sus hijas e hijos, se encuentran en condiciones precarias.

Los visitadores de la CNDH realizaron visitas a los centros penitenciarios de Ensenada, Mexicali y Tijuana, donde entrevistaron a mujeres privadas de la libertad y al personal penitenciario.

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 “Se determinó que en el estado de Baja California hay tres centros penitenciarios mixtos que albergan tanto a hombres como a mujeres, contraviniendo los artículos 18, párrafo segundo constitucional, 5 fracción I y 10 de la Ley Nacional de Ejecución Penal (LNEP), en el sentido de que las mujeres deben compurgar su pena en lugares separados a los destinados a los hombres, aunado a que no reúnen las condiciones de habitabilidad e infraestructura adecuadas para ellas”, revela el documento.

La CNDH recomendó a Jaime Bonilla Valdez asignar los recursos presupuestales, materiales y humanos necesarios que permitan la organización y el funcionamiento independiente de estos penales desde su titular, que deberá ser mujer, hasta el personal de las áreas jurídica, técnica, médica, administrativa, así como de seguridad y custodia.

La recomendación también solicita al gobernador mejorar la infraestructura y equipamiento de los centros de reinserción social para que se garanticen condiciones de estancia digna y segura para las mujeres presas y para sus hijos e hijas.

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“Asimismo, deberá emprender acciones para que en un término de seis meses se garantice el derecho a la reinserción social de las mujeres privadas de la libertad en esa entidad, particularmente en el tema del trabajo productivo, privilegiando el trabajo remunerado y su capacitación en actividades que puedan ser de utilidad para cuando obtengan su libertad”, indica la recomendación de la CNDH.

Aunado a ello, el gobierno de Baja California debe cumplir con un programa de capacitación continua con perspectiva de género al personal que se destine a la atención exclusiva de mujeres, en un término máximo de 3 meses.

Por Korina Sanchez S.