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Baja California

Entregaron un contrato leonino para construir la desaladora en Playas de Rosarito: Jaime Bonilla

Francisco Vega de Lamadrid, ex gobernador de Baja California, dio el contrato a Aguas de Rosario para que construyera la desaladora, la cual estaría lista en 2018

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No han instalado ni un solo tubo en la desaladora, dice el gobernador de Baja California.

Jaime Bonilla Valdez, gobernador de Baja California, afirmó que el contrato entregado por la anterior administración para la construcción de una planta desaladora en Playas de Rosarito fue leonino e irresponsable, ya que estaba garantizando ganancias para los socios y pérdidas para los demás.

“No se puede comprometer el ingreso de los bajacalifornianos, que necesitan recolección de basura, seguridad y alumbrado”, declaró el senador de Morena con licencia.

“El gobierno anterior tenía intereses con esta empresa que no ha puesto un tubo ni un solo clavo. No me van a asustar y nos vemos en la Suprema Corte”, señaló el encargado del Poder Ejecutivo.

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El mandatario fue cuestionado sobre “el pago que exige la empresa SAPI de CV, al gobierno Estatal por 56 millones de dólares, para recuperar lo invertido, luego de rescindir el contrato para desarrollar la planta desaladora en Playas de Rosarito”.

Bonilla Valdez puntualizó que la actitud de la empresa es muy “infantil” al exigir el reembolso del dinero y  además la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), determinó varias acciones del anterior gobierno como inconstitucionales entre ellas “la desaladora”.

A principios de agosto de 2020, el gobierno de Baja California canceló un contrato entregado a la empresa Aguas de Rosarito, quen a cambio de 200 millones de dólares construiría una desaladora en Playas de Rosarito.

Aguas de Rosarito fue creada por Nuwater y N.S.C Agua, una compañía  que por varios años tuvo como presidente del consejo de Administración y accionista al empresario Alejandro de la Vega Valladolid.

Francisco Vega de Lamadrid, ex gobernador de Baja California, firmó el contrato con Aguas de Rosario para que construyera la desaladora, la cual estaría lista en el primer trimestre de 2018. Sin embargo, aún no opera.

“Se iba a pagar a la desaladora por una equis cantidad de agua, la cual se usará o no y obligaría a la CESPT un pago mensual de 200 millones de pesos que acabaría con sus recursos”, alertó manifestó Jaime Bonilla.

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El gobernador de Baja California comentó que “ese no era el camino”, ya que fue una Asociación Público Privada mal dirigida.