La verdad no se mata con el asesinato de periodistas

Desde que gobierna Andrés Manuel López Obrador fueron asesinados un total de 43 periodistas y 68 defensores de derechos humanos en todo el país. 

Según un informe de la Secretaría de Gobernación (Segob), desde el 1 de diciembre de 2018 al día de hoy solo siete eran beneficiarios de mecanismos para garantizar la protección de personas defensoras de derechos humanos y periodistas.

 El caso de los defensores no luce mejor, porque de los 68 defensores de derechos humanos; sólo dos contaban con la protección del mecanismo para protegerlo de las amenazas.

El mecanismos para garantizar la protección de personas defensoras de derechos humanos y periodistas tiene el objetivo de buscar garantizar la protección de derechos humanos en toda la extensión del término.

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También busca salvaguardar la integridad física, mental e intelectual de todos aquellos que decidieron ejercer como profesión el periodismo o bien, dedicarse a la noble causa de la defensa de los derechos humanos y la libertad de expresión.

El mecanismo bajo la administración de la Secretaría de Gobernación tiene hoy en día un padrón activo de mil 480 personas, las cuales se encuentran distribuidas a lo largo y ancho de todo el país. 

Todas las entidades se enfrentan a un problema de violencia en contra de los periodistas y defensores de derechos humanos. Colima, Ciudad de México, Guanajuato, Guerrero, Puebla y Veracruz cuentan con instituciones para garantizar la protección a esos profesionales. 

Desde la Secretaría de Gobernación se ha trabajado por aumentar el dinero y los recursos financieros para garantizar la protección de personas defensoras de derechos humanos y periodistas.

Según el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, el sexenio de Andrés Manuel López Obrador es donde más periodistas han sido asesinados a lo largo de la historia. 

Hubo cuatro homicidios ocurridos en durante el último año del sexenio de Ernesto Zedillo.

En las administraciones panistas de Vicente Fox Quesada y Felipe Calderón Hinojosa asesinaron a 81 comunicadores. En la administración de Calderón, en 2009, se dio la primera cifra más alta de violencia: 12 periodistas muertos.

Con 12 casos en 2015, ya en el gobierno priista de Enrique Peña Nieto; y el rebase de la misma, en 2016, cuando los asesinatos de periodistas rebasaron hasta 13 en ese año.

El informe denominado Clasificación Mundial de la Libertad de Prensa 2021 revela que México ocupa el lugar 143 de 180 países y territorios evaluados para ejercer el periodismo.

Diferentes informes oficiales señalan que los periodistas se enfrentan a lo que se denomina como un “nivel de riesgo alto”. 

Todo eso le debe preocupar a la sociedad, porque están desprotegidos los que tienen la noble labor de informarnos y proteger los derechos humanos.   Este desinterés generalizado nos permite ver que enfrentamos una crisis de derechos humanos en México.

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Resulta necesario regresarle un poco de lo mucho que dan los periodistas y defensores; mediante el cumplimiento de diversos puntos, tales como podrían ser el apegarnos a los instrumentos emitidos por la Oficina de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas en México, dentro del Diagnóstico para el Fortalecimiento del Mecanismo; lo cual indiscutiblemente permitiría que se generarán mejoras en la materia. 

Otro aspecto de suma relevancia es revisar de manera profunda las normatividades aplicables a la protección de periodistas, así como generar una homologación legal que permita una coordinación entre los tres niveles de gobierno. 

Es necesario que se genere un padrón nacional por municipios, que permita identificar de manera puntual cuáles son los lugares en los que los periodistas y defensores de derechos corren más riesgos. Todo esto con el objetivo de generar políticas públicas y mecanismos que garanticen que no existirá un solo periodista más muerto en nuestro país. Recordemos que “no se mata la verdad matando personas”.