Liberan a las mujeres procesadas o sentenciadas por abortar en México

Derivado de la acción de inconstitucionalidad emitida por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), la Secretaría de Gobernación (Segob) inició los trámites para la liberación de mujeres y personas gestantes que enfrentan procesos jurídicos por interrumpir sus embarazos o que fueron parte del proceso.

Mediante un comunicado, informó que esta tarea la realiza a través de la Unidad de Apoyo al Sistema de Justicia y de los sistemas penitenciarios y las defensorías públicas de las 32 entidades federativas.

Asimismo, en coordinación con las comisiones nacionales para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres (Conavim) y de Tribunales Superiores de Justicia de los Estados Unidos Mexicanos (Conatrib).

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“Se han identificado casos de personas procesadas o sentenciadas por interrupción del embarazo, o bien, por haber sido participes en el proceso, por lo que, desde el ámbito de su competencia dentro del Sistema de Justicia Penal, trabajan en conjunto para su liberación”, dio a conocer.

Esto, refirió la Segob, derivado de la resolución del 7 de septiembre de 2021, emitida por la SCJN en la acción de inconstitucionalidad 148/2017, promovida por la entonces Procuraduría General de la República (PGR).

En dicha sesión, la Suprema Corte resolvió por unanimidad de 10 votos que es inconstitucional criminalizar el aborto de manera absoluta, y se pronunció por primera vez a favor de garantizar el derecho de las mujeres y personas gestantes a decidir, sin enfrentar consecuencias penales.

En un paso histórico, la SCJN dio su postura en el tema de la despenalización del aborto en el país y con mayoría de votos los ministros declaró la inconstitucional de los artículos del Código Penal de Coahuila que criminalizan la interrupción voluntaria del embarazo en mujeres en edad de gestar.

Con esta determinación, el máximo tribunal del país anuló la cárcel de uno a tres años con la que se castiga la interrupción voluntaria del embarazo en Coahuila y se manifestó a favor de la despenalización del aborto en dos acciones de inconstitucionalidad presentadas por la PGR en relación con las leyes de los estados de Coahuila y Sinaloa.