Congreso rechaza el mandato de cinco años para Jaime Bonilla

La Comisión Permanente del Congreso de la Unión exigió dar marcha atrás al decreto que abrió paso para que Jaime Bonilla, gobernador electo de Baja California, permanezca por cinco años en el poder.

Senadores y diputados federales hicieron un llamado al Congreso y a los ayuntamientos de Baja California para dejar sin efecto del decreto 112 de reformas a la Constitución Política local, aprobado el 8 de julio de 2019.

Los legisladores solicitaron que se realicen las acciones correspondientes, de acuerdo con las Cartas Magnas del país y de Baja California, para garantizar el orden constitucional y el respeto al Pacto Federal.

Antonio García Conejo, senador del PRD, advirtió que la reforma aprobada por la XXII Legislatura de Baja California atenta contra el Estado Derecho, la legitimidad e integridad del proceso electoral y de las instituciones democráticas.

Carlos Alberto Puente Salas, diputado del PVEM, adelantó que su partido político impulsará una acción de inconstitucionalidad en caso que se publique el decreto que favorece al gobernador electo emergido de la filas de Morena.

Según el legislador del PVEM, promoverá un juicio político a los legisladores locales y a los magistrados el Tribunal Electoral del estado, así como la posibilidad de desaparecer los órganos jurisdiccionales electorales locales.

María Rosete Sánchez, diputada del Partido Encuentro Social, dijo que la aprobación de ese decreto es “una aberración jurídica con la anuencia del Gobernador”, así como es un fraude electoral a los ciudadanos que votaron por un encargo de dos años.

Nancy de la Sierra Arámburu, senadora del Grupo Parlamentario del PT, dijo que esa sucia maniobra aumenta la desconfianza ciudadana hacia los legisladores, pues podrían suponer que se puedan cambiar las reglas del juego en cualquier momento y a su conveniencia, ignorando la voluntad del electorado.

La senadora de Movimiento Ciudadano, Patricia Mercado, afirmó que no hay forma de defender la ampliación del mandato del gobernador de Baja California.

“Significa una violación a diversos principios constitucionales. En un país con una larga historia de fraudes electorales, privilegios y acumulación del poder, significa apostar por una regresión autoritaria”, comentó Mercado.

La diputada Dulce María Sauri Riancho destacó que el Grupo Parlamentario del PRI confía que este Punto de Acuerdo contribuya a que regrese la razón y la prudencia política a Baja California.

“No hay amistad que valga cuando se trata del orden constitucional y de respeto al Estado de derecho. Si la boleta dice dos años estos serán, si dice seis también”, expresó Sauri Riancho.

Por parte del Grupo Parlamentario del PAN, la diputada Lizbeth Mata Lozano subrayó que el acto realizado por el Congreso de Baja California es la antítesis de la democracia.

“Es a todas luces ilegal, inconstitucional y antidemocrático. Este precedente, dijo, no debemos permitir que suceda porque es un peligro, no sólo para esa entidad sino para el país”, declaró la diputada panista.

El diputado Raúl Bonifaz Moedano, de Morena, dijo que ampliar el mandato del gobernador de esa entidad va en contra del Pacto Federal.

“Por ello, la fracción parlamentaria a la que pertenece hizo un exhorto de prudencia y sensatez. De presentarse una controversia constitucional Morena lo respalda”, agregó.

Por Enrique Jiménez