Baja California usará 230 mdp cobrados a aguachicoleros para limpiar el Río Tijuana

El gobierno de Baja California usará 230 millones de pesos cobrados dinero a las empresas aguachicoleras, quienes adeudaban grandes cantidades al erario por el servicio de agua o estaban como irregulares, para desazolvar el cauce cauces de río Tijuana y el Arroyo Alamar, así como para comprar bombas para limpiar los acueductos.

El gobernador de Baja California, Jaime Bonilla Valdez también instruyó al secretario para el Manejo, Saneamiento y Protección al Agua (SEPROA), Salomón Faz Apodaca, destinar recursos para resolver las deficiencias del bombeo y suministro de agua en Tecate, Tijuana, Playas de Rosarito y Ensenada.

Uno de los primeros proyectos que se ejecutarán es el saneamiento de los escurrimientos pluviales, que arrastran los cauces del Río Tijuana y el Arroyo Alamar, cuales llegan hasta el mar de Imperial Beach, California.

La Comisión Estatal de Servicios Públicos de Tijuana (CESPT) en colaboración con la Conagua (Comisión Nacional del Agua) iniciarán los trabajos de limpieza y remoción de sedimentos de la canalización del Río Tijuana y del Arroyo Alamar, que se encuentran azolvados y sin mantenimiento desde 2013.

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Con el dinero que se obtuvo de la regularización y adeudos del servicio de agua, se adquirirán cinco equipos de bombeo, con capacidad cada uno de mil 500 litros por segundo, con un valor aproximado de 100 millones de pesos.

El Acueducto Río Colorado-Tijuana data de 1980 y conserva aún equipos de bombeo con una antigüedad de hasta 40 años, en precarias condiciones materiales, mecánicas y eléctricas, que no garantizan de forma adecuada el abasto de agua.

Una tercera acción es la rehabilitación de 12 pozos que la CESPT mantiene en concesión en la ciudad de Tijuana, y que pueden aportar más de 270 litros por segundo (8.5 millones de m3 al año) y que representan un gran apoyo para la población tijuanense, en su demanda de agua.

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Los organismos operadores de servicios de agua y drenaje en Baja California, en los que llevan a cabo auditorías para llamar a cuentas a particulares y empresas que han evadido el pago (los denominados aguachicoleros), estimado de más de mil 500 millones de pesos, de los cuales en el último mes, han podido recuperar más de 600 millones.