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El Extranjero

Estados Unidos aumenta el cerco a la Mara Salvatrucha

El gobierno de Estados Unidos acusó a la Mara Salvatrucha de conspiración por apoyar a terroristas, de narcoterrorismo y terrorismo

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Nayib Bukele, presidente de El Salvador, también ha atacado a la mara MS13. Foto: Joaquín San Luis/Cuartoscuro.

La decisión del gobierno estadounidense de acusar de terrorismo a los 14 altos líderes de la Mara Salvatrucha (MS13) en El Salvador es una señal del cerco a esa pandilla, que también sufre los embates del gobierno de del presidente Nayib Bukele.

La fiscalía estadounidense los acusa de: 1) conspiración para prestar apoyo material y recursos a terroristas; 2) conspiración para cometer actos terroristas; 3) conspiración para financiar el terrorismo y  4) narcoterrorismo.

La reciente imputación afirma que las actuaciones de estos líderes pandilleros iniciaron en 2002, cuando crearon el organigrama de la MS13 mientras estaban recluidos en prisiones salvadoreñas. 

Para entonces, la Mara Salvatrucha llevaba mucho tiempo organizada por clicas, que para entonces se extendían principalmente por El Salvador, Guatemala, Honduras, México y Estados Unidos.

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De acuerdo con InSight Crime, el pliego de cargos, que se dio a conocer el pasado 14 de enero, alega que 14 líderes de la MS13, la mayoría de los cuales se encuentran privados de la libertad en El Salvador, guiaron a los miembros de la pandilla para que cometieran homicidios en Estados Unidos.

La Mara Salvatrucha realizó campamentos de adiestramiento en El Salvador y adquirieron rifles de asalto, artefactos explosivos improvisados y granadas para cometer actos de violencia tanto en Estados Unidos como en el país centroamericano.

La imputación también señala que los líderes coordinaron actividades de extorsión y narcotráfico en Estados Unidos. Parte de las ganancias se enviaron a El Salvador, donde la pandilla los usó presuntamente para perseguir sus objetivos.

Esos propósitos incluyen interactuar y apoyar a partidos políticos salvadoreños – de cara a las próximas elecciones legislativas en febrero– y usar los homicidios como instrumento de negociación como parte de una “tregua”, con el fin de poder obtener más beneficios en la prisión y “pagos en efectivo”.

El pliego de cargos volvió al punto de partida en la guerra contra la MS13. En 1988 –en medio de la epidemia de crack y las creciente tasas de homicidios en lugares como Los Ángeles, ciudad que ha sido cuna de la MS13 a comienzos de esa década–.

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La legislatura del estado de California aprobó la ley de Control y Prevención del Terrorismo Callejero (STEP). Aunque incluía terrorismo en su nombre, esa ley equipara a las pandillas con los carteles de la mafia.

Esta es la segunda imputación por terrorismo contra miembros de la MS13. La primera, contra Armando Eliú Melgar Días, alias “Blue”, se hizo pública en julio de 2020. Pero esta última es mucho más ambiciosa, pues apunta a la jerarquía de la pandilla.

“Pandilla criminal callejera, significa cualquier organización, asociación o grupo permanente de tres o más personas, sean formales o informales, que tengan entre sus actividades primordiales la comisión de uno o más actos delictivos”, redactaron los legisladores, haciendo eco de las palabras que más adelante usaría la Organización de las Naciones Unidas en su descripción del crimen organizado transnacional.

Esa ley debía poner un hasta aquí a la actividad de las pandillas, que, según un estudio publicado más adelante en la revista de la Asociación Americana de Medicina (Journal of the American Medical Association, JAMA), fue la causa de casi 500 homicidios ocurridos ese año, sólo en el condado de Los Ángeles. 

La ley criminalizó la pertenencia a una pandilla y dio a los fiscales la posibilidad de solicitar el “endurecimiento” de sentencias para actividades delictivas relacionadas con pandillas o para los delitos ocurridos cerca de establecimientos educativos. 

En un anticipo de las medidas más draconianas que vendrían, sus penas llegaron hasta la cadena perpetua por delitos que en los códigos legales antes vigentes se habrían medido en años.

La Ley STEP y las que le siguieron fueron diseñadas para disuadir a las pandillas, pero pocas se dejaron persuadir. Los índices de delincuencia siguieron en aumento. Para 1992, decía el estudio de la JAMA, hubo poco menos de mil homicidios asociados a pandillas en el condado de Los Ángeles. 

Los arrestos siguieron; en 1992, hubo 167.807 por delitos graves entre hispanos de sexo masculino solo en el condado de Los Ángeles. Las prisiones se llenaron de miembros de la Mara Salvatrucha (MS13) y otras pandillas de latinos, muchos de los cuales llegarían a ser líderes de la MS13 y quienes posteriormente, al ser deportados a Centroamérica y quedar nuevamente privados de la libertad, montaron su negocio en las prisiones de esos países.

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En cierta forma, la ley STEP equivale al pecado original en la guerra contra las pandillas. Esta fue la que creó el marco por el cual los legisladores consideraron las pandillas por los siguientes 30 años: como grupos criminales organizados. 

Y el Departamento de Justicia estadounidense recogió esa definición y usó sus propios instrumentos legales contra mafias para perseguir a la Mara Salvatrucha, por lo pronto el gobierno de Bukele el año pasado fue sumamente criticado por maltratar en prisión a los maras, según Amnistía Internacional.

La organización manifestó que este es un “momento oportuno para que el Gobierno actual dé un giro radical a sus políticas públicas y genere un cambio sustancial en materia de derechos humanos”, hay que ver como reacciona con la solicitud de Estados Unidos.