Ordenan arresto de Mauricio Funes (ex presidente de El Salvador) por sus vínculos con las maras

Un juzgado de El Salvador giró una nueva orden de captura contra del ex presidente Mauricio Funes para que sea procesado por su presunta participación en la tregua entre las pandillas para reducir el índice de homicidios en el país.

En agosto de 2019, se desató la guerra política y mediática entre Nayid Bukele, presidente de El Salvador, y Mauricio Funes, luego de que Nicaragua concedió la ciudadanía al ex mandatario y a sus hijos Carlos y Diego, así como a su esposa, Ada Guzmán.

Mauricio Funes –que gobernó El Salvador de 2009 a 2014, en el primer gobierno del ex guerrillero Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN)– será procesado por los delitos de agrupaciones ilícitas e incumplimiento de deberes con respecto a la tregua con las pandillas.

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Esta es la sexta orden de captura judicial contra del ex mandatario, quien se encuentra en Nicaragua y en septiembre de 2016 recibió asilo político del gobierno del presidente Daniel Ortega. En esa fecha se desarrollaba un juicio civil en su contra por enriquecimiento ilícito y cuando aún no se había emitido la orden de que fuese capturado.

El Fiscal General de El Salvador, Raúl Melara informó que se enviará a la Policía Nacional Civil la nueva orden judicial de captura para que se pueda tramitar una circular roja con la Oficina Central Nacional de Interpol.

El ex mandatario, que sigue muy de cerca todo lo que ocurre en el país, reaccionó casi de inmediato y dijo en tuit que: “Da vergüenza las incriminaciones de Raúl Melara. Para cometer el delito de agrupaciones ilícitas debí haberme asociado con dos o más personas para delinquir. Yo no me reuní con nadie para planificar la tregua entre pandillas. De hecho no soy su autor y tampoco la ordené”.

Mauricio Funes, que ha dicho ya en varias oportunidades que no lo pueden tocar porque las leyes de Nicaragua lo protegen, agregó: “Además, que sentido tiene una orden de captura que no se puede ejecutar”.

“Ya Interpol dijo que la difusión roja no procede en mi caso por gozar de asilo. Y como ciudadano nicaragüense no soy extraditable. No cabe duda que esto no pasa de ser un show mal montado”, manifestó Mauricio Funez.

En el proceso penal por supuestas negociaciones con las pandillas, también está siendo procesado, aunque con arresto domiciliar, el exministro de Defensa y exministro de Justicia y Seguridad Pública, general David Munguía Payés.

La Fiscalía asegura que Munguía Payes fue quien montó y estructuró la tregua y que Funes se enteró de que en ese proceso hubo violación a las leyes, pero no hizo nada para detenerlo y, por el contrario, lo avaló.

En 2012, los líderes de las pandillas Mara Salvatrucha MS13 y Barrio 18 hicieron un pacto para disminuir la cifra de muertes por violencia, porque en esa época se registraban al menos 14 fallecimientos al día. En ese año Mauricio Funes era presidente de El Salvador.

Para facilitar el acuerdo y ayudar a que los cabecillas de las pandillas pudieran comunicarse con sus estructuras en las calles, las autoridades tomaron una decisión polémica: los sacaron del penal de máxima seguridad conocido como Zacatraz y los enviaron a otras cárceles de mediana seguridad, en las que se asegura que gozaron de todas las facilidades para seguir operando.

Cuando Munguía Payés fue citado ante un juzgado para rendir testimonio como testigo en el juicio contra varios imputados acusados de participar en el proceso de la tregua, dijo que se trató de una política pública que nació en el seno del gabinete de seguridad de Funes.

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“El proceso de pacificación era una política pública de gobierno y mi rol era facilitar el trabajo de los mediadores y recibir los informes de parte de los mediadores y de los miembros de la Organización de Estados Americanos (OEA), y mantener informado al señor presidente de la República de los avances del proceso”, dijo el militar.

Con la tregua los homicidios se redujeron hasta cinco por día, pero las cifras volvieron a elevarse cuando ésta se rompió en septiembre de 2013 tras la remoción de Munguía Payés por orden de la Corte Suprema y luego de que las nuevas autoridades les retiraran una serie de beneficios a los pandilleros presos.

El actual gobierno de Bukele es investigado por la fiscalía, luego de que el periódico digital El Faro revelara una supuesta negociación con la pandilla Mara Salvatrucha (MS-13), en la que habría ofrecido beneficios carcelarios para sus miembros presos a cambio de la reducción de homicidios.

En El Salvador, las pandillas tienen unos 70 mil miembros –más de 17 mil de ellos encarcelados– y se dedican a la extorsión y el narcotráfico, entre otras actividades ilegales.

Con 6.6 millones de habitantes, El Salvador fue en 2019 uno de los países sin guerra más violentos del mundo, con 35.6 homicidios por cada 100 mil habitantes. La mayoría de esas muertes fueron consecuencia de la actividad pandillera de las maras.

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