Una vivienda pagada en efectivo por más de 907 mil pesos no puede escriturarse. No es una política interna. Es ley. Y su incumplimiento, además de representar multas millonarias, puede implicar hasta 20 años de cárcel.

Así lo confirmó Carmen Eugenia Hernández Duarte, presidenta del Consejo Directivo 2025-2027 de CANADEVI Guanajuato, en torno a la prevención de lavado de dinero, un tema que -lejos de haber pasado de moda- hoy se encuentra más vigente que nunca.

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Manifestó que la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) intensifica su vigilancia sobre el sector vivienda, con una campaña fuerte de auditorías, y advirtió que hay desarrolladores que han recibido este tipo de inspecciones.

“Sí, son muy fuertes, muy exigentes hasta cierto punto. Por ejemplo, el tema de la presentación de avisos es el día que te toca, no antes ni después. Extemporáneo es igual a sanción”, recalcó.

Los desarrolladores inmobiliarios están clasificados por ley como parte de las “actividades vulnerables” y, por lo tanto, obligados a registrarse y cumplir con estrictos controles de identificación de clientes, notificaciones y protocolos de revisión para evitar el lavado de dinero.

Las sanciones por incumplimiento no son simbólicas ni menores. Hernández Duarte detalló que pueden ir desde 22 mil hasta 222 mil pesos por no presentar avisos obligatorios, y hasta 800 mil pesos en sanción por cada expediente incompleto. Si el caso escala a un supuesto penal, la pena puede alcanzar de 15 a 20 años de cárcel.

“Sí, es algo muy importante. Ahorita o cumplimos o cumplimos. No es opcional. CANADEVI está obligada a capacitar a sus socios, y nosotros como desarrolladores tenemos que asegurarnos de que toda la parte operativa esté bien alineada. No es cosa menor”, sentenció.

Pagos en efectivo: foco rojo inmediato

Una de las herramientas clave para prevenir operaciones sospechosas es la limitación al uso de efectivo en operaciones inmobiliarias. Por ley, no se puede escriturar ninguna propiedad pagada con más de 907 mil pesos en efectivo. Cualquier pago que supere ese umbral debe hacerse a través de transferencia bancaria o mecanismos rastreables.

Este tipo de movimientos se convierten automáticamente en alertas y deben ser reportados por los desarrolladores ante las autoridades correspondientes.

El papel de los notarios

Los notarios también están sujetos a regulación estricta. No pueden escriturar si detectan que el pago se realizó en efectivo por encima del límite permitido. El objetivo es evitar que recursos de procedencia ilícita se “laven” mediante operaciones de compraventa de bienes raíces, un mecanismo que históricamente ha sido utilizado por redes delictivas. Además, cada cliente debe contar con un expediente completo, y toda la información proporcionada debe ser verificable. 

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Respecto a casos en los que desarrolladores hayan detectado pagos sospechosos o intentos de eludir la regulación, Hernández Duarte fue clara: no tienen casos registrados dentro de la cámara. Pero también fue tajante: si alguien lo está haciendo, sabe perfectamente a lo que se expone.

“Parte de los beneficios de pertenecer a la cámara es que todos están capacitados y conocen las consecuencias de no cumplir. Y si alguien lo está haciendo, que lo desconozco —y espero que no—, sabe a lo que se enfrentará. Ya están avisados, porque la UIF viene, y viene duro”.

La industria de la vivienda no sólo está vigilada, sino altamente regulada, y los desarrolladores deben asumir un rol activo en la prevención de delitos financieros. No es una sugerencia. Es una obligación legal.

Capacitan a sus socios en prevención de lavado de dinero

Es por ello que con el objetivo de mantener informados y actualizados a sus socios y equipos de trabajo sobre las responsabilidades que implica la reciente reforma a la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita (LFPIORPI), la CANADEVI Delegación Guanajuato llevó a cabo la capacitación titulada “Prevención de Lavado de Dinero y sus Consecuencias Enfocado a Vivienda”.

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Durante la jornada, se abordaron temas fundamentales para el sector, tales como el funcionamiento y actividades de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), las causas del congelamiento de cuentas bancarias, la importancia del control de expedientes mediante el compliance, las obligaciones del beneficiario controlador, y el análisis de la ley para la elaboración tanto del expediente simplificado como del integral. También se trataron aspectos clave del manual de identificación y las multas por incumplimiento, entre otros.

Para los desarrolladores de vivienda, es indispensable contar con un expediente de identificación completo para cada cliente y presentar los avisos correspondientes ante la UIF cuando las operaciones superen las 8,025 UMAs (actualmente 907,948.50 pesos). Este monto también representa el límite para recibir pagos en efectivo en cualquier transacción de compra-venta de inmuebles.

La ley también contempla obligaciones similares para quienes se dedican a las rentas, quienes deben integrar expedientes e informar si el monto mensual rebasa los límites establecidos.

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Durante la capacitación, se recomendó a los empresarios designar la figura del Oficial de Cumplimiento dentro del organigrama de sus empresas, encargado de supervisar la ejecución de manuales de cumplimiento, políticas de identificación, inducción, ética y control sobre el uso de efectivo. Este oficial debe capacitarse al menos una vez al año con un experto certificado en prevención de lavado de dinero.

Mary Elenne Castro Mares | El Sol de León