Especialistas y organizaciones colocan a las dunas costeras como pieza clave para la seguridad ambiental y social de Baja California Sur.

En una rueda de prensa frente a las oficinas de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa), la académica Antonina Ivanova, del Colectivo La Duna colocó a las dunas costeras como pieza clave para la seguridad ambiental y social del estado.

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“Las dunas son la primera línea de defensa contra huracanes y tormentas y las principales regeneradoras de las playas arenosas; contribuyen a la recarga de los acuíferos, amortiguan la intrusión salina y son hábitat para especies”, dijo Ivanova.

Además, subrayó que su aprovechamiento turístico solo debe darse “con un enfoque de turismo sustentable”.

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La Comunidad de Aprendizaje y Acción en Planeación Territorial, que agrupa a diversas asociaciones y especialistas, informó que Baja California Sur es la entidad con mayor extensión de dunas costeras de México, con 27.4 por ciento del total nacional.

Además de su función como escudo natural, explicaron que estos sistemas “actúan como filtros de agua de lluvia, permitiendo la recarga de los mantos freáticos regulan la intrusión salina y retienen humedad en el suelo”, lo que reduce la salinización por evaporación y favorece la estabilidad del terreno.

John Moreno, abogado ambiental y activista, expuso que el 80 por ciento de la duna de Cerritos-Pescadero se encuentra impactada, mucho más que el Pueblo Mágico de Todos Santos, que tiene el 8 por ciento afectado.

Cambio climático: más mar, más viento, más riesgo. Antonina Ivanova expuso que el calentamiento global agrava la vulnerabilidad del litoral sudcaliforniano.

“La temperatura se ha elevado 1.1 grados centígrados desde los niveles preindustriales y los huracanes permanecen más tiempo cerca de las costas, con vientos más fuertes y lluvias más intensas en plazos cortos”.

Ese contexto erosiona las dunas, debilita su vegetación y “reduce su efectividad como barrera”. Por la condición geográfica del estado “prácticamente isleño (sic)”, proteger todas las zonas costeras, incluidas las dunas y los manglares, es “prioritario”.

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Amenazas inmediatas: obras sobre dunas y vehículos 4×4

El Colectivo La Duna y la red de comunidades asistentes señalaron dos presiones críticas: permisos de construcción que habilitan proyectos inmobiliarios sobre dunas, y la circulación de vehículos motorizados en playas y cordones dunares.

“Ambas acciones solo requieren de voluntad política” para frenarse, apuntaron, pues ya existen leyes aplicables.

Las y los convocantes ubicaron el origen del problema en un “modelo de turismo extractivo bajo una lógica meramente especulativa”, que desplaza el bien común y deteriora el paisaje costero.

Marco legal y medidas urgentes. Las organizaciones citaron la Constitución Mexicana en su artículo cuarto y la Ley General del Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente, que desde 2018 incluye a las dunas como ecosistemas costeros sujetos a evaluación de impacto ambiental.

Recordaron el artículo 170 de esa ley, que faculta “imponer de manera inmediata las medidas de seguridad necesarias para evitar una mayor afectación”, por lo que exigieron detener obras de forma preventiva en cuanto se presenten denuncias, para evitar daños irreversibles mientras se emite el dictamen.

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Planificación: hacer visibles las dunas en los instrumentos

La Comunidad de Aprendizaje y Acción en Planeación Territorial urgió a “reconocer la caracterización de dunas costeras en todo el estado” e incorporarlas explícitamente en el Plan de Ordenamiento Ecológico Regional (POER) y local (POEL), y en los Programas de Desarrollo Urbano (PDU).

Hicieron énfasis en el cordón que va de Punta Cajete a El Mogote en la Bahía de La Paz, de modo que queden protegidas en mapas y normas, y no sean “invisibles” ante la autoridad urbanística.

Coordinación climática y restauración. Ivanova llamó a usar los instrumentos estatales de reciente creación: el Plan Estatal de Acción Climática publicado el 25 de enero de este año en el Boletín Oficial del Gobierno del Estado (BOGE) y la Comisión Intersecretarial de Cambio Climático.

Esta comisión está encabezada la Dirección General de Cambio Climático de la Secretaría de Planeación Urbana e Infraestructura, Movilidad, Medio Ambiente y Recursos Naturales (Sepuimm).

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Planteó una agenda de acción conjunta entre gobierno, academia, sociedad civil y empresas con inversión sostenible y responsable, que integren los criterios ambientales, sociales y de buen gobierno (ESG, por sus siglas en inglés) en el proceso de inversión.

“Promover la restauración de las dunas, el control de la erosión y la gestión sostenible de las zonas costeras”, y “minimizar el impacto de las actividades humanas”, desde obras en sitios indebidos hasta el tránsito de todoterreno.

También advirtió sobre un efecto de arrastre regional detectado en un proyecto realizado con la Universidad Autónoma de Baja California Sur (UABCS) y el Colectivo La Duna.

Encontraron que la prohibición de 4×4 en zonas de Estados Unidos “aumenta su afluencia aquí en Baja California Sur”, lo que demanda regulación efectiva.

Llamado a mesa permanente y a sanciones ejemplares. Los colectivos proponen una mesa de trabajo permanente, convocada y coordinada por la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), con los tres niveles de gobierno, comunidades costeras, academia y organizaciones civiles, para atender lo urgente y lo estructural.

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En la aplicación de la ley pidieron ir más allá de las multas consideradas bajas e ineficaces y, cuando corresponda, avanzar a clausuras definitivas, denuncias penales por violar sellos, demoliciones y reparación del daño, a cargo de quienes infringen.

Ivanova cerró con un llamado de urgencia histórica: “Somos la última generación que puede frenar los impactos del cambio climático… También somos la última generación que podemos salvar las dunas de nuestro estado, para que no ocurra lo que ocurrió en Cancún y la Riviera Maya”, donde la eliminación de dunas derivó en erosión y pérdida de playas.

¿Por qué son importantes las dunas costeras en Baja California Sur?

• Protección costera: barrera natural ante marejadas, tormentas y huracanes; reducen daños en infraestructura y asentamientos.
• Agua: filtran lluvia y favorecen la recarga de acuíferos; regulan la intrusión salina en escenarios de elevación del nivel del mar.
• Biodiversidad y paisaje: hábitat de especies endémicas y de protección especial; valor estético y cultural para un turismo sustentable.
• Ordenamiento: su presencia explícita en mapas y normas evita permisos en sitios indebidos y asegura conservación y manejo.

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¿Qué piden los especialistas?

• Alto inmediato a obras en dunas con base en el artículo 170 de la Ley General de Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente.
• Regulación y vigilancia del tránsito de vehículos en playas y dunas.
• Inclusión explícita de cordones dunares en POER, PDU y planes locales.
• Mesa permanente coordinada por Semarnat con gobiernos, comunidades y academia.
• Restauración activa de dunas degradadas y control de erosión.
• Sanciones efectivas: clausuras, denuncias penales, demoliciones y reparación del daño cuando proceda.

Alan Flores | El Sudcaliforniano