Una ley contra la innovación y el pensamiento crítico

Guillermo Sheridan y Fernando Escalante dedicaron sus columnas de la semana pasada a denunciar los cambios que se avecinan en la ley de política para el desarrollo técnico y científico de México.

Sheridan manifestó preocupación por la creciente injerencia de las Fuerzas Armadas en el diseño y la ejecución de esta política —una muestra más del talante militarista de este gobierno—, así como por la visible simpatía de María Elena Álvarez-Buylla, la directora del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt), hacia los cuerpos castrenses y los proyectos de investigación relacionados con la seguridad nacional y la industria militar.

Escalante criticó los cambios anunciados al Sistema Nacional de Investigadores (SNI), que, en palabras de la propia Álvarez-Buylla, pasará de ser “un sistema individualista, meritocrático y competitivo” a uno que “promueva una investigación científica ligada al quehacer público” e “incida en los grandes problemas de la nación”. En suma, habrá un control más centralizado y directo sobre las actividades de los investigadores y menores incentivos para la innovación.

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Además, desde hace tiempo, una comunidad muy grande de científicos y académicos de todas las disciplinas se han mostrado preocupados por el rumbo que la política de desarrollo técnico-científico está tomando bajo este gobierno.

Los recortes presupuestarios sostenidos, el discurso público adverso hacia los investigadores y una visión nacionalista, estatista y sectaria del desarrollo científico son algunos de sus rasgos característicos.

A este panorama nada halagüeño para el futuro de la investigación científica en México hay que agregar un elemento adicional: la “reestructuración” de los Centros Públicos de Investigación (CPIs) que contempla el proyecto de Ley General de Humanidades, Ciencias, Tecnologías e Innovación que presentó el Conacyt a finales de 2020.

Esta supuesta reestructuración es regresiva y representa un duro golpe a la autonomía de los CPIs. El proyecto de ley prevé los siguientes cambios en la materia:

● Establece la “Agenda de Estado”, conformada por “temas de interés público nacional o de atención indispensable para garantizar el avance del conocimiento, el fortalecimiento de la soberanía nacional, el desarrollo integral del país o el bienestar del pueblo de México”.

El Consejo de Estado es la instancia que define esta agenda. Sus miembros con voz y voto son: el presidente de la República, la directora general del Conacyt, los titulares de las secretarías de Estado y los representantes regionales de los gobiernos de las entidades federativas.

● Pese a que carecen de representación en el Consejo de Estado, el proyecto de ley prevé que los CPIs “brindarán al Estado mexicano la solvencia científica, tecnológica y de innovación indispensable para la comprensión y atención integral de problemáticas nacionales relacionadas con la Agenda de Estado”.

En otras palabras, el proyecto considera a los Centros Públicos como instrumentos para impulsar una agenda de investigación impuesta por el gobierno federal.

● De acuerdo con el proyecto, el Conacyt “promoverá la articulación de los Centros Públicos a través de una política integral de armonización normativa” y “coordinará un esfuerzo editorial conjunto que facilite la difusión, divulgación y apropiación social del conocimiento generado en los Centros Públicos”.

Es decir, el control del Conacyt sobre los CPIs aumentará, lo que reduce el margen de acción de éstos para definir sus metas, gestionar sus recursos y elegir sus proyectos prioritarios.

● Por último, se establece que “las actividades académicas, de investigación humanística y científica, desarrollo tecnológico e innovación que realicen los Centros Públicos deberán ser congruentes con los principios y objetivos de la política de Estado”, que es la política definida por la directora del Conacyt y el presidente de la República. Esto es de por sí preocupante, pero es aún más alarmante por el carácter anticientífico de este gobierno.

Como lo dice su nombre, los Centros Públicos impulsan la investigación especializada en todos los campos de las ciencias exactas y las disciplinas sociales. Promueven la innovación, la generación de conocimiento y el desarrollo de nuevas tecnologías que contribuyen a mejorar los procesos industriales, la seguridad y la vida diaria de los mexicanos.

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Pero también son espacios propicios para el debate entre académicos de distintas corrientes y para el ejercicio del pensamiento crítico e independiente.

Y creo que ahí está el motivo por el que el gobierno federal quiere “restructurarlos”, un eufemismo para no decir controlarlos. El obradorismo le teme al pensamiento crítico e independiente.

Prefiere la obediencia ciega a los cuestionamientos. Prefiere recibir aplausos que debatir ideas. Prefiere la polarización al diálogo y la deliberación.

Lo mismo ocurre con la “reestructuración” del SNI y con la mayor injerencia del Ejército en la política de desarrollo técnico-científico de México. Mejor tener soldaditos que ejecuten órdenes y no académicos que desarrollen sus propias ideas. Mejor tener desarrolladores al servicio del Estado y no investigadores con convicciones propias y una agenda independiente.

NOTA: El proyecto de ley cuenta con muchos otros apartados alarmantes y regresivos que no fueron tratados en esta columna por cuestiones de espacio.