La nueva normalidad de México ya no tendrá energías renovables

“Cuando el río suena es porque agua lleva” y el acuerdo por el que se emite la Política de Confiabilidad, Seguridad, Continuidad y Calidad en el Sistema Eléctrico Nacional publicado en el Diario Oficial de la Federación el viernes 15 de mayo de 2020 no fue una ocurrencia de la política de gobierno de Andrés Manuel López Obrador (AMLO), sino la ejecución de un plan maestro de aniquilación de las energías renovables en México, algo tramado desde su candidatura presidencial.

La inconformidad del sector privado y gobiernos de Canadá y 19 países de la Unión Europea, entre ellos Alemania, España, Italia y Dinamarca expresaron su oposición ante las nuevas medidas para frenar el desarrollo de la generación de electricidad a partir de las energías renovables.

El embajador de Canadá en México, Graeme C. Clark solicitó una llamada telefónica o reunión virtual urgente con la secretaria de Energía (SENER), Rocío Nahle para valorar las medidas adoptadas, lo que definitivamente no se traduce en “aplausos” para ella.

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No hubo mejor pretexto ni momento que la emergencia sanitaria por coronavirus (Covid-19) para asestar este golpe contra las energías renovables y para que la Comisión Federal de Electricidad (CFE) a cargo de Manuel Bartlett Díaz retome el control absoluto del sector eléctrico. 

El Acuerdo por sí mismo violenta el marco jurídico y atenta contra el avance y desarrollo de la infraestructura de energías renovables, pero antes de entrar a su análisis expongo brevemente el hilo de los acontecimientos que trazaron este camino.

La reforma energética propuesta por el gobierno de Enrique Peña Nieto y avalada por el Pacto por México (diputados y senadores del PRI, PAN, PRD, Panal y PVEM) del 20 de diciembre de 2013 permitió la participación de la inversión privada y extranjera en la generación de energía eléctrica a través de la implementación de energías renovables.

Es claro que México posee un gran potencial para generar energía a través de fuentes renovables, ya que cuenta con altos niveles de insolación, recursos hídricos para instalar plantas minihidráulicas, vapor y agua para el desarrollo de campos geotérmicos, zonas con intensos y constantes vientos, grandes volúmenes de esquilmos agrícolas e importantes cantidades de desperdicios orgánicos en las ciudades y el campo. 

Entre las fuentes de energía renovables se encuentran la energía geotérmica, la instalación de celdas fotovoltaicas y la energía eólica. 

A través de procesos públicos conocidos como “subastas”, el gobierno de Enrique Peña Nieto adjudicó obras y proyectos a la iniciativa privada para desarrollar obras de infraestructura para fomentar la generación de energías con recursos renovables (en su mayoría de energía fotovoltaica) y así apoyar el cumplimiento de los compromisos de México en materia de reducción de emisiones, adquiridos ante la comunidad internacional y en nuestras leyes y programas.

México posee más de 230 centrales de operación de energías renovables y es el cuarto país a nivel mundial con producción de energía geotérmica. Sin embargo sólo estamos ocupando 7 por ciento del total de nuestra capacidad en energías renovables.

Pero las Subastas se suspendieron indefinidamente cuando AMLO ocupó la presidencia de nuestro país, habiéndose celebrado previo a ello solo 3 subastas de proyectos a largo plazo, siendo la última en noviembre de 2017.

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 Aunado al cierre de Subastas, la Secretaría de Energía publicó el 28 de octubre de 2019 el Acuerdo por el que modificó los Lineamientos que establecen los criterios para el otorgamiento de Certificados de Energías Limpias (CELs) y los requisitos para su adquisición, originalmente publicados el 31 de octubre de 2014, cambios que permiten que la CFE pueda considerar las centrales de energías limpias como sus hidroeléctricas o la nuclear de Laguna Verde como candidatas para obtener estos certificados, una obligación impuesta derivada de la Reforma Energética y la Ley de Transición Energética aprobadas en el sexenio pasado. Estas centrales se habían descartado para conseguir los CELs debido a que la intención era impulsar la inversión en nuevas centrales limpias, y que sólo éstas pudieran tener derecho a adquirirlos, con lo cual se benefició a la CFE y generó incertidumbre en el sector privado e inversión extranjera, debido a que veían claros riesgos de desincentivar nuevas inversiones y provocar daños a las empresas que ya habían invertido en nuevas plantas solares y eólicas, en su mayoría, tras la Reforma Energética.

            Con estos antecedentes, solo hacía falta un pretexto para dar el siguiente paso y el Covid-19 fue el ariete para golpear a la industria eléctrica, ya que derivado de la pandemia cayó la demanda de energía eléctrica y esto generó inestabilidad en el sector eléctrico. 

Aún y cuando esto es cierto, se atribuyó la inestabilidad y se sentenció su culpabilidad exclusivamente a la intermitencia de las plantas de energía limpia que claramente dependen de factores ambientales y naturales para su desarrollo, lo cual según expertos en la materia no tiene sustento ni fundamentación absolutos. En México las energías renovables participan todavía en un porcentaje mínimo en la generación de energía eléctrica, a diferencia de otros países que adoptaron medidas similares pero su red eléctrica es mayoritariamente generada por energía limpia. 

¿Qué consecuencias tiene el Acuerdo publicado el 15 de mayo de 2020? Las medidas planteadas imponen restricciones a nuevas centrales de generación de energías renovables, limita la emisión de permisos para nuevas plantas eólicas o solares y prohíbe la construcción de proyectos en lugares que considere congestionados o con poca capacidad de transmisión, con lo que pretende evitar sobrecargas en la red nacional de transmisión. 

Todo ello impacta la operación de las centrales de energía renovables, aunque las justifica bajo el argumento de que dotarán de confiabilidad al sistema eléctrico nacional, pero en el Acuerdo no se menciona la pandemia y, además, no marca un plazo de aplicación de lo expuesto en el documento, que entró en vigor al día siguiente de su publicación.

También se devuelve a la CFE, en su carácter de transportista y distribuidor, un papel proactivo en el diseño y ejecución de la expansión del sistema eléctrico, mediante la optimización de los costos y asegurando su Confiabilidad. 

El Acuerdo establece que el Servicio Público de Transmisión y Distribución de Energía Eléctrica son áreas estratégicas del Estado Mexicano en aras de la seguridad e independencia energética. En síntesis, el Acuerdo limita severamente la operación del mercado eléctrico y le otorga al Estado el control total del sistema eléctrico.

César Hernández Ochoa presentó su renuncia como comisionado nacional de la Comisión Nacional de Mejora Regulatoria (CONAMER), como una clara protesta, ya que dicho Acuerdo no pasó por el debido proceso para emitir la Manifestación de Impacto Regulatorio (MIR) ni se sometió a consulta pública o a consideración de los industriales del país.

El Acuerdo va en contra de disposiciones nacionales e internacionales de las que México forma parte, entre ellas el Tratado de Libre Comercio que entrará en vigor el próximo 1 de julio, así como de la visión mundial de promover energías sustentables con la reducción de energías a base de hidrocarburos.

Se ponen en riesgo los proyectos de energía renovable adjudicados, porque ya tienen un avance de obra y desarrollo que no puede detenerse y que, en muchos casos, fue financiado por instituciones financieras nacionales, lo que también afectará el pago de dichos créditos y la recuperación de recursos provocando más inestabilidad económica.

El cambio de reglas y lineamientos, como ha sucedido en otros casos y se ha vuelto costumbre de este gobierno, eliminan toda certeza jurídica y legalidad, que traducido al sector económico implica pérdida de empleos, crecimiento sostenible y la confianza y credibilidad en un país que se está convirtiendo vertiginosamente en una apuesta riesgosa para cualquier inversionista.

México no debe convertirse en Jurasicc Park, con dinosaurios resucitados en un entorno mundial que apuesta por el avance tecnológico en las energías limpias.

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La lluvia de arbitrajes, juicios y amparos en contra de dicho Acuerdo está a la vista y esperemos que el Poder Judicial detenga este atropello, como ya lo hizo la Suprema Corte de Justicia ante la llamada “Ley Bonilla”, solo que en este caso no se enfrenta a una entidad federativa sino al máximo titular del Poder Ejecutivo. 

La presión internacional también será fundamental en las consecuencias y devenir de todo esto, pero debemos ser nosotros, los mexicanos, los que decidamos sobre nuestros recursos naturales renovables, porque tenemos el potencial para convertirnos en uno de los líderes mundiales del sector energético, más aún cuando el planeta colapsa económica y ambientalmente y un nuevo orden reclama otros protagonistas.