Ley Bonilla es un antecedente para que gobernadores se reelijan: Adolfo Solís

TIJUANA, Baja California. Jaime Bonilla Valdez, gobernador de Baja California, fue electo en el proceso de 2019 para estar dos años en el cargo, sin embargo, el Congreso Local aprobó la llamada Ley Bonilla que permite al mandatario la extensión de su gestión.

Actualmente el país está a la espera de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) declare inconstitucional la Ley Bonilla. De lo contrario, sería un antecedente para que otros gobernadores de México soliciten estar más tiempo en el poder, considera el reconocido abogado fiscalista Adolfo Solís Farías.

“Creo que el poder judicial nos va a dar una clara muestra de la sensatez, de la capacidad y del nivel de presión que puede resistir”, consideró el abogado que ha representado a empresarios de Baja California en amparos colectivos.

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Bonilla Valdez fue electo para gobernar Baja California del 1 de noviembre de 2019 al 31 de octubre de 2021, sin embargo, en julio de 2019 los diputados aprobaron un cambio a la Constitución del estado (artículo octavo transitorio) para amplía su gubernatura a cinco años.

Ahora, los ministros de la SCJN tienen en sus manos la resolución. Con ocho votos se declararía inválida o inconstitucional la Ley Bonilla, explica el también Doctor en Derecho. 

“De lo contrario, todos los gobernadores ahorita cuando vaya a acabar este sexenio, suponiendo que se extendiera, el último día haces otra reforma y prorrogas tu mandato y te pones ahora 12 años: eso pasó en Bolivia, en Venezuela, en Perú, eso ya ha pasado en Latinoamérica ¿Por qué copiar los ejemplos que han creado una distorsión en el derecho?”

Incluso, existió en octubre de 2019 una consulta ciudadana para saber si la gubernatura pasaba de dos a cinco años; en ella participaron más de 53 mil personas, de los más de dos millones 500 mil personas que están en el listado de electores. Los resultados favorecieron que Bonilla Valdez teminara su gestión hasta el 31 de octubre de 2024.

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“(La ley) fue diseñada con una intencionalidad y con el propósito de privilegiar la extensión de un periodo. Más allá de si se quiere o beneficia o perjudica, debe de haber un respeto constitucional”.

El que se hayan modificado las normas en la entidad “a decisión propia”, dijo el especialista en referencia a la Ley Bonilla, es una cuestión grave.

Adolfo Solís explicó que Baja California se ha distinguido por los movimientos organizados por parte del sector empresarial (tal como fue en 2013 el amparo colectivo contra el aumento al Impuesto al Valor Agregado) y ahora esperan una resolución que respete a los electores de Baja California, que votaron por que Bonilla Valdez gobierne dos años solamente.  

“Si se apegan al marco constitucional que hemos construido en dos siglos, se va a declarar inconstitucional o inválida esa norma”.

En próximos días, la SCJN dará su veredicto final sobre la validez o no de la Ley Bonilla.

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