Hay autonomía de la SCJN en la discusión de la Ley Bonilla: Arturo Zaldívar

El presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Arturo Zaldívar garantizó autonomía en el poder judicial al discutir la Ley Bonilla.

“La independencia y la legitimidad de un tribunal constitucional está en los argumentos y razones que justifica la resolución”, expresó al iniciar los trabajos del primer periodo de sesiones de 2020.

En la sesión solemne de apertura, el ministro presidente de la SCJN informó que a lo largo del año el poder judicial discutirá temas relevantes de la vida pública, entre ellos la Ley Bonilla, que se refiere a la extensión de mandato del gobernador de baja california, Jaime Bonilla, de dos a cinco años en el cargo.

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La gestación subrogada, el matrimonio de personas con discapacidad intelectual, la igualdad de género y el indulto a padres y madres privadas de libertad son otros de los temas que se discutirán en el máximo tribunal del país.

El abogado garantizó que estos asuntos serán decididos con absoluta libertad, argumentación y votos de los ministros: “lo que determina la independencia de un Tribunal no es en sentido de la sentencia”.

Zaldívar advirtió que es poco serio establecer que un Tribunal constitucional es independiente cuando falla en un sentido y no lo es cuando falla en un sentido diverso.

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“La independencia y la legitimidad de un tribunal constitucional está en los argumentos y razones que justifica la resolución”, subrayó Arturo Zaldívar.

“En un Tribunal como el nuestro, que debate públicamente, serán los argumentos que den los ministros para sostener su voto los que determinarán la legitimidad de la decisión”, comentó en su discurso.

El Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) admitió la consulta de constitucionalidad del proyecto de ley sobre ampliación de mandato, y realizará el sorteo del magistrado relator que analizará el caso.

El viernes 3 de diciembre se reunirá la Sala Plena del TCP para realizar el sorteo y elegir al magistrado relato que conocerá el caso.

El presidente del Tribunal recalcó que la decisión del Tribunal se conocerá antes del 22 de enero, fecha en que se debería terminar la gestión de las autoridades nacionales electas.

El proyecto de ley plantea que se debe ampliar el mandato del Órgano Ejecutivo y Legislativo, además de gobernaciones, asambleas departamentales, alcaldes y concejos municipales hasta que se elijan a nuevas autoridades en elecciones.