Las ex guerrilleras, otras víctimas de las FARC

CIUDAD DE MÉXICO. Han pasado casi cuatro años de que la guerrilla de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) se desmovilizó y apenas comienzan a rebelarse los daños colaterales que dejó su lucha durante más de medio siglo, un fallo judicial dictaminó que las mujeres ex combatientes fueron víctimas de violencia sexual y reproductiva.

La Corte Constitucional colombiana emitió una sentencia –el pasado 11de diciembre– que reconoce a Helena (nombre asignado a una de las víctimas para proteger  su identidad), quien fue reclutada de manera forzada por las FARC cuando tenía 14 años, como víctima del conflicto armado.

Este reconocimiento le brinda acceso a reparaciones a Helena, quien sufrió violencia reproductiva al ser obligada a inyectarse anticonceptivos durante sus años como guerrillera. Según el testimonio compartido por Women’s Link Worldwide, la joven fue obligada a abortar cuando quedó embarazada tras una relación consensuada.

Según el relato, a pesar de que pidió a la comandancia que la dejara continuar con su embarazo, recibió amenazas de muerte. En contra de su voluntad, se le practicó un aborto en condiciones insalubres en el cual perdió mucha sangre. 

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El procedimiento dejó a la excombatiente con graves secuelas físicas y psicológicas que aún padece. En la sentencia de la Corte se ordenó que Helena recibiera asistencia médica especializada con un enfoque diferencial, lo que le permite ser incluida en el Registro Único de Víctimas de Colombia para garantizarle el acceso a las medidas de reparación que contempla la Ley de Víctimas de 2011.

La Ley de Víctimas y de Restitución de Tierras establece un conjunto de medidas judiciales, administrativas, sociales y económicas, de carácter individual y colectivo en favor de las víctimas del conflicto armado, en el marco de un proceso de justicia transicional.

La planificación familiar era una de las medidas obligatorias que las FARC establecieron durante la Octava Conferencia Guerrillera celebrada en 1993 al considerar que el embarazo no era compatible con la vida guerrillera.

La decisión de la Corte sienta un precedente en Colombia al reconocer que las ex combatientes de las FARC no estuvieron exentas de sufrir violaciones a sus derechos sexuales y reproductivos. Además, constituye un referente internacional en el reconocimiento de los tipos de violencia que experimentan muchas mujeres y niñas al interior de los grupos armados.

Aunque existe un subregistro de los casos de violencia sexual al interior de las FARC, algunos estimativos dan una aproximación de la magnitud del problema. De acuerdo con información de la Fiscalía General de la Nación publicada en el diario El Espectador, en promedio, cada año se habrían realizado alrededor de mil abortos en la guerrilla.

En los últimos años, las denuncias de casos de violencia sexual y reproductiva en las filas de las FARC han sido recurrentes. Varios han sido denunciados por Women’s Link Worldwide ante la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), el organismo creado por el acuerdo de paz firmado entre el gobierno colombiano y las FARC en 2016 para administrar justicia transicional y conocer los delitos cometidos en el marco del conflicto armado.

El caso de Helena es uno de los 35 testimonios de víctimas de violencia reproductiva que actualmente revisa la JEP.

El fallo de la Corte en el caso de Helena representa, según los demandantes, una victoria para la restitución de los derechos de muchas mujeres y niñas ex combatientes que también fueron reclutadas de manera forzada y sufrieron violaciones a sus derechos reproductivos.

Antes de esta decisión, los casos de estas víctimas se encontraban en un limbo jurídico, pues “eran excluidas de las reparaciones de la Ley de Víctimas por haberse desmovilizado o huido de las FARC siendo mayores de edad, y no contaban con ninguna otra vía para ser reparadas”, afirmó Mariana Ardila, abogada de Women’s Link.

Este caso también representa un cambio en la manera en que la justicia transicional reconoce el rol de las mujeres combatientes dentro de un conflicto armado, al señalar que a pesar de pertenecer a un grupo insurgente y participar de sus actividades delictivas, estas mujeres son a la vez víctimas de violencia física, sexual y emocional por la cual deben ser reparadas.

Y las que fueron secuestradas

Hace 18 años, el 23 de febrero de 2002, Colombia se puso en el reflector mundial, la entonces candidata presidencial Ingrid Betancourt y su jefa de campaña Clara Rojas fueron secuestradas por las FARC, en San Vicente del Caguán.

Hace unos días, Betancourt quien estuvo seis años bajo secuestro de las FARC, salió al paso de la versión que sobre su caso entregó esa extinta guerrilla a la Justicia Especial para la Paz.

En carta dirigida a la magistrada de esa jurisdicción Julieta Lemaitre, cabeza de la Sala de Reconocimiento de Verdad, Responsabilidad y de Determinación de los Hechos y Conductas, Betancourt expresa sus primeras “observaciones” al documento que dice no haber recibido a pesar de su acreditación como víctima en el caso 001.

La ex senadora por el Partido Verde critica que las FARC pretendan escudarse en las víctimas para justificar sus castigos, entre ellos su encadenamiento. “No les corresponde a la ex guerrilla  expedir certificados de buena conducta sobre sus víctimas. Ni a nosotras conformarnos con que lo hagan”, dice.

Rechaza también la utilización del término “retención” en el documento y que la JEP acepte ese término incluso de manera preliminar. Ante esto se pregunta “¿acaso en una investigación por asesinato, por ejemplo, la justicia le cambiaría la denominación al delito refiriéndose a una investigación por suspensión de actividad física permanente mientras se condena al criminal?”

En esta historia de abusos contra la mujeres, el pasado 26 de febrero, la Alta Comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, alertó sobre homicidios y otros abusos presuntamente cometidos por miembros del ejército y la policía desde la firma del acuerdo de paz en Colombia.

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Hace dos años el periodista Enrique Hernández escribió que durante la celebración del 80 aniversario de Coca Cola en el mercado colombiano, a finales de 2007, José Antonio Fernández Carbajal conocido en el mundo empresarial como “El Diablo”, le preguntó al entonces presidente de Colombia,  Álvaro Uribe, en qué podía ayudarlo para cambiar el rumbo social y económico de los colombianos, quiénes vivían en medio de secuestros, extorsiones y violencia producto del enfrentamiento de la guerrilla y las fuerzas militares.

Uribe le respondió que sí podía colaborar, mucho, con el proceso de reintegración de guerrilleros. A finales de 2011 unas 30 empresas se habían sumado estos esfuerzos. La difusión de los esfuerzos de El Diablo contribuyó a entusiasmar a más empresarios, a contribuir en el proceso de paz.

De 2003 a principios de 2016 se habían desmovilizado casi 58 mil personas, según la Agencia Colombiana para la Reintegración (ACR). La mitad de los desertores pertenecen a las Autodefensas Unidas de Colombia, aproximadamente 40% a las FARC y menos del 8 por ciento al ELN. Siete de cada 10 desmovilizados se encontraban ocupados, es decir realizaban alguna actividad económica.

Hoy cuatro años después de que la guerrilla dejó de existir como tal, esta misma ayuda o apoyo empresarial podría canalizarse hacia las mujeres que fueron combatientes y sufrieron todo tipo de abusos o inclusive para las víctimas que fueron secuestradas por las FARC como la ex candidata presidencial Betancourt.

Por Alfonso López Orrante