En medio del conflicto entre grupos criminales en Sinaloa, el Congreso del Estado aprobó un paquete de reformas al Código Penal orientadas a fortalecer el combate contra la delincuencia organizada.
Sin embargo, conocedores de la ley y especialistas en materia de seguridad consideran que estos cambios promovidos siguen siendo insuficientes para atender la crisis de inseguridad que se vive en el estado.
Desde el 9 de septiembre a la fecha, inició una disputa entre grupos delincuenciales que ha generado un repunte en delitos como homicidios, robo de vehículos y privaciones de la libertad. Esto provocó que las y los integrantes de la Sexagésima Legislatura promovieran reformas al Código Penal para “atender” la problemática de inseguridad.
Entre las medidas destacan el endurecimiento de sanciones contra el “halconeo”, la criminalización del sabotaje a cámaras de videovigilancia, el uso de ponchallantas para bloquear carreteras y acciones para enfrentar el robo de vehículos. Sin embargo, para el abogado penalista Julio Alvarado, estas reformas tienen más un carácter simbólico que una verdadera eficacia jurídica o preventiva.
Endurecen castigos contra el “halconeo”
Una de las reformas más relevantes se centra en endurecer las sanciones contra el llamado “halconeo”, práctica mediante la cual se vigila o se obtiene información de las fuerzas de seguridad para alertar a grupos criminales. Con los cambios al artículo 293 Bis del Código Penal, ahora se castiga no solo a quien vigile o espíe físicamente a los cuerpos de seguridad, sino también a quien utilice medios tecnológicos para rastrear o monitorear agentes.
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Además, se establece como agravante el uso de personas vulnerables como menores de edad o adultos mayores para realizar estas tareas. Las penas también aumentan cuando el delito lo comete un servidor público o exfuncionario de instituciones de seguridad.
Criminalizan sabotaje a cámaras de videovigilancia
Frente a la destrucción sistemática de cámaras de vigilancia en la entidad, el Congreso incorporó como delito el daño, sabotaje o alteración de estos equipos, ya sea en vía pública o en inmuebles bajo vigilancia del Estado.
Esta práctica ha debilitado el monitoreo criminal durante años, con más de mil cámaras destruidas en Sinaloa.
Para el abogado Julio Alvarado, sin embargo, este tipo de reformas “no aportan nada nuevo”, ya que dañar infraestructura pública ya es un delito previsto en el marco legal vigente.
“Lo que se está haciendo es tipificar de manera más específica algo que ya sanciona la ley”, señaló, cuestionando la necesidad real de estas reformas frente a la falta de eficacia institucional.
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Tipifican uso de ponchallantas para bloquear caminos
Otra reforma significativa es la creación del artículo 264 Bis, que establece penas de tres a diez años de prisión para quien coloque, fabrique o distribuya artefactos punzocortantes —conocidos como “ponchallantas”— en calles, caminos o carreteras con el fin de obstaculizar el tránsito o evadir a las autoridades. Las penas aumentan si se involucran menores o servidores públicos. Al respecto, Alvarado cuestiona si esta medida realmente disuadirá a grupos delictivos.
“¿De verdad creen que, por anunciar una reforma, la delincuencia organizada va a dejar de cometer delitos?”, preguntó. Según él, “no existe evidencia en ninguna parte del mundo de que el endurecimiento de penas haya inhibido el crimen”.
Ajustes ante el repunte en robo de vehículos
Con 2,349 robos de vehículos registrados en Sinaloa en los primeros cuatro meses de 2025, el Congreso también respaldó medidas para robustecer el castigo a este delito, que antes requería querella de la víctima para iniciar una investigación. Hoy se busca que sea perseguido de oficio.
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Julio Alvarado recordó que esta medida ya había sido anunciada por el gobernador Rubén Rocha Moya, pero cuestionó sus resultados.
“El jueves pasado, en 16 horas, se robaron 26 vehículos en el estado. Esto demuestra que a la delincuencia no le asusta el aumento de penas ni la reforma”, afirmó.
“No es cuestión de leyes, sino de voluntad”
Para el jurista, el problema no está en las leyes, sino en la falta de voluntad y eficacia del Estado. Criticó que en este tipo de reformas no se convoque a expertos en derecho penal para analizar su viabilidad, y alertó que se están generando “cambios legislativos más políticos que jurídicos”.
“La ley ya contempla estas conductas. El problema no es que falte norma, sino que no se aplica. Lo que necesitamos es una política criminal real, coherente, que responda a las causas y también ataque los efectos de la delincuencia”, sostuvo.
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Finalmente, cuestionó que mientras el gobierno federal presume aseguramientos y detenciones, la ciudadanía sigue sin ver resultados en seguridad.
“Los ciudadanos no quieren cifras, quieren paz. Y eso no lo están logrando”, sentenció.
Miguel Calderón Quevedo, presidente del Consejo Estatal de Seguridad Pública, reconoce la intención de las y los diputados por promover cambios en las leyes del estado.
Sin embargo, considera que el tema presupuestal es lo primordial que deberían estar tomando en cuenta para poder atacar la problemática que se vive en Sinaloa.
“Fortalecer a las corporaciones es vital si se quiere reducir la incidencia delictiva en el estado”, sentenció Calderón, señalando que en los últimos ocho años se ha acumulado un rezago de al menos cinco mil millones de pesos en el financiamiento de las instituciones responsables de la seguridad y la procuración de justicia.
Mala perspectiva
Los altos índices delictivos no pasan desapercibidos. Recién, Culiacán se colocó como la ciudad más insegura del país.
Según la encuesta publicada el 24 de julio de 2025, el 90.8 por ciento de los encuestados perciben a la ciudad como insegura, lo cual la posiciona por encima de Ecatepec, Estado de México; Uruapan, Michoacán; Tapachula, Chiapas, y Ciudad Obregón, Sonora.
Por su parte, la presidenta de la Junta de Coordinación Política indicó que el Congreso continuará con esta línea legislativa en materia de seguridad.
“Vamos a continuar, siempre estar vigilantes. Creo que lo que hemos estado legislando ha sido pertinente, ellos mismos así nos lo han advertido. Estamos tratando de facilitar el trabajo que ellos realizan”, expresó.
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Mientras el Congreso local refuerza leyes y multiplica delitos en el papel, los grupos criminales siguen disputando territorios, atacando a las fuerzas de seguridad y sembrando miedo entre la población.
Para expertos como Alvarado, sin estrategia integral ni aplicación efectiva de la ley, ninguna reforma será suficiente para recuperar la paz que la ciudadanía exige desde hace años.
Josemiguel Souza | El Sol de Sinaloa