En medio de la inseguridad que se vive en Sinaloa, ha surgido un nuevo fenómeno derivado del conflicto entre grupos delincuenciales: la interrupción de tratamientos para personas con adicciones. El atentado perpetrado por sicarios en el centro de rehabilitación Shaddai, que dejó nueve personas muertas y cinco lesionadas, provocó el cierre de cinco clínicas de este tipo.

En total, 270 pacientes dejaron de recibir tratamiento contra las adicciones; todos estaban internados en centros pertenecientes a Guillermo Rodríguez, quien fue asesinado el mismo día que ocurrió la masacre.

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Este contexto ha generado cuestionamientos sobre cómo las autoridades harán frente a esta crisis de salud pública.

Aumentan las adicciones

De acuerdo con datos del CEPTCA, el estado ha registrado un incremento notable en la atención a personas con problemas de consumo de sustancias. Del 2021 al 2023, el número de internos aumentó de 11,638 a 14,814, lo que representa un repunte del 27.3 por ciento.

Las cifras continúan en ascenso: actualmente se tiene registro de al menos 16 mil pacientes, según las asociaciones de centros de rehabilitación, lo que representa un incremento del 8 por ciento respecto al 2023.

En Sinaloa, no cualquier persona con consumo de drogas debe ser internada. La directora del CEPTCA, Martha Alicia Torres Reyes, explicó que existe un criterio clínico normado que determina cuándo un paciente requiere tratamiento residencial.

“Se trata de hombres o mujeres con consumo problemático de sustancias, que han perdido el autocuidado, el comportamiento adecuado a su edad o que incluso han tenido conflictos con la ley”, señaló. Si no aceptan un tratamiento ambulatorio, entonces se considera necesario un internamiento bajo el modelo residencial.

La funcionaria subrayó que la política pública en materia de adicciones privilegia la prevención y el tratamiento ambulatorio. Añadió que el Gobierno del Estado ha implementado un programa de becas para personas con drogodependencias que no pueden solventar los costos del internamiento, mediante el cual se han dispersado cuatro millones de pesos.

También destacó la puesta en marcha de la Línea de Salud Mental (6677 58 71 53), que permite acortar los tiempos de atención. A través de esta línea, profesionales evalúan si un caso debe tratarse de forma urgente o emergente y canalizan directamente al paciente a un ECOSAMA. “Todo empieza a mejorar desde esa llamada”, aseguró. Actualmente hay 14 unidades de ECOSAMA activas en el estado.

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Ataque contra directivos

En menos de 48 horas, cuatro directivos de centros de rehabilitación fueron asesinados en Culiacán, y uno más permanece desaparecido. La violencia inició con la masacre en la clínica Shaddai, el lunes 7 de abril, cuando un grupo armado asesinó a nueve personas, incluyendo al director y subdirector del lugar.

Esa misma madrugada fue privado de la libertad Guillermo Rodríguez, líder de la Unión de Redes de Centros de Rehabilitación en Sinaloa y propietario de varias clínicas. Su cuerpo fue localizado horas después. También fue asesinado Rodrigo Campiña, subdirector del centro Rehabilítate, cuyos restos aparecieron al día siguiente con signos de tortura.

Ambas clínicas pertenecían a Rodríguez y, tras estos hechos, al menos tres más de sus centros cerraron, dejando en libertad a 270 pacientes.

Las autoridades atribuyen estos crímenes a la pugna entre las facciones de Los Chapitos y Los Mayos, un conflicto que ha dejado más de mil muertos desde septiembre de 2024. En ese lapso, siete centros de rehabilitación han sido escenario de hechos violentos, la mayoría relacionados con el reclutamiento forzado por parte de grupos criminales.

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Se despliega operativo

Tras los hechos, el Gobierno del Estado desplegó un operativo de proximidad, consistente en rondines en los 256 centros de rehabilitación registrados en Sinaloa. No obstante, las clínicas Shaddai, Casa Manantial, Rehabilítate, Vida y Transformación (todas propiedades de Guillermo Rodríguez) son las únicas que han cerrado sus puertas, entregando a los pacientes a sus familias y truncando sus tratamientos.

“Obviamente muchos pacientes que estaban ahí truncaron su tratamiento, porque si bien eran centros registrados (dos de ellos con reconocimiento federal), al abrirse las puertas para que ellos salieran, creo que fue lo más correcto”, expresó Torres Reyes.

CEPTCA ha recibido llamadas de otros centros solicitando orientación sobre cómo actuar ante posibles riesgos. La instrucción ha sido clara: activar el protocolo de emergencia llamando al 911. Hasta el momento, no se ha registrado el cierre de más clínicas.

Josemiguel Souza | El Sol de Sinaloa