La Coparmex sugiere un parlamento abierto para afinar la recién aprobada Ley Minera

La Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) llamó a los senadores a escuchar a los expertos y a las empresas, mediante un parlamento abierto, para que a través del diálogo y el consenso se puedan hacer los ajustes necesarios a la recién aprobada Ley Minera, en beneficio del sector y de la economía del país.

“Reconocemos la determinación de garantizar la seguridad en las minas, pero consideramos que hay aspectos que deben quedar claros para que lejos de establecer una responsabilidad penal directa, se lleven a cabo las investigaciones necesarias para deslindar responsabilidades ante cualquier incidente que pudiera ocurrir”, sostuvo.

Consideró que aunque el proyecto aprobado en la Cámara de Diputados corrigió algunos puntos de la propuesta original que hacían inviable la industria en el país, aún requiere afinarse.

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Refirió que la ley aprobada en la madrugada del 21 de abril es una “nueva iniciativa” inscrita un día antes por Morena con la dispensa de los trámites legislativos para su análisis y votación, y avalada en fast track.

La nueva iniciativa se presentó primero a consideración de la Cámara Minera de México (Camimex), en una reunión con López Hernández, donde se explicó que el documento tenía como origen el acuerdo con la industria minera.

Además del coordinador de Morena en la Cámara de Diputados, Ignacio Mier, el documento que sustituyó a la iniciativa presidencial fue firmado por la vicecoordinadora Aleida Alavez y el presidente de la Comisión de Energía, Manuel Rodríguez, quien el lunes había asegurado que la reforma se discutiría hasta septiembre.

El organismo patronal advirtió que aunque la ley aprobada retoma aspectos de la iniciativa presentada por el presidente Andrés Manuel López Obrador el 24 de marzo pasado, contiene cambios, adiciona un mayor número de reformas a los artículos de distintas normas y tiene áreas de oportunidad.

Entre las modificaciones que considera favorables en la ley, mencionó los periodos de concesiones, que serían de 30 años y no de 15, como lo que se planteaba en el proyecto original, con opción a renovarse por 25 años más.

Incluso, apuntó, existe la opción de una extensión por un tercer periodo de hasta 25 años a través de una licitación, condiciones que si bien “no son las ideales, dan cierta viabilidad al negocio minero en la nación”.

Por ello, la Coparmex consideró fundamental que la socialización de la aprobada Ley Minera cuente con el tiempo suficiente para su análisis en el Senado de la República.

Esto, porque pese a que hay mayor flexibilidad en temas como la Ley de Aguas Nacionales, aún se debe trabajar para dar certeza a las inversiones en el sector, cuyas concesiones en todo el mundo, tienen un alto grado de complejidad por los tiempos que requieren las minas, expuso.

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Otros de los aspectos que opinó se deben analizar con detenimiento son los relacionados con la consulta indígena, así como con el otorgamiento de concesiones en garantía, que podrían dejar en indefensión a las empresas.

Entre otros puntos que deben ser ampliamente discutidos y contar con el análisis técnico de expertos para evitar la subjetividad en las resoluciones, detalló los relacionados con las concesiones de agua y con la causal de cancelación por hechos o actos que causen desequilibrio ambiental, social, económico o de cualquier otra índole.

En cuanto a la temporalidad de la concesión, “nos preocupa de manera importante en el sentido de que, la literalidad de cómo está planteada la reforma, deja abierta la posibilidad de que el periodo de la concesión pueda ser con efectos retroactivos, siendo lo anterior una cuestión de inconstitucionalidad e inconvencionalidad”.

El organismo reconoció la importancia del diálogo sostenido con las secretarías de Gobernación y de Economía, así como de la Cámara de Diputados, y “confiamos que esa apertura continúe ahora con el Senado de la República, para corregir detalles que son necesarios para darle continuidad operativa a la industria minera y que pueda seguir generando empleos y derrama económica en nuestro país”.

Confió en que el diálogo que se tendrá esta semana sobre estas reformas se pondere la conveniencia de dar tiempo a la discusión para que la conformación de la nueva legislación concentre las aportaciones que se realicen desde el sector minero y los organismos empresariales, a fin de alcanzar el máximo beneficio de México.

“Planteamos la pertinencia de que la aprobación se dé hasta el próximo septiembre. El poder Legislativo tiene la responsabilidad y oportunidad de darle a México un marco legal óptimo para el desarrollo de la minería”, puntualizó.