Política
El 2023 será un año de alto riesgo político en el gobierno de López Obrador: Integralia Consultores
Advierte altas posibilidades de embates oficiales contra organismos autónomos, acuerdos con grupos criminales, riesgos comerciales, mayor riesgo de concentración del poder y de deterioro económico
A cuatro años del gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador, han aumentado las posibilidades de concentración de poder, incertidumbre jurídica, ineficacia gubernamental y deterioro económico, pero para 2023, que será de importante actividad electoral, será un año de riesgo político alto, pronosticó Integralia Consultores.
En el análisis Evolución del riesgo político en México 2018-2022, coordinado por Carlos Ugalde, Carlos Ramírez y Paulina Creuheras, la consultora evalúa la ineficacia gubernamental, la concentración de poder, la incertidumbre jurídica, la inseguridad pública, la conflictividad social y el deterioro económico para valorar los 10 principales riesgos que pueden afectar el entorno de negocios y la gobernabilidad del país en 2023.
Señala que la mayoría de los peligros políticos se relacionan con el principal riesgo político hacia el final del sexenio: la creciente radicalización del presidente López Obrador, cuyos principales objetivos son asegurar el triunfo de su partido en 2024 y, con ello, garantizar la continuidad de su proyecto político.
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Por ello, prevé el oficialismo pondrá en marcha acciones para debilitar a los contrapesos del Ejecutivo federal, a las autoridades electorales y a las oposiciones, al tiempo de exacerbar la polarización e intensificar las movilizaciones sociales con fines político-electorales, lo que llevará a un año de riesgo político alto.
Precisa que hay una alta probabilidad de ocurrencia de que el oficialismo intensifique los embates contra la autonomía y eficacia del Instituto Nacional Electoral (INE) desde el gobierno y de Morena para sesgar el proceso de nombramiento de cuatro consejeros electorales con perfiles afines.
Asimismo, adjudicará problemas operativos y de gestión tras la aprobación de la reforma legal que reduce y modifica su estructura, y promoverá litigios por la implementación de la reforma (ante la Suprema Corte, el Tribunal Electoral y tribunales laborales), lo cual aumenta los riesgos de ineficacia gubernamental, concentración de poder e incertidumbre jurídica.
Integralia advierte que también es muy alta la posibilidad de que los grupos criminales aprovechen los procesos electorales para imponer o extender acuerdos con las nuevas administraciones para operar con impunidad.
“Los actores locales son especialmente vulnerables, pues detentan el poder a nivel territorial. Ante la debilidad del Estado de Derecho, las elecciones de 2023 y el inicio del proceso electoral de 2024 aumentan la probabilidad de violencia política y electoral contra actores políticos y funcionarios públicos. Esto puede agravar la inseguridad pública y la ineficacia gubernamental”, precisa.
En cuanto a las tensiones comerciales con Estados Unidos y Canadá, por diversas disputas en el marco del T-MEC que derivan en deterioro económico e incertidumbre jurídica, particularmente por la política energética y la prohibición de importación de maíz transgénico, la consultora expone que de instalarse paneles de controversias este año, México tendría altas probabilidades de perder en ambos temas, lo que resultaría en afectaciones y riesgos para la inversión privada.
Asimismo, prevé un riesgo alto en que la hegemonía regional de Morena se agudice con el triunfo electoral en al menos una de dos entidades federativas en disputa, con lo que aumenta el riesgo de concentración de poder e ineficacia gubernamental.
Señala que dado que el presidente López Obrador sigue promoviendo la militarización de tareas y responsabilidades civiles, se acrecienta la dependencia del gobierno hacia las Fuerzas Armadas y propicia más su empoderamiento político y económico.
“En los hechos, los militares incidirán con mayor frecuencia en la toma de decisiones político-administrativas, lo que aumenta la ineficacia gubernamental, la prevalencia de la corrupción y el desbalance de la relación cívico-militar”, precisa.
Para el quinto año de gobierno federal, Integralia considera que existe un riesgo alto porque sigue en aumento la percepción y de ocurrencia de corrupción, así como la omisión de fortalecer las capacidades institucionales para combatirla, lo que incrementa los riesgos de incertidumbre jurídica e ineficacia gubernamental, aunado a que la impunidad por la falta de sanciones penales propicia que las prácticas ilícitas sean recurrentes.
Al ser un año de actividad electoral, advierte también que se intensifican los actos anticipados de precampaña de los aspirantes de Morena a la presidencia de la República con autopromociones fuera del marco legal y celebración de eventos masivos, lo que genera incertidumbre jurídica por la falta de apego a las normas electorales, ineficacia gubernamental por la desatención de asuntos centrales de los gobiernos federal y locales y divisiones internas en ese partido.
En cuanto a la oposición, prevé que sus procesos de selección pueden contribuir al aumento de la polarización y los ataques reputacionales.
Respecto a los ataques que el Ejecutivo federal mantiene contra el Poder Judicial de la Federación para asegurar que no se revoquen leyes, decretos y políticas de dudosa constitucionalidad que son clave para el presidente López Obrador, como la reforma electoral, la militarización, las políticas de “austeridad”, el magisterio educativo, entre otros, considera que existe un riesgo medio de que haya concentración de poder e incertidumbre jurídica.
En el marco de una recesión en Estados Unidos, la consultora pronostica un riesgo medio de deterioro económico en México. “Los efectos de una recesión se reflejarán en el sector exportador de México y en las remesas que recibe el país. Ante este panorama, el gobierno federal tendrá un margen bajo de maniobra para mitigar el impacto debido al poco espacio fiscal con el que cuenta”, anota.
En ese sentido, advirtió que las finanzas públicas se tornan más vulnerables por menores ingresos a los estimados, aumento de los costos de las obras de infraestructura insignia del Ejecutivo federal y la presión para concluirlas a tiempo, así como por la ampliación de programas sociales, la necesidad de otorgar apoyos a Pemex y a la CFE, lo que aumenta los riesgos de deterioro económico.
Para este año, Integralia advierte otros temas relevantes como el aumento de los enfrentamientos entre grupos criminales y las Fuerzas Armadas, lo que incrementa los costos económicos y sociales de la violencia, como sucedió en 2022, que derivaron en disturbios y ataques directos contra la población civil.
Ante el recrudecimiento del conflicto criminal en varias regiones del país, prevé muy probable que los enfrentamientos y sus consecuencias sociales aumenten en 2023, así como un repunte de los homicidios dolosos y que otros delitos de alto impacto mantengan una tendencia ascendente, como las extorsiones, el narcomenudeo o los feminicidios.
Indica que en línea con la radicalización discursiva del presidente López Obrador, que busca exacerbar la polarización y deslegitimar a sus contrapesos rumbo a la elección de 2024, es previsible que el oficialismo redoble los embates retóricos contra instituciones con autonomía como el INE, la Cofece, el IFT, el INAI, la CRE, la CNH e incluso la UNAM.
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En los casos de los organismos que renuevan cargos directivos, como la UNAM que elige nuevo rector, y el INE a cuatro consejeros, advierte que “el oficialismo buscará incidir en las designaciones de perfiles afines, con lo que aumentará el riesgo de concentración de poder”.
Integralia expone que México tiene una amplia ventaja comparativa para convertirse en el destino preferido de traslado de algunas empresas que han operado por décadas en Asia, especialmente por su cercanía con Estados Unidos y su pertenencia al T-MEC, y que este año será clave para que México decida entre mantener o cambiar su ruta actual para aprovechar las ventajas del nearshoring.
“El riesgo es que se continúe desaprovechando esta oportunidad, pues, aunado a un clima de negocios rodeado de incertidumbre jurídica, el país enfrenta retos importantes que pueden impedir la consolidación del nearshoring: la violencia, la escasez de agua, la falta de suministro constante y suficiente de electricidad, así como la falta de infraestructura y de mano de obra calificada”, precisa.
Resalta que aunque López Obrador declaró que su agenda legislativa concluiría con la reforma electoral (tras haberse aprobado reformas en materia eléctrica y de Guardia Nacional), no pueden descartarse sorpresas, como la iniciativa en materia de cabotaje, cambios a las facultades de la Cofece o modificaciones fiscales en leyes secundarias.
“Este riesgo será más latente que en años previos, ya que serán mayores los incentivos a aprobar reformas políticamente atractivas conforme se acerque el término del sexenio. Adicionalmente, el presidente ha probado la eficacia de la fórmula de modificar asuntos constitucionales mediante enmiendas a leyes secundarias y aplicar la nueva disposición en tanto el Poder Judicial resuelve. Además, la polarización rumbo al final del sexenio incrementa el riesgo de iniciativas estridentes por parte de legisladores de Morena”, enfatiza.
En cuanto a los conflictos laborales y activismo sindical, la consultora refiere que existen 500 mil contratos colectivos de trabajo (CCT) en México que deben legitimarse a más tardar en mayo.
Menciona que a noviembre de 2022, sólo nueve mil 237 lo habían sido (menos del uno por ciento) y prevé que más del 90 por ciento de los CCT no sean legitimados.
“Esta posibilidad (aunada a la inexistencia de sindicalización en muchos casos) faculta a los trabajadores para organizarse y negociar un nuevo CCT con sus empresas. Esto podría impactar las relaciones laborales, ya que pueden surgir nuevos liderazgos y sindicatos independientes. Dependiendo del giro de la industria (especialmente manufacturas), el caso podría llegar a instancias internacionales, como ya ha sucedido”, apunta.
Para Integralia, es previsible que persistan las prácticas de justicia selectiva y embestidas contra “peces gordos”, pues se buscará rentabilidad política para desacreditar a los partidos y figuras de oposición, sobre todo en el contexto de las elecciones de 2023 y 2024.
Destaca que a cuatro años de gobierno, no se ha transitado hacia un Ministerio Público autónomo del Poder Ejecutivo, por lo que pronostica que las persecuciones políticas y los procesos violatorios de derechos humanos continuarán, y persistirá el rezago en la resolución de expedientes relevantes (incluso heredados desde 2018), pero que no resultan políticamente redituables.
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Refiere que en lo que será el primer año de IMSS-Bienestar como principal institución de atención a la población sin seguridad social, prevé un presupuesto acotado, mala coordinación con las secretarías de salud estatales, al no estar claramente definidos los roles; una limitada atención a enfermedades de alta especialidad, dado que se enfoca primordialmente en la prevención y atención primaria; y una lista de servicios y medicamentos más limitada que la del IMSS o el ISSSTE.
Considera que aunque el gobierno federal anunció una compra de medicamentos bianual 2023-2024 para reducir los problemas de abasto, el proceso presenta retrasos y sólo cubre una parte de las necesidades del sector, por lo que es previsible que los problemas de desabasto y protestas por parte de pacientes persistan.
Luego de que México enfrentó en 2022 los mayores niveles inflacionarios en las últimas dos décadas, Integralia prevé que este año el alza en los precios se mantendrá fuera del rango objetivo del Banco de México (Banxico) y que presiones inflacionarias domésticas propiciadas por decisiones gubernamentales –aumento del salario mínimo, incremento de precios controlados y elevado déficit– pondrán a prueba la capacidad de reacción del banco central, en un contexto en el que el presidente López Obrador buscará que la política monetaria restrictiva no afecte el crecimiento económico.
Dado que López Obrador es el presidente de mayor edad que ha tenido el país desde 1913, Integralia considera que la información sobre su “vulnerable” estado físico dadas a conocer en 2022, son dignas de atención.
Puntualiza que en caso de incapacidad o falta absoluta del Ejecutivo federal, se podrían producir vacíos de poder y pugnas internas en Morena, a pesar de que la Constitución estipula el proceso de reemplazo.
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