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Seguridad

La desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa fue un crimen de Estado: Alejandro Encinas

Anuncia que se procederá legalmente contra los responsables y que el gobierno del presidente López Obrador no va a solapar ningún abuso, violación a los derechos humanos ni injusticias

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La desaparición de los 43 estudiantes de la Normal “Isidro Burgos”, de Ayotzinapa constituyó un crimen de Estado, en el que concurrieron integrantes del grupo delictivo Guerreros Unidos y agentes de diversas instituciones de gobierno, declaró Alejandro Encinas Rodríguez, subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración.

Al presentar las conclusiones preliminares de la Comisión para la Verdad y Acceso a la Justicia, creada en 2018 por el presidente Andrés Manuel López Obrador sobre el caso ocurrido la noche del 26 al 27 de septiembre de 2014 en Guerrero, el funcionario de la Secretaría de Gobernación (Segob) informó que las autoridades federales y estatales del más alto nivel fueron omisas y negligentes, “existiendo elementos de presunción respecto de alterar hechos y circunstancias para establecer una conclusión ajena a la verdad de los hechos”.

Encinas Rodríguez aseguró que en todo momento, las autoridades federales, estatales y municipales tuvieron conocimiento de la movilización de los estudiantes, desde su salida de la Escuela Normal hasta su desaparición.

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Dijo que esas acciones, omisiones y participación permitieron la desaparición y ejecución de los estudiantes, así como el homicidio de otras seis personas.

Ante ello, el funcionario encargado del caso indicó que en ningún momento la presencia de los estudiantes en Iguala se debió a la intención de boicotear el acto de la presidenta municipal del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF).

También concluyó que el grupo delictivo actuó con un amplio número de sicarios y halcones, a partir de un mando central y al menos tres células de halcones y sicarios, con el apoyo de distintas policías municipales y agentes del estado.

Aclaró que en ningún momento existió comunicación alguna entre los estudiantes y el grupo delictivo durante los hechos, y que tras la salida de la Terminal de Autobuses de Iguala, en ningún momento los estudiantes estuvieron juntos durante su desaparición.

Alejandro Encinas confirmó la intervención de la policía de Iguala en el aseguramiento de los estudiantes en el autobús 1531, así como la presencia de policías de Huitzuco en el Palacio de Justicia en iguala y en Santa Teresa.

Asimismo, dijo que se tiene confirmada la información de que el autobús (Ecoter), sin pasaje, se trasladó hacia el estado de Morelos, librando todos los retenes establecidos, y que los mandos militares de la región no realizaron acciones para la protección y búsqueda del soldado Julio César López Patolzin.

El funcionario de la Segob precisó que a las 22:45 horas del 26 de septiembre de 2014, tras los hechos de violencia y la persecución, se dio la orden de desaparecer a los estudiantes.

Aunque constató la identificación de tres de los 43 estudiantes desaparecidos, aseguró que no hay ningún indicio de que los jóvenes estén con vida, y por el contrario, todos los testimonios y evidencias acreditan que éstos fueron arteramente ultimados y desaparecidos.

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Sin embargo, sostuvo que es necesario continuar con la búsqueda en la ribera del río Balsas y en la laguna del nuevo Balsas, en Atzcala, municipio de Eduardo Neri; en la Barranca de Tonalapa, municipio de Tepecoacuilco; en Brecha de Lobos y en el Paraje Suriana en Iguala, y en las inmediaciones de Tepeguaje.

Lo anterior, explicó Encinas Rodríguez, porque existen indicios suficientes para que la FGR inicie o continúe las indagatorias para el deslinde de responsabilidades.

Dijo que la creación de la “verdad histórica” fue una acción concertada del aparato organizado del poder desde el más alto nivel del gobierno, que ocultó la verdad de los hechos, alteró las escenas del crimen, ocultó los vínculos de autoridades con el grupo delictivo y la participación de agentes del Estado, fuerzas de seguridad y autoridades responsables de la procuración de justicia en la desaparición de los estudiantes”.

Dio a conocer que la investigación y la búsqueda de los estudiantes continúan y que corresponde a la Unidad Especializada para la Investigación y Litigación del caso Ayotzinapa de la Fiscalía General de la República (FGR) el análisis de esta información, para proceder a su judicialización, de ser necesario.

Afirmó que la Comisión encargada de este caso seguirá con sus labores de investigación, búsqueda y coadyuvancia con la Fiscalía Especial y el Grupo Interdisciplinario de Expertas y Expertos Independientes (GIEI).

Sostuvo que el gobierno del presidente López Obrador no va a solapar ningún abuso, violación a los derechos humanos ni injusticia alguna, y agregó que al difundir estas conclusiones, se busca propiciar que quienes cuenten con información contribuyan al esclarecimiento de estos hechos.

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