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La reforma eléctrica de AMLO es un obstáculo en la lucha global contra el cambio climático: CCE

El CCE advierte que de aprobarse la iniciativa presidencial, las implicaciones para el país irían de lo económico, a lo legal y ambiental

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Foto: Archivo

Además de destruir el mercado, crear un monopolio, aumentar el costo de la electricidad, afectar la economía nacional, con la eventual aprobación de la iniciativa de reforma constitucional en materia eléctrica presentada por el presidente Andrés Manuel López Obrador, México se volvería un obstáculo en la lucha global contra el cambio climático.

El 30 de septiembre pasado, el Ejecutivo federal presentó a la Cámara de Diputados una reforma a los artículos 25, 27 y 28 de la Constitución Mexicana, con la que pretende cambiar el modelo eléctrico nacional.

En el estudio “Una reforma que lastima a México. Consecuencias de una eventual aprobación de la iniciativa de reforma constitucional en materia eléctrica”, el Consejo Coordinador Empresarial (CCE) detalla las implicaciones que traería la eventual aprobación de la iniciativa presidencial.

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Detalla que la propuesta destruiría el mercado eléctrico eliminaría los tres pilares que requiere para operar, como son la Comisión Reguladora de Energía (CRE) como ente regulador; el Centro Nacional de Control de Energía (Cenace) como un operador independiente, además de la posibilidad de hacer un despacho eficiente de la electricidad.

Expone que la reforma haría de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) juez y parte en el sector, aunado a que se invertiría el orden de despacho eléctrico para privilegiar plantas sucias y caras de la empresa productiva del Estado sobre las limpias y de bajo costo, “desplazando a plantas competitivas hasta conseguir al menos 56 por ciento de la generación requerida”.

El organismo expone que la propuesta de reforma crearía, en la práctica, un monopolio, dado que en sectores que hoy están regidos por la garantía de competencia y libre concurrencia -generación, suministro y venta eléctrica- quedarían reservados al Estado y controlados por CFE.

Advierte que los generadores sólo podrían venderle su energía a la CFE al precio que ésta decida y los consumidores sólo podrían comprarle energía a la Comisión a las tarifas que la misma determine.

El CCE plantea que la iniciativa cancelaría además todos los permisos y contratos vigentes sin causa justificada, con efectos confiscatorios por 44 mil millones de dólares de inversión privada, “llevando a la quiebra a proyectos que hicieron su estructuración financiera bajos las reglas vigentes. Esto destruye la posibilidad hasta de poner paneles solares en los hogares”.

Aunado a ello, abunda, se obligaría a las plantas privadas a dejar de producir energía al momento de la publicación, pues les quitaría arbitrariamente el permiso para hacerlo.

Por todo ello, prevé cuatro implicaciones graves para México. Una de ellas es que aumentaría el costo de la electricidad, pues se privilegiaría la generación eléctrica de la CFE, que es hasta 252 por ciento más cara que la del sector privado, además de obligar a las empresas a comprar energía a CFE a precios mucho más altos, generando presiones inflacionarias.

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Señala que también se generaría un boquete en las finanzas públicas y en la economía nacional, pues sólo para la CFE implicaría un incremento del costo de suministro básico de 621 mil millones de pesos en los próximos 10 años.

Para 2031, añade, en conjunto con el subsidio eléctrico, los sobrecostos alcanzarían más de 1.4 billones de pesos acumulados.

El organismo empresarial expone que otra implicación sería la cancelación de la transición energética y México se volvería un obstáculo en la lucha global contra el cambio climático, al ir en contra de la exigencia de 85 por ciento de la población de usar más energías limpias.

Subraya que en lugar de lograr sus metas, México aumentaría sus emisiones de gas efecto invernadero en más de 46 por ciento, incumpliría sus metas de energía limpia y sus emisiones podrían incrementar en casi 50 por ciento.

Para el CCE, la iniciativa de reforma enviada por López Obrador a los legisladores sería abiertamente violatoria de las cláusulas de protección de inversiones en acuerdos comerciales, incluyendo el Tratado Comercial entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC).

De igual forma, violaría el Tratado Integral y Progresista de Asociación Transpacífico (TIPAT), los acuerdos de Asociación Transpacífico (TPP) y de Promoción y Protección Recíproca de las Inversiones (APPRIs), lo mismo que todas las cláusulas de protección de inversiones de tratados comerciales firmados por México.

También obligaría a los inversionistas a acudir a paneles internacionales, como los del T-MEC, para proteger 44 mil millones de dólares de inversión en riesgo de confiscación y expropiación indirecta.

El organismo que aglutina a empresarios del país prevé que la iniciativa privada se vería obligada a acudir a tribunales internacionales, porque el derecho de amparo no aplica ante reformas constitucionales.

Pronostica además el inicio de controversias Estado-Estado por incumplimiento de los acuerdos comerciales. “En el caso del T-MEC, la decisión del panel es obligatoria y podría traer represalias comerciales por un monto equivalente al valor perdido por los demandantes”, agrega.

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