Nayib Bukele rompe con la Comisión Internacional contra la Impunidad en El Salvador

La Organización de Estados Americanos (OEA) negó haber contratado a un exalcalde procesado penalmente en El Salvador, cuya anunciada designación como asesor motivó que el gobierno salvadoreño, de Nayib Bukele, pusiera fin a la comisión contra la corrupción acordada con el organismo regional.

La Secretaría General de la OEA, encabezada por Luis Almagro, precisó que Ernesto Muyshondt no fue contratado por esa entidad, como aseguró el viernes el gobierno de Bukele al romper el acuerdo que creó la Comisión Internacional contra la Impunidad en El Salvador (CICIES).

“Debe quedar claro que el señor Muyshondt no tuvo, no tiene y no tendrá contrato en la Organización”, dijo la oficina de Almagro en un comunicado, señalando que “solamente” se le ofreció un contrato honorario que “nunca se firmó”. 

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La secretaría acusó además a la fiscalía general de El Salvador de “asfixiamiento” a la CICIES en las últimas semanas, “cercenando completamente sus posibilidades de investigación”.

En 2019 la OEA y el gobierno de El Salvador firmaron un acuerdo para la creación de la CICIES y en diciembre de ese año la fiscalía y la nueva comisión suscribieron un convenio de cooperación y asistencia técnica para fortalecer las capacidades de la fiscalía para combatir la impunidad y la corrupción en la función pública.

Almagro anunció el jueves en Twitter que Muyshondt, exalcalde de San Salvador (2018-2021), había “acordado sumarse como asesor a la Secretaría General de la OEA”. 

Un día después, Bukele acusó a Almagro de promover la impunidad en El Salvador al nombrar a un “criminal” en su equipo, y rompió el convenio que creó la CICIES, instalada en septiembre de 2019 a pedido del gobierno salvadoreño con asistencia técnica de la OEA.

Al rechazar esta decisión, la Secretaría General de la OEA acusó el lunes al gobierno de Bukele de tomar acciones para “impedir avances” en las denuncias de corrupción en su contra y de “procurar inducir” a la CICIES a investigar “exclusivamente” a políticos de la oposición.

La oficina de Almagro destacó “el asfixiamiento” de la fiscalía general a la CICIES en las últimas semanas, “cercenando completamente sus posibilidades de investigación”.

La decisión de acabar con la CICIES ocurre en momentos que la OEA y buena parte de la comunidad internacional cuestiona a Bukele por tratar de concentrar el poder con ayuda de la Asamblea Legislativa, que el mes pasado destituyó a un grupo de magistrados y al fiscal general.
Muyshondt enfrenta un proceso penal desde febrero de 2020.

Es acusado de reunirse con líderes pandilleros antes de las elecciones presidenciales de 2014 para negociar, presuntamente mediante el pago de dinero, el voto de esos grupos delictivos en los comicios.

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El exalcalde del partido Arena, quien siempre negó haber negociado con grupos criminales, fue detenido el viernes señalado de delitos relacionados con la hacienda pública y permanece en un calabozo de la policía. El opositor se declaró “preso político” al momento de su arresto.

El viernes pasado, Ricardo Zúñiga, el Enviado Especial del Departamento de Estado estadounidense para el Triángulo Norte, dijo en una llamada con periodistas que “lamentaba” la decisión de El Salvador de suspender el convenio con la CICIES y que Estados Unidos analizaría el tema.

“La lucha contra la corrupción es realmente una parte esencial a la hora de crear condiciones para que los ciudadanos prosperen,” dijo Zúñiga. “Examinaremos esta decisión y determinaremos la mejor manera en que podemos usar nuestros recursos y nuestro apoyo para apoyar esfuerzos para mejorar la gobernanza en El Salvador.