Senadores de Morena exigen al gobierno de AMLO cuidar a los candidatos del crimen en la elección de 2021

La senadora de Morena, Nestora Salgado García se sumó al llamado para que las autoridades de los tres órdenes de gobierno, en coordinación con el Instituto Nacional Electoral (INE), emprendan acciones para la protección de las y los candidatos que contenderán por los más de 21 mil cargos de elección popular, el próximo 6 de junio de 2021.

La legisladora de Morena consideró necesario prevenir amenazas, agresiones y asesinatos en contra de quienes contienden en el proceso electoral, así como garantizar su integridad, evitar la violencia política por razón de género y sancionar a los responsables de dichos actos.

En un punto de acuerdo de acuerdo que presentó en el Senado, Salgado García refirió que al menos once aspirantes a puestos de elección popular fueron asesinados, previo al inicio de las campañas del proceso electoral 2020-2021: nueve competirían para alcaldías, uno al cargo de diputado local y uno más para regidor.

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El 9 de abril de 2021, la secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana, Rosa Icela Rodríguez Velázquez, informó que en las actuales campañas electorales, el gobierno federal ha atendido a 117 candidatos a un cargo de elección popular que fueron amenazados o agredidos.

Al dar un avance de la Estrategia de Protección en el Contexto Electoral, aseguró que las autoridades de los tres niveles de gobierno trabajan para salvaguardar la seguridad en el proceso comicial y que no decida el crimen organizado.

“No se doblegará a la democracia, que el que decida sea el pueblo y no las organizaciones criminales”, expuso la funcionaria en la conferencia matutina del presidente Andrés Manuel López Obrador.

Nada más por estos atentados, detalló, Morena suma cuatro personas fallecidas, el PAN tiene tres, el PRI dos y el PRD uno. Destacó que la mayoría de dichos ataques ocurrieron en Veracruz y Guerrero.

Guerrero, agregó, es uno de los estados con mayor incidencia delictiva, con más complicaciones en lo político, en lo económico y lo social, pero también es la segunda entidad con mayor número de asesinatos y amenazas en contra de quienes aspiran a un cargo de elección popular.

“La violencia -asentó la senadora- es una de las expresiones que más dañan a la democracia y los atentados contra las personas en un espacio de participación política afectan el tejido social”.

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Por ello, el contexto nos obliga a actuar para evitar más asesinatos, garantizar que el proceso electoral se desarrolle con total normalidad, bajo estrictas medidas de seguridad; incluso, es fundamental levantar la voz y exigir la investigación de los ataques para dar con los responsables.

La senadora refirió que, durante el proceso electoral 2018, se registraron 774 agresiones contra políticos y 429 contra funcionarios no electos. De esta cifra, 152 políticos fueron asesinados, 48 eran precandidatos o candidatos a puestos de elección y 371 se desempeñaban como funcionarios.