Empresarios chihuahuenses pierden 65 mdd por los litigios en contra de la reforma eléctrica

CHIHUAHUA, Chihuahua. A la fecha en la entidad, el costo en litigios por la cancelación de contratos y permisos por la modificación a la Ley de la Industria Eléctrica, recién publicada en el Diario Oficial de la Federación, asciende a 65 millones de dólares.

Así lo informó Víctor Gómez, titular de la Comisión de Energía de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) en Chihuahua, quien señaló que las empresas trabajan en la búsqueda de los tiempos legales y los procedimientos correctos.

“Por ello ahorita no podemos revelar quiénes ya van a proceder, hasta que las mismas lo den a conocer. Lo que podemos asegurar es que va a costar muchísimo, pues hemos calculado más de 65 millones de dólares en litigios”, refirió.

Respecto a la reforma, consideró que México está viviendo un retroceso importante, en el entendido de que lejos de buscar alternativas alineadas a los nuevos requerimientos, “estamos optando por energías más contaminantes y menos competitivas”.

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“La Ley de la Industria Eléctrica, que vamos a llamarla por lo que es, la ley al uso del gasóleo, busca fortalecer la ocupación de este recurso, que al no ser competitivo en los mercados, el gobierno de México busca quemarlo para generar electricidad”, expuso.

Esto, abundó, además de los litigios, va a tener una repercusión directa en el aumento en las tarifas eléctricas, así como una consecuencia global, pues el país va a ser aislado como uno de los que contaminan el medio ambiente, tal como lo especificó la Cámara Internacional de Comercio (ICC) de México.

Refirió que esta agrupación señala que si no se deroga la reforma a la ley que entró en vigor este miércoles, México podría perder su estatus como principal proveedor de Estados Unidos comparado con China, derivado de las consecuencias de la reforma en el sector energético.

Previó que habrá muchos amparos y el país estará involucrado en arbitrajes internacionales, pues además de que se violan los tratados del ramo ecológico y de derechos humanos, se incurre en faltas anticonstitucionales.

Víctor Gómez señaló que en materia de afectaciones, no sólo serán las demandas por millones de dólares, el perjuicio ecológico para el planeta o las afectaciones sociales por el aumento en un servicio indispensable, pues también están los problemas económicos.

“Esto viene a restar competitividad al país, viene a generar una mala imagen para la inversión extranjera y estamos mandando el mensaje equivocado para los empresarios e inversionistas internacionales”, puntualizó.