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Política

No defendemos la corrupción, cuando pedimos la continuidad de los fideicomisos: Alianza Federalista

Los gobernadores de la Alianza Federalista se oponen “categóricamente a que el Gobierno Federal se apropie de la totalidad del patrimonio de 109 fideicomisos”

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Los gobernadores amagan con presentar una controversia constitucional. / Foto: Cuartoscuro

Los gobernadores de la Alianza Federalista se pronuncian de nuevo en contra de que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) “recoja” los recursos de 109 fideicomisos federales desaparecidos por los diputados de Morena.

A través de un comunicado de la Alianza Federalista los 10 mandatarios que la conforman demandan que si hay casos de corrupción se persigan de oficio y se detenga a quienes los cometieron y aseguran que “la legislación no sanciona con la extinción de fideicomisos conductas punibles por actos de corrupción”.

En respuesta a la postura del presidente Andrés Manuel López Obrador en el sentido de que “se refirió en forma insidiosa a quienes se oponen a la extinción de 109 fideicomisos, en particular a la comunidad de científicos, investigadores y defensores de derechos, así como a los integrantes de la Alianza Federalista de Gobernadores” al señalar que “están defendiendo la corrupción, así de claro, porque estos fideicomisos no tenían ningún control”.

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Ante esa respuesta del mandatario federal señalaron que sorprenden dos cosas, la primera de ellas es que “todos estos fideicomisos son auditables desde el 2015 y cuentan con reglas y controles rigurosos; segundo, ¿desde cuál calidad moral el Gobierno de la República puede hablar en serio del combate a la corrupción cuando éste sólo se reduce al escarnio público y su manejo mediático con propósitos electorales?”

Es por eso que los gobernadores de Aguascalientes, Coahuila, Colima, Chihuahua, Durango, Guanajuato, Jalisco, Michoacán, Nuevo León y Tamaulipas, a través del Secretariado Técnico de la Alianza, sostienen que la legislación vigente sólo prevé la extinción de fideicomisos cuando éstos se constituyan en fraude a terceros, pero no existe sanción alguna, sea de tipo administrativo o penal, que castigue con la extinción de un fideicomiso conductas tipificadas que pudieran ser consideradas como corruptas, como tampoco existe el tipo penal de corrupción.

“Sería desproporcionado que se sancione al objeto y beneficiarios de un fideicomiso por conductas imputables a personas. Por eso la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito sólo consigna la extinción del fideicomiso cuyo objeto sea en sí mismo fraudulento. Y, en todo caso, la mayoría de los fideicomisos bajo asechanza son responsabilidad de la rectoría del Gobierno Federal desde diciembre del 2018 y, de existir conductas punibles, la acción legal no le es optativa, sino obligada”, detalla el documento.

Por tal motivo como Alianza Federalista se oponen “categóricamente a que el Gobierno Federal se apropie de la totalidad del patrimonio de 109 fideicomisos. La Alianza Federalista categóricamente niega defender la corrupción que pudiera presentarse en cualquier fideicomiso y que, de haberla, debe ser acreditada bajo el debido proceso de ley”.

Aseguran que ellos combaten las reformas que pretenden extinguir legislativamente 109 fideicomisos y, de ser aprobadas por el Senado, lo hará por vía de la Controversia Constitucional, “por lo que el ciudadano presidente expresamente sostuvo en la ‘mañanera’ de este 14 de octubre. Lo que está haciendo (Hacienda) es recoger ese dinero porque estaba siendo mal utilizado y porque había corrupción”, aseguraron.

Los gobernadores aseguran que independientemente de cómo se llame esta media el hecho de “recoger o confiscar, el Estado se apropia de la totalidad del patrimonio de 109 personas jurídicas; cuando nadie puede ser privado de sus bienes y derechos sin juicio con las formalidades esenciales del procedimiento y conforme leyes expedidas con anterioridad al hecho”.

Agregan que a través de esta acción expresamente el Presidente reconoce que se busca ‘recoger’ el dinero de los fideicomisos antes de su extinción, la cual queda sujeta a que las secretarías de Hacienda y Crédito Público y de la Función Pública dicten las reglas a aplicarse en un futuro indefinido, cuando la propia ley de la materia prevé —y la lógica aconseja— que la disposición de los bienes o derechos del fideicomiso sea consecuencia de su extinción, no previa”, detalla.

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Tras lo cual cuestionan sobre ¿qué consecuencias y responsabilidades derivarán cuando finalmente se extingan en los hechos y conforme a derecho los fideicomisos, y sus bienes y derechos no existan más para ser transmitidos por haber sido “recogidos” por mandato de un cuestionable artículo transitorio?

Por eso hacemos un atento pero puntual llamado al Senado de la República y lo extendemos a todos los posibles e innúmeros afectados con la posible extinción legislativa de los fideicomisos y el “recogimiento” de sus bienes y derechos, para que impidamos que esta reforma se convierta en daño irreversible”.

Víctor Ramírez |Organización Editorial Mexicana