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Baja California

Empresarios quieren juicio político contra diputados que aprobaron Ley Bonilla

La Coparmex de Baja California anunció que dará seguimiento a todos los recursos legales presentados en contra de la XXII Legislatura del estado que aprobó ampliar el mandato de Jaime Bonilla a cinco años

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juicio político Ley Bonilla
Toma de protesta de Jaime Bonilla Valdez como Gobernador de Baja California en el Pleno del Congreso del estado. Crédito: Omar Martínez /CUARTOSCURO

TIJUANA, Baja California. Existe en Baja California una demanda de juicio político en contra de los diputados locales que aprobaron la modificación en la ley para ampliar la gubernatura de Jaime Bonilla Valdez, de dos a cinco años.

El cambio a la ley terminó en una acción de inconstitucionalidad, declarada por el pleno de los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).

Los presidentes de la Coparmex en los municipios del estado anunciaron que darán seguimiento a los recursos legales presentados contra la XXII Legislatura que aprobó la llamada Ley Bonilla, ahora que fue declarada inconstitucional.

Roberto Rosas Jiménez, líder de los empresarios en Tijuana, sostuvo que sí podría haber un castigo para los diputados que aprobaron la Ley Bonilla con el fin de ampliar la gubernatura del mandatario.

“Con esta resolución vamos a tener oportunidad de que se desahoguen estos recursos que interpusimos”, señaló Rosas.

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Jaime Bonilla fue electo para gobernar Baja California del 1 de noviembre de 2019 al 31 de octubre de 2021. Sin embargo, fue en julio de 2019 cuando los diputados aprobaron un cambio a la Constitución del estado (artículo octavo transitorio) que ampliaba su mandato a cinco años.

Ante esta situación, la Coparmex solicitó al Congreso del estado llamar a los representantes a juicio político.

Ernesto Elorduy Blackaller, presidente de Coparmex Mexicali, dijo que con la decisión de la SCJN de declarar inconstitucional la Ley Bonilla, hay un compromiso para respetar los derechos humanos de los bajacalifornianos, así como la separación de poderes.

Sin separación de poderes no habría sido posible la decisión. Lo que vivimos durante el año pasado fue un gran fraude constitucional; la suma de todas las acciones que vivimos constituyen un fraude post electoral. Damos gracias que se le puso fin a este asunto”.

La Coparmex iniciará un análisis con asesoría de abogados para valorar si los diputados de la legislatura actual tienen responsabilidad al ratificar la iniciativa.

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Estos son los diputados que conformaron la XXII Legislatura de Baja California y a los que Coparmex pretende llevar a juicio político:

1. José Félix Arango Pérez, distrito IV, Mexicali. (PAN) 

2. Irais María Vázquez Aguiar, distrito XI, Tijuana. (PAN)

3. Raúl Castañeda Pomposo, distrito XII, Tijuana. (PAN)

4. Andrés de la Rosa Anaya, distrito V, Mexicali. (PAN)

5. Ignacio García Dworak, distrito XVII, Rosarito. (PAN)

6. Mónica Hernández Álvarez, distrito IX, Tijuana. (PAN)

7. Miguel Antonio Osuna Millán, distrito X, Tijuana. (PAN)

8. Eva María Vázquez Hernández, distrito II, Mexicali. (PAN)

9. Sergio Tolento Hernández, distrito VI, Mexicali. (PAN)

10. María Trinidad Vaca Chacón, distrito I, Mexicali. (PAN)

11. Alfa Peñaloza Valdez, distrito VII, Tijuana. (PAN)

12. Carlos Alberto Torres Torres, distrito XIII, Tijuana. (PAN)

13. Alejandro Arregui Ibarra, distrito XV, Ensenada. (PRI)

14. Marco Antonio Corona Bolaños Cacho. (PRI)

15. Édgar Benjamín Gómez Macías, distrito VII, Tecate. (PRI)

16. Bernardo Padilla Muñoz, distrito XVI, Tijuana. (PRI)

17. Blanca Patricia Ríos López. (PRI)

18. Victoria Bentley Duarte, distrito III, Mexicali. (Morena)

19. Víctor Manuel Morán Hernández. (Morena)

20. Catalino Zavala Márquez. (Morena)

21. José Antonio Casas del Real. (Transformemos)

22. Jorge Eugenio Núñez Lozano. (PBC)

23. Claudia Josefina Agaton Muñíz. (PT)

24. Rocío López Gorosave (independiente)

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Recursos legales contra Ley Bonilla

Finales de febrero, marzo y abril 2019. Se publicaron y presentaron diversos comunicados en defensa del estado de derecho.

16 de mayo de 2019. Se presentó una denuncia de juicio político ante el Congreso del Estado de Baja California contra Leobardo Loaiza Cervantes y Jaime Vargas Flores, en su carácter de magistrados del Tribunal de Justicia Electoral del Estado.

28 de mayo de 2019. Se presentó denuncia de juicio político ante el Senado de la Repùblica contra los magistrados Leobardo Loaiza Cervantes y Jaime Vargas Flores en su carácter de magistrados del Tribunal de Justicia Electoral del Estado.

13 de agosto 2019. Se presentó juicio político contra 21 diputados de la XXII Legislativa, por haber aprobado la modificación de la reforma constitucional que ampliaba la gubernatura de Jaime Bonilla, de dos a cinco años.

27 de agosto de 2019. Se presentó un Juicio para la Protección de los Derechos Político Electorales del Ciudadano contra la aprobación de la consulta ciudadana emitida por el Congreso del Estado de Baja California, ante el Tribunal Electoral Estatal. El tribunal se declaró incompetente y remitió el asunto a la Sala Superior del Tribunal Federal Electoral.

30 de agosto de 2019. Se presentó amparo indirecto por omisión e incumplimiento de plazos ante el Juzgado de Distrito, a efecto de obligar al Congreso del Estado a que publique la reforma constitucional que modifica el periodo de gubernatura de dos a cinco años.

Noviembre de 2019. se presentaron ante el Tribunal de Justicia Electoral de Baja California (TJEBC) juicios para la protección de los derechos político electorales en contra de la ampliación del periodo de mandato del gobernador Jaime Bonilla Valdez. Asimismo, se presentaron demandas de amparo en contra de la publicación de la reforma ante juzgados de distrito de Mexicali, Tijuana y Ensenada.

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