Un decreto de AMLO trazó la ruta para la compra de los ventiladores al hijo de Manuel Bartlett

“A río revuelto ganancia de pescadores”, reza el dicho popular y eso es lo que lamentablemente está sucediendo en México en los procesos por decreto de adquisición, venta, suministro y distribución de equipo y material médico para atender la pandemia coronavirus (Covid-19).

En época de crisis y más siendo sanitaria, la ley de la oferta y la demanda no puede ser la única regla económica que establezca los precios de los productos y servicios, ya que de no intervenir el Estado en su carácter regulador se pueden presentar abusos y excesos por la necesidad del consumidor. 

Más aún, si es el Estado el que requiere adquirir esos servicios y productos, debe hacerlo a través de procesos transparentes, imparciales y bajo precios competitivos, que normalmente son más bajos que los que se ofrecen en el mercado, en razón de la utilidad pública a los que se asignan.

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El decreto de Andrés Manuel López Obrador publicado el 27 de marzo de 2020 en el Diario Oficial de la Federación (DOF) establece las medidas extraordinarias para hacer frente a la emergencia sanitaria.

En el segundo artículo del decreto se señala que “la Secretaría de Salud podrá 

adquirir todo tipo de bienes y servicios, a nivel nacional o internacional, entre los que se encuentran, equipo médico, agentes de diagnóstico, material quirúrgico y de curación y productos higiénicos, así como todo tipo de mercancías y objetos que resulten necesarios para hacer frente a la contingencia, sin necesidad de llevar a cabo el procedimiento de licitación pública”

Las adquisiciones pueden por las cantidades o conceptos necesarios para afrontarla sin importar y autorizar la importación, así como si es  en el territorio nacional de los bienes y servicios citados en la fracción anterior.

El decreto del presidente Andrés Manuel López Obrador autorizó a sus entidades y organismos, así como los gobiernos estatales adquirir por adjudicación o contratación directa los bienes y servicios médicos señalados, sin seguir un proceso de concurso público. 

Si bien este proceso es válido, necesario y justificado en su aplicación, más en esta época, tiene sus límites y directrices.

La regla fundamental en un proceso de adjudicación directa es elegir la opción que garantice la economía, eficacia, eficiencia, imparcialidad y honradez.

Cada dependencia gubernamental tiene Manuales de Procedimientos para este tipo de adjudicaciones y específicamente el de la Secretaría de Salud indica que su propósito es establecer los criterios “que permitan garantizar al Órgano Desconcentrado las mejores condiciones de costo, calidad, funcionalidad, suministro y oportunidad”.

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Es en este momento cuando más control y vigilancia debe existir en el manejo de los recursos públicos y en las operaciones entre particulares, debiendo sancionarse severamente a las empresas y comerciantes que están lucrando con el dolor ajeno al inflar desmesuradamente los precios de servicios y productos médicos, volviendo inaccesible el servicio médico y no permitiendo una compra de volúmenes mayores por los altos precios.

La mano reguladora y sancionadora del Estado ha desaparecido tristemente en este tema y, por el contrario, se ha vuelto cómplice y socio de tales atropellos en muchos casos, como los que señalo a continuación.

El primero de ellos sucedió el 30 de marzo de 2020 con la firma de un contrato entre el IMSS y la empresa Levantig Global Servicios para comprar 2 mil 500 ventiladores por 93 millones de dólares (un precio aproximado de 930 mil pesos por ventilador).

El propietario de dicha empresa resultó ser un mexicano residente en Estados Unidos (Baldemar Pérez Ríos), quien había sido testaferro en un fraude millonario de una compañía fantasma que engañó a inversionistas estadounidenses. Por ese delito fue inhabilitado para desempeñarse como funcionario o director de cualquier empresa emisora de valores en junio de 2017.

No es justificable en un proceso de adjudicación directa, por más urgente que sea, dejar de verificar la legalidad de la empresa contratante ni la calidad de sus socios, máxime cuando existe una inhabilitación de contratación sancionada legalmente.

El otro caso sucedió el 17 de abril de 2020, cuando el IMSS en el Estado de Hidalgo asignó a Cyber Robotics Solutions, empresa propiedad de León Manuel Bartlett Álvarez, hijo de Manuel Bartlett Díaz actual titular de la Comisión Federal de Electricidad, un contrato de 30 millones de pesos de pesos por 20 ventiladores respiratorios. Es decir cobró un  millón 550 mil pesos por ventilador, que constituye un precio excesivo considerando todas las demás contrataciones de este tipo realizadas desde que empezó esta emergencia sanitaria. 

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El IMSS pagó 880 mil pesos por un ventilador de similares características a otro proveedor (Conduit Life), que es importado de Eslovaquia, siendo que el de Cyber Robotics Solutions es nacional y no requiere de gastos y procesos de importación.

En otras contrataciones parecidas de ventiladores respiratorios, los precios de compra rondan entre 880 mil pesos y  900 mil pesos, por lo que en el caso de Cyber Robotics Solutions existe un claro incumplimiento al proceso de adjudicación directa al no justificarse un precio de oportunidad o al menos razonable. 

Hay un marcado contubernio entre los contratantes (empresa y gobierno) para elevar el precio inmisericordemente a costa del presupuesto público, que es dinero de los contribuyentes.

El parentesco entre el empresario y el actual titular de la CFE tiñen de parcialidad el proceso de contratación y lo envuelven en un entorno falto de honradez, ética y moralidad, por decir lo menos. 

Esta misma empresa Cyber Robotics Solutions ya había obtenido durante la Administración de AMLO una asignación de contrato para el mantenimiento de un robot utilizado para cirugías.

Lo más penoso e increíble de este asunto, no es que León Manuel Bartlett Álvarez y el IMSS traten de defender lo indefendible, sino que aquél lo hizo acusando al gobierno de la Ciudad de México de haber hecho una compra similar en precios a una empresa llamada Nudomi S.A. DE C.V.

Claudia Sheinbaum explicó que dicha operación no es comparable a la de Cyber Robotics Solutions, exponiendo razonamientos que quizá bajo una lupa más aguda también caerían en el mismo lodazal.

No se puede ni se debe traficar ni negociar con el dolor humano ni con los recursos públicos. No hay nada más vil que servirse del dolor y vida ajenos. 

Para todos los que están ensuciándose las manos en estos procesos, no encuentro un apelativo acorde a sus acciones, solo exijo la imposición de sanciones más severas que las que corresponden a cualquier criminal del orden común, por la gravedad de la situación que vivimos.