AMLO no respeta las reglas democráticas al cancelar la planta de Constellation Brands: CCE

La decisión del gobierno de Andrés Manuel López Obrador de negar los permisos a la empresa Constellation Brands para continuar con la construcción de su planta cervecera en Mexicali  es una pésima señal hacia la sociedad y al mundo de que las reglas democráticas no se respetan en México, advirtió el Consejo Coordinador Empresarial (CCE).

“La democracia tiene reglas: la empresa había cumplido con todos y cada uno de los permisos y obligaciones que el Estado le solicitó, y no existe ninguna razón que justifique la cancelación de la obra ni la inversión”, manifestó el organismo a cargo de Carlos Salazar Lomelí.

Según el organismo cúpula, la cancelación de la planta de Constellation Brands  viola el Tratado de Libre Comercio de América del Norte y el futuro T-MEC.

Se trata de una inversión privada y extranjera, que tenía todos sus permisos en regla y  estaba en proceso avanzado de concluirse, recordó.

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Frenar una inversión de mil 400 millones de dólares, como lo hizo Constellation Brands, es arbitraria, autoritaria y unilateral, así como violenta la legalidad y el estado de derecho,  daña a la comunidad y a los trabajadores, dice el CCE.

El gobierno federal de Andrés  Manuel López Obrador está empeñado en destruir la posibilidad de generar confianza a los inversionistas nacionales y extranjeros, lo que finalmente afectará a la población más vulnerable de nuestro país, que tendrá menos acceso a oportunidades de empleo y bienestar, expresó.

Adicionalmente, la discusión sobre el uso del agua en Mexicali ha sido manipulada con datos incorrectos por parte de activistas y autoridades mal intencionadas, reveló el Consejo Coordinador Empresarial.

La planta en cuestión utilizaría sólo el 0.2 por ciento de los recursos hídricos de la localidad, y además cuenta con mecanismos para tratar y devolver el agua utilizada, para uso agrícola.

Desde 2017, Constellation Brands invierte mil 400 millones de dólares en una planta de cerveza en Mexicali. Pero una serie de protestas han detenido la obra y retrasado su apertura hasta 2021.

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La Asociación Colectivo Plebiscito Estatal reunió más de 20 mil firmas para frenar la edificación de la planta cervecera, porque la falta de agua pone en riesgo la vida en Mexicali. Y son un grupo detrás de la consulta ciudadana para frenar la construcción de la planta.

Jaime Bonilla, gobernador de Baja California declaró que apoya el proyecto de Constellation Brands, ya que la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) realizó un estudio en el que se afirma que hay suficiente agua para la operación de la transnacional que produce cerveza.

“La recomendación conceptualiza las violaciones del derecho humano al agua bajo tres vertientes: En primer lugar, la ausencia de un marco adecuado y efectivo, tanto en el ámbito federal, así como como en el estatal, encaminado a garantizar el acceso prioritario al agua para el consumo personal y doméstico dentro de la figura de uso público urbano”, comentó la CNDH.

Para evitar daños a los agricultores de Mexicali, la CNDH recomendó conjuntamente a Jaime Bonilla Valdez y a la directora de la Conagua elaborar un protocolo para la evaluación de factibilidad del suministro de usuarios industriales con alto consumo por parte de las comisiones estatales de servicios públicos.

“La supuesta consulta realizada el fin de semana no tuvo ningún sustento jurídico; se realizó sin ninguna de las previsiones que marca la ley para consultar a la ciudadanía, y de ninguna manera puede ser vinculante”, declaró el CCE.

Sin ninguna garantía de neutralidad ni objetividad, sólo consiguió la participación de un porcentaje menor al 5 por ciento de los ciudadanos. Peor aún, se realizó en un contexto que atenta contra la política de la sana distancia, en el que a la vez se pedía a las personas no salir de sus casas a fin de evitar la propagación del COVID-19.

En ningún lugar del mundo, un ejercicio tan minoritario y sin ninguna garantía legal, puede decidir sobre el futuro económico de toda una región y afectar a miles de trabajadores actuales y potenciales.

Las consecuencias de esta decisión no sólo afectarán a los habitantes de Mexicali, sino al país entero.

“La señal que manda México al mundo es que aquí no se respeta la ley, y que no existe garantía alguna para quienes busquen invertir, generar empleo y desarrollo en nuestro país”, agregó.