La pesca ilegal continúa representando un problema recurrente en la Bahía de La Paz, Baja California Sur, pese a los operativos conjuntos que realizan organizaciones civiles y autoridades ambientales federales.
De acuerdo con información proporcionada por la Red de Observadores Ciudadanos, aunque la actividad ilícita ha disminuido en comparación con años anteriores, aún existen embarcaciones que operan sin permisos o utilizando métodos prohibidos dentro de zonas naturales protegidas.
El director operativo de la Red de Observadores Ciudadanos, Alberto Guillén, explicó que la agrupación mantiene recorridos constantes en colaboración con dependencias federales como la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) y la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (Conanp), lo que ha permitido identificar zonas y embarcaciones reincidentes.
“Nosotros hacemos recorridos a lo largo de la semana y cuando conseguimos información suficiente que sea de utilidad a la autoridad es que ellos logran hacer recorridos operativos para atender el caso. La pesca ilegal es algo que no para. Hemos logrado disminuirla y a veces detenerla un poco a lo largo del año, porque con nuestra presencia inhibimos su actividad”, expresó Guillén.
El director añadió que, aunque la cantidad de embarcaciones dedicadas a la pesca ilegal ha bajado, los responsables suelen renovar su equipo o modificar su forma de operar para evadir los controles.
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Explicó que los pescadores ilegales suelen actuar de manera organizada, contando con compradores que financian sus salidas al mar y facilitan la comercialización del producto obtenido sin permisos.
“Ellos tienen quien los patrocina, quien les financia los gastos para salir a pescar. Le entregan a esa persona que posiblemente tiene pescaderías o bodegas, y como compran producto legal e ilegal, lo mezclan para poderlo facturar. A sus clientes los engañan porque sí les dan factura, pero el producto está revuelto”, detalló el representante de la red.
Guillén puntualizó que la red de comercio ilegal se mantiene activa debido a la demanda y a la posibilidad de introducir los productos al mercado mezclados con capturas autorizadas. Entre las especies más afectadas por esta práctica se encuentran el pepino de mar y la langosta, que requieren permisos especiales y son capturadas en zonas prohibidas durante la noche.
De acuerdo con datos de la Profepa, en lo que va del año se han realizado diversos aseguramientos de embarcaciones y productos marinos en Baja California Sur, principalmente en operativos realizados con apoyo de organizaciones ambientales y cuerpos de seguridad.
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La autoridad federal informó que cuando los pescadores ilegales son detenidos, se les levanta un acta administrativa y se procede al aseguramiento del producto y de los bienes empleados en la actividad. La Red de Observadores Ciudadanos ha identificado actualmente a dos embarcaciones que operan de manera recurrente en la Bahía de La Paz.
Una de ellas zarpa desde la zona de El Saltito y realiza actividades cercanas a la isla Cerralvo, mientras que la otra parte desde San Juan de la Costa y mantiene su base en la colonia Inalámbrica. En ambos casos, las maniobras se realizan principalmente durante la noche, cuando las condiciones dificultan la vigilancia marítima.
En cuanto a las embarcaciones camaroneras que ingresan a zonas prohibidas, Guillén recordó que cada año se detectan intentos de operar dentro de la Bahía de La Paz pese a la restricción establecida.
Explicó que algunos barcos, como el caso del denominado 200 millas, aprovechan las condiciones climáticas adversas para realizar arrastres ilegales, lo que representa un riesgo para los ecosistemas marinos y las especies protegidas.
La Red de Observadores mantiene comunicación constante con las autoridades para coordinar operativos en los puntos donde se ha detectado actividad ilícita.
Guillén indicó que la mayoría de los pescadores ilegales identificados son residentes locales que actúan de manera independiente o en grupos reducidos, aunque algunos reciben apoyo logístico o económico de intermediarios que se encargan de distribuir el producto en el mercado.
Además de la vigilancia marítima, la organización realiza labores de educación ambiental entre prestadores de servicios turísticos y pescadores, con el objetivo de fomentar el respeto a las regulaciones y promover la denuncia ciudadana.
Guillén subrayó que la colaboración con los habitantes costeros ha sido fundamental para atender reportes de pesca ilegal y de otras incidencias ambientales, como el rescate de fauna marina.
Raúl Rodriguez De León | El Sudcaliforniano