El Ministerio Público de la Federación investiga los vínculos que ocho empresarios implicados en el caso de huachicol fiscal en la Marina tienen con el Cártel del Golfo y el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).
Los ocho, encabezados por Roberto Blanco Cantú “El señor de los buques”, están presuntamente respaldados por estos cárteles no sólo en el delito de huachicol fiscal, también tráfico de armas, según indaga la Fiscalía General de la República (FGR).
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“La Fiscalía investiga a por lo menos ocho personas, mismas que adujo se encuentran vinculadas a una organización criminal que incluso presenta vínculos con grupos criminales bien establecidos como es el ‘Cártel del Golfo’ y ‘Cártel de Jalisco Nueva Generación’, así como empresas fachada con documentación aduanal manipulada y en rutas marítimas internacionales, encontrándose relación con la comisión de, entre otros, delitos en materia de Hidrocarburos y de la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos”, apunta la carpeta de investigación FED/FEMDO/FEITA-TAMP/000464/2025.
Dichos vínculos fueron expuestos por el Ministerio Público de la Federación al señalar el riesgo de que, tras su eventual detención, los empresarios puedan darse a la fuga debido a su capacidad económica o representar un riesgo para las prisiones de baja seguridad, por lo que pidieron internarlos en el penal de máxima seguridad de Almoloya de Juárez, conocido como El Altiplano, en el Estado de México.
Los ocho empresarios investigados, junto a ‘El señor de los buques’, son Brenda Mariela Salas Ramírez, José Isabel Murguía Santiago, José Ramírez Guardado, José René Tijerina Mendoza, Gustavo de Jesús Guillén Chávez, Anuar González Hemad y Héctor Manuel Portales Ávila. Al menos tres de ellos: Portales Ávila, Murguía Santiago y González Hemad, ya se encuentran detenidos.
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En esta lista de accionistas figura Blanco Cantú, dueño de la empresa Mefra Fletes, empresa que tiene operaciones en 15 estados del país; González Hemad, exjuez de Distrito inhabilitado y vinculado con el caso de Los Porkys, y Murguía Santiago, hermano del exalcalde de Teuchitlán, detenido por el caso del Rancho Izaguirre, en Jalisco.
Además, según relata el juez en la orden de aprehensión librada contra los ocho empresarios a raíz de la investigación de la FGR mencionada, estos accionistas han estado involucrados no solo con huachicol fiscal, también en tráfico de armas de fuego de alto calibre como granadas, lanza granadas y cartuchos que entregan a miembros del crimen organizado.
“Se presenta denuncia contra un grupo de delincuentes que opera en total impunidad y con apoyo de las autoridades aduanales, así como autoridades Federales, Estatales y Municipales para el ingreso de armamento bélico de alto calibre que dota a todas las organizaciones criminales del país, ese armamento llega al puerto de Tampico proveniente de los Estados Unidos de Norteamérica en buques en donde además ingresan hidrocarburo”, se lee en la carpeta de investigación.
Según los documentos consultados por El Sol de México, el Ministerio Público de la Fiscalía General de la República (FGR) tardó más de tres años en judicializar esta investigación por huachicoleo fiscal en el estado de Tamaulipas, a pesar de recibir una primera denuncia desde el 28 de enero de 2022.
De acuerdo con la carpeta de investigación integrada por la Fiscalía Especial en Investigación de Terrorismo, Acopio y Tráfico de Armas de la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada de la FGR, la querella fue abierta este año, en marzo de 2025, por el delito de posesión ilícita de hidrocarburos en contra de las ocho personas mencionadas.
La orden de detención contra estos empresarios fue por el delito de posesión ilícita de hidrocarburos, específicamente, de un millón 854 mil litros de gasolina y 580 mil litros de diésel.
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“Fungen como accionistas y/o representantes legales de la moral ‘MEFRA FLETES’, empresa que tiene entre sus actividades la importación de hidrocarburos, específicamente gasolinas y diésel, empero para evitar los impuestos especiales, las declaraban como aceites y lubricantes, esto en complicidad con la Aduana del Puerto de Altamira, Tampico”, añade el documento.
El Cártel del Golfo y el CJNG no son los únicos grupos criminales detrás del huachicol fiscal en México, pues según investigaciones de la FGR, también existen elementos de prueba que vinculan al Cártel de Sinaloa en las operaciones con el fin de introducir cocaína al país.
Dicha información consta en una prueba integrada en otra investigación, la que dio a conocer la FGR el domingo pasado para indagar a 14 personas, entre ellas los hermanos Farías Laguna, altos mandos de la Secretaría de Marina señalados como operadores claves de la red de huachicol en Tamaulipas.
Estos marinos presuntamente operan en colusión con los empresarios mencionados para llevar a cabo la red de huachicol en México, que según las investigaciones, tiene presencia en al menos cuatro entidades del país: Tamaulipas, Colima, Sonora y Ciudad de México.
Aldo Canedo y Marcos Muedano Hernandez | El Sol de México