A poco más de seis años de la explosión en Tlahuelilpan,, el huachicoleo mantiene un incremento exponencial, advierte la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) en su informe especial sobre el incendio que dejó 137 fallecidos.
“Dado que está ampliamente documentado y acreditado el incremento exponencial en las tomas clandestinas y el robo de combustible, es necesario que Pemex aumente sus recursos humanos y materiales para reforzar y modernizar los procedimientos y mecanismos empleados en la vigilancia de los ductos, instalaciones y equipos de asignatarios, permisionarios, contratistas o distribuidores”, dice el Informe Especial con motivo del incendio de una toma clandestina en ductos de distribución de hidrocarburos propiedad de Petróleos Mexicanos, ocurrida el 18 de enero de 2019, en Tlahuelilpan, Hidalgo.
El documento, publicado ayer, también señala que no se han tomado medidas para reparar el daño ambiental en la zona ni dado seguimiento médico y psicológico a las víctimas.
En enero pasado, en el marco del sexto aniversario de la explosión, El Sol de México publicó que los días previos a la tragedia Pemex detectó tres tomas ilegales en el ducto que atraviesa Tlahuelilpan.
Además, reportes anuales del Observatorio Ciudadano IGAVIM muestran que en 2018, y con poco más de dos mil puntos de extracción de combustible, el estado de Hidalgo pasó del quinto al primer lugar nacional en casos de huachioleo.
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La CNDH destaca que, de acuerdo con datos de la Fiscalía General de la República (FGR), del 1 de diciembre de 2018 al 30 de abril de 2022 en el estado se registraron un total de cuatro mil 798 carpetas de investigación por robo de combustible y fueron localizadas 10 mil 214 tomas clandestinas. Además, se destaca que tres millones 280 mil 169 litros de hidrocarburo fueron asegurados, así como 181 mil 237 litros de gas LP.
Tan solo en 2021 y debido al robo de combustible, Petróleos Mexicanos (Pemex) tuvo pérdidas que ascendieron a mil 900 millones de pesos, mientras que en 2022 aumentó a cinco mil 599.87 millones de pesos.
Esta semana, el secretario de Seguridad federal, Omar García Harfuch, informó que tras trabajos de inteligencia se localizó en Coatzacoalcos, Veracruz, una refinería en la que se procesaba de manera ilegal crudo para producir diésel artesanal o alternativo, nafta ligera o solventes y aceites tratados o combustóleo ligero.
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La CNDH sostiene que Pemex no ha diseñado un plan integral ni mecanismos efectivos para prevenir, detectar o reducir el robo de hidrocarburos.
“Por el incremento de tomas clandestinas, Pemex debe incrementar sus recursos humanos y materiales para prevenir estas prácticas así como para reforzar la vigilancia de los ductos”, dice el informe.
Asimismo, la Comisión urge a la petrolera a “promover una capacitación de su personal, donde se consideren los escenarios que enfrentan al momento de dar mantenimientos a sus ductos, clausurar tomas ilegales y la cada vez más constante presencia de población en recolección del hidrocarburo”.
Abandono a las víctimas
La falta de protocolos para disminuir el robo de combustibles no es la única tarea pendiente del Estado mexicano con respecto a lo ocurrido en Tlahuelilpan.
La CNDH sostiene la falta de reparación del daño a víctimas y al medio ambiente que resultó contaminado tras la explosión de la toma clandestina.
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En el informe se destaca que por lo menos 194 niñas, niños y adolescentes quedaron en situación de orfandad al fallecer uno de sus progenitores, por lo que se les debe garantizar su reconocimiento, reparación integral del daño y apoyo como víctimas indirectas.
Además, para la Comisión “resulta preocupante que ninguna autoridad de los tres niveles se ha acercado a la comunidad o a las familias para consultarlas sobre la recuperación del suelo o la realización de un memorial para las víctimas”.
Nula reparación del daño ambiental
Otro aspecto que destaca la CNDH es la falta de acciones tras la contaminación ambiental que ocasionó la toma clandestina.
Tras la presencia de hidrocarburos, se alteran las características físicas, químicas y biológicas del suelo, lo que causa daños a la flora, fauna y a las comunidades en la zona, dice el informe.
La CNDH explica que está plenamente acreditado que, a raíz del derrame y el posterior incendio, el suelo y el agua en la zona están contaminados por sustancias químicas y que, hasta el momento, no se ha llevado a cabo la debida restauración y reparación del daño ambiental.
Montserrat Sánchez Maldonado | El Sol de México