Mazatlán se ha posicionado como uno de los municipios más golpeados por el delito de desaparición forzada, pues el conflicto entre los grupos criminales del Cártel de Sinaloa ha abierto una herida profunda en las familias que hoy buscan a sus desaparecidos.
La crisis de seguridad disparó las denuncias de desapariciones, aunque no se revelan cifras oficiales claras, las fichas de búsqueda difundidas en el puerto reflejan la magnitud del problema, con reportes constantes de hombres, mujeres, menores de edad, incluso turistas.
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En los últimos meses, el puerto también se ha convertido en un escenario recurrente de protestas. Madres que buscan a sus hijos y familias provenientes de distintos municipios, incluso de otros estados del país han intensificado sus manifestaciones apropiándose de espacios emblemáticos para visibilizar la crisis de desaparecidos.
El parador fotográfico de las letras de Mazatlán, ubicado frente a la zona de Valentino, pasó de ser un atractivo turístico a convertirse en un punto de congregación para exigir justicia.
Ahí, donde miles de visitantes suelen tomarse fotos para recordar sus vacaciones, hoy se levantan pancartas y se escuchan consignas que buscan recordar que, detrás del destino de playa más importante de Sinaloa, persiste un drama humanitario que el turismo no alcanza a ocultar.
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Cifras inciertas
De acuerdo con datos de la Vicefiscalía, entre septiembre y diciembre de 2024 desaparecieron 275 personas en Mazatlán. En enero de 2025 se abrieron 38 carpetas, pero desde febrero no se han dado a conocer nuevas cifras, debido al cambio de sede de las Mesas de Construcción de Paz, lo que ha limitado el acceso de medios a la información oficial.
Comité Municipal de Búsqueda: sin operatividad
El 12 de marzo de este año se instaló el Comité Municipal de Búsqueda de Personas en Mazatlán, pero su trabajo ha sido prácticamente nulo.
En casi seis meses solo sesionó una vez, el 12 de agosto, en una reunión privada sin acceso a medios de comunicación, donde únicamente se tomó protesta a nuevos integrantes.
El contraste entre la urgencia de atender la crisis y la parálisis del comité es evidente. Pese a que este órgano se había creado por primera vez en 2022, sigue sin funcionar como un espacio efectivo de coordinación.
El 22 de julio, a cuatro meses de su instalación, la regidora Wendy Barajas Cortés presentó su renuncia formal al Comité, argumentando que su permanencia solo legitimaba una simulación institucional.
Señaló que el órgano no sesionaba, no emitía informes ni implementaba acciones coordinadas, mientras las desapariciones en Mazatlán seguían en aumento.
Hacen el trabajo de las autoridades
El número real de personas desaparecidas en Mazatlán y en la zona sur del estado sigue siendo incierto. La falta de información oficial por parte de las autoridades ha dejado un vacío que los colectivos intentan llenar con sus propios registros, pero aun así la dimensión de la crisis resulta difícil de cuantificar.
Organizaciones de familiares advierten que la cifra podría ser mayor a la que se reporta en carpetas de investigación, ya que muchas familias no se animan a interponer una denuncia ante la Fiscalía.
El miedo a represalias, las amenazas directas de grupos criminales y la desconfianza hacia las instituciones han generado un subregistro que invisibiliza a decenas de víctimas.
Ante la ausencia de respuestas institucionales, los familiares de las víctimas, en su mayoría madres, han tenido que organizarse para salir a campo y realizar labores de búsqueda en fosas clandestinas.
Muchas de ellas reconocen que la esperanza de encontrar a sus hijos con vida se ha ido agotando, y que su lucha ahora es poder darles una sepultura digna. Esta resignación, marcada por el dolor y la incertidumbre, se acompaña de la denuncia constante hacia el abandono institucional que las obliga a convertirse en buscadoras cuando debería ser tarea del Estado.
Los colectivos señalan que, sin el respaldo gubernamental ni las condiciones mínimas de seguridad, cada salida al campo se convierte en un acto de riesgo, pero también en una muestra de resistencia frente a una crisis que no da tregua.
“Estamos haciendo el trabajo que les corresponde, mínimo nos deberían proporcionar seguridad”, afirmó Alejandra Carrizales Martínez del colectivo Por las Voces Sin Justicia.
La activista también señaló que apenas fueron integradas al Comité Municipal de Búsqueda y que desde entonces no ha habido ninguna acción concreta ni acercamiento con la alcaldesa Estrella Palacios.
Una situación similar expuso Irma Arellanes Hernández, del colectivo Tesoros Perdidos, Hasta Encontrarlos, quien lamentó no haber tenido diálogo con la presidenta municipal, a quien buscan solicitarle apoyo con maquinaria pesada para excavar en terrenos difíciles.
Las familias trabajan con recursos limitados y muchas veces deben abandonar temporalmente las brigadas por motivos laborales o por diferencias internas. Aun así, de 15 a 20 personas salen regularmente a campo en busca de sus seres queridos.
Arellanes Hernández advirtió que la cifra real de desaparecidos en el estado podría superar los 1,800 casos documentados, sin contar aquellas denuncias que nunca se interponen.
Crean comisión de acompañamiento
Ante la falta de respuestas, algunos regidores del Cabildo formaron una comisión para acompañar a las víctimas. El pasado lunes, sostuvieron una reunión con el vicefiscal Isaac Aguayo Roacho.
La regidora Maribel Chollet Morán informó que se abordaron temas como el acceso a expedientes, la atención a las familias y las investigaciones pendientes.
En la reunión participaron también los regidores Felipe Parada, Wendy Barajas y Fabiola Torres, así como el comisionado de Derechos Humanos en la zona sur, Erik Tiznado.
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La edil priista reconoció la grave carencia de personal en la Vicefiscalía para investigar desapariciones.
Chollet Morán dijo que actualmente hay más de mil carpetas de investigación abiertas en la zona sur y que la falta de capacidad institucional impide dar respuesta a cada caso.
Carla González | El Sol de Mazatlán