La Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México denunció que las autoridades capitalinas prolongan la búsqueda de personas desaparecidas en la capital por la falta de coordinación, omisiones, inacción y deficiencias, acciones reconocidas como desaparición administrativa.
Durante la presentación del “Informe Búsqueda de personas desaparecidas en la Ciudad de México”, la ombudsman, Nashieli Ramírez, cuestionó la labor de las autoridades capitalinas para atender estos casos, que afectan los resultados de una búsqueda efectiva.
Informó que de los 35 casos de personas desaparecidas en la capital, analizados entre 2017 y 2024, sólo 11 fueron localizados con o sin vida. De ellos, ocho (72 por ciento) suponen actos institucionales que permiten configurar la existencia de una desaparición administrativa.
“Esta calificación se fundamenta en que la inacción, falta de coordinación o deficiencias operativas de las autoridades prolongaron de manera indebida la desaparición, no provocaron la desaparición, pero prolongaron la desaparición”, señaló.
Lamentó que en 45 por ciento de estos casos, autoridades de proximidad tuvieron contacto con las personas cuando aún estaba con vida mientras permanecían desaparecidas, como la policía de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC), el Escuadrón de Rescate y Urgencias Médicas (ERUM), albergues y servicios hospitalarios de la Secretaría de Salud.
La defensora de derechos humanos destacó que en 10 casos donde los cuerpos estuvieron resguardados por alguna autoridad no se notificó oportunamente la localización de la persona desaparecida perpetuando su estatus de no localizada de manera innecesaria.
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El 60 por ciento estuvo bajo el resguardo del Instituto de Servicios Periciales y Ciencias Forenses del Tribunal de Justicia de la capital, mientras que el 30 por ciento recibieron atención médica y fallecieron en el hospital.
Destacó que en seis de cada 10 casos no se aplicó la entrevista inicial, uno de los elementos clave para la activación del protocolo de búsqueda de personas desaparecidas, que implica recabar la mayor información posible e importante para la identificación de la persona desaparecidas.
Por lo que en 38 por ciento de casos de desaparecidos no se aplicó la búsqueda inmediata y las causas fueron porque no se contaba con información relevante o porque la autoridad omitió iniciar la búsqueda.
Otro de los datos que destacó fue que de 11 los casos hallados, nueve fueron localizados por las familias y colectivos, y sólo dos por las autoridades.
Luis Gómez Negrete, titular de la Comisión de Búsqueda de la Ciudad de México dijo que este concepto de desaparición administrativa es un fenómeno del que no se han hecho cargo las autoridades capitalinas para facilitar la búsqueda de las personas.
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Subrayó que es una tarea en la que deben estar involucradas todas las autoridades e instituciones, con el compromiso de informar, notificar y darle identidad a las personas desaparecidas, una de los pasos más importantes en el que han fallado por muchos años.
En seis de cada 10 casos no se aplicó la entrevista inicial, uno de los elementos clave para la activación del protocolo de búsqueda de personas desaparecidas
“Nadie había asumido la tarea de poder hacer el último paso, de tomarse proactivamente la función, de decir cada persona fallecida en la CdMx, vamos agotar las acciones para darle identidad, ubicar a sus familiares, notificarles y poder concretar un restablecimiento y una restitución”, expresó.
“Eso es reconocer que una desaparición administrativa puede generar el mismo dolor que una desaparición forzada, que una violación a derechos humanos, es el mismo sufrimiento el que tiene sus familiares sin importar la causa de la desaparición”, agregó.
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Dijo que se trata de asumir una tarea interinstitucional, por ello a través del nuevo gabinete de búsqueda, establecido por la jefa de gobierno, Clara Brugada, se busca la coordinación de esfuerzos entre diversas autoridades para garantizar la localización de personas.
Gloria López | El Sol de México