En Querétaro se ha detectado un nuevo esquema de fraude inmobiliario que opera principalmente a través de redes sociales, donde se ofertan viviendas como supuestos remates bancarios. Las víctimas realizan pagos ante la aparente formalidad de una notaría, pero en lugar de firmar un contrato de compraventa, lo hacen sobre un contrato de prestación de servicios, lo que ha dejado a decenas de familias sin patrimonio y con procesos legales en curso.
María del Carmen López Vargas, oriunda de Tijuana, relató que en enero de 2023 inició contacto con la inmobiliaria “Mil Hogares México”, tras ver una publicación en Facebook.
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“Nos invitaron a un edificio en Constituyentes, tenían asesores y oficinas, lo que nos dio confianza.Firmamos ante notario y seguimos todos los pasos, pero cuando nos iban a entregar las llaves en octubre, desaparecieron”, explicó. La afectada aseguró haber invertido más de medio millón de pesos en una vivienda ubicada en la calle de Alcanfores, en Querétaro.
El abogado Gerardo Ruiz Espinosa, representante de varias víctimas, explicó que el principal gancho fue el uso de notarías, como la formalidad del proceso de compra-venta.
“Cuando la gente llegaba a firmar, en realidad no se trataba de una compraventa ni de una adjudicación de remate bancario. Lo único que hacían era ratificar la firma de un contrato de prestación de servicios profesionales”, precisó.
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Actualmente existen ocho carpetas de investigación en la Fiscalía General del Estado: CI/QRO/38074/2023; CI/QRO/38241/2023; CI/QRO/37647/2023; CI/QRO/39186/2023; CI/QRO/39739/2023; CI/QRO/37967/2023 y CI/QRO/37807/2023. El abogado indicó que las pérdidas en los casos que representa ascienden a más de 4 millones de pesos.
“Ellos no tenían control de los inmuebles ni facultades legales para ofertarlos como remates bancarios; simplemente tomaban fotos de fachadas y las publicaban con supuestos avalúos judiciales”, detalló.
El modus operandi consistía en publicar casas en diversas colonias de Querétaro, con precios reducidos hasta en un 70 por ciento respecto a avalúos ficticios. Entre los ejemplos, Ruiz Espinosa citó un inmueble en Jurica Pinar que supuestamente tenía un valor judicial de 2 millones 79 mil pesos, pero era ofertado en redes sociales en 600 mil pesos.
“Ese tipo de publicaciones eran la carnada para captar víctimas”, señaló.
Las víctimas aseguran que, tras dos años de haber iniciado las investigaciones, aún no hay responsables detenidos ni se han recuperado recursos. Por ello, exigen la intervención del Gobierno del Estado para dar seguimiento a los casos y garantizar, en la medida de lo posible, una reparación del daño.
Lorena Sandoval | Diario de Querétaro
