Por más de medio siglo, el tiempo se detuvo en los edificios del centro de la Ciudad de México, producto de las rentas congeladas implementadas durante la Segunda Guerra Mundial.
Era 1942 y México se declaraba en guerra contra las potencias del Eje: Alemania, Italia y Japón. Ante la incertidumbre económica, ese año decretó la congelación de rentas a fin de proteger a los inquilinos de aumentos abusivos.
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En 1942 aún no existía la Gaceta Oficial de la Ciudad de México que rige los cambios de manera oficial. Entonces, el presidente Manuel Ávila Camacho publicó el 24 de julio de ese año un decreto en el Diario Oficial de la Federación que establecía: “no podrán ser aumentadas las rentas por ocupación de inmuebles mientras rija la suspensión de garantías individuales”.
La tesis “Las vecindades del centro de la Ciudad de México frente al crecimiento de la ciudad. 1940-1950”, de Moisés Alejandro Quiroz Mendoza, refiere que la dotación de vivienda por parte del Estado reducía las demandas de aumento salarial, no perjudicaba las ganancias del capital privado y el partido oficial obtenía beneficios políticos.
Lo que parecía una solución temporal se convirtió en un régimen a largo plazo, pues a pesar del fin de la guerra, la ley no se derogó e incluso contemplaba multas de 100 a mil pesos a aquellos arrendatarios que no respetaran la congelación o que hostigaran a los inquilinos para desalojarlos.
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El decreto fue prorrogado en 1948, modificado en 1951 para excluir a los locales comerciales o industriales y se quedó congelado hasta 2001, según da cuenta María José García Gómez en su ensayo “El Impacto de la Ley de Renta Congelada en la CdMX (1942-2001)”.
Ante esta situación, las batallas por la vivienda se libraron en los juzgados. Decenas de casos mostraron que no había manera legal de desalojar, aumentar rentas o incluso firmar nuevos contratos.
En 1947, las autoridades crearon una Comisión para el Estudio del Aumento de Rentas; sin embargo, sus fallos fueron corregidos por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).
De acuerdo con el análisis de García Gómez, un caso emblemático fue el de Elena Mellet, dueña de un local en el centro, quien quiso aumentar la renta de 10 a 15 pesos mensuales a sus tres inquilinos. Tras años de litigio, la Corte falló a favor de los arrendatarios.
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Incluso, desde la década de los 70, indica el ensayo, al menos 25 mil familias de escasos recursos pagaban entre 40 centavos y 10 pesos de renta mensual.
Ante la imposibilidad de subir las rentas, los arrendadores tuvieron dificultades para invertir en las viviendas, pues no había incentivos para restaurarlas.
El sismo del 19 de septiembre de 1985 reveló lo que la ley había provocado, pues muchas de las viviendas colapsadas estaban bajo el régimen de renta congelada. Sin mantenimiento ni reforzamientos estructurales, las viejas vecindades deterioradas, ocupadas por familias con ingresos bajos fueron las más afectadas.
El gobierno reaccionó con una medida extraordinaria y expropió cerca de cinco mil predios, pero la ejecución fue caótica, ya que incluía casas no dañadas, terrenos del propio gobierno y propiedades habitadas por sus dueños.
Y aunque la ciudad se expandía, todos estos factores provocaron que el centro de la ciudad se vaciara. En 1950, el Centro Histórico albergaba medio millón de habitantes. En 1990, apenas quedaban 195 mil, detalla García Gómez.
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Fue hasta el inicio del nuevo milenio que la ley de renta congelada terminó por un error. El 31 de diciembre de 2001, los diputados del Distrito Federal se “hicieron bolas” discutiendo prórrogas y, con una votación torpe, derogaron sin querer el régimen.
Miriam Domínguez | El Sol de México