Con la entrada en vigor de la Ley antilavado en México, los profesionales inmobiliarios ahora pueden enfrentar responsabilidad por presentar documentación falsa sobre la procedencia del dinero utilizado para adquirir una propiedad, sin necesidad de que se compruebe dolo, afirmó Janeth Ayala, especialista en lavado de dinero.
Comentó que antes de la reforma, la ley sólo contemplaba responsabilidad si se demostraba que había intención de engañar.
“Quiere decir que ahora puede ser un delito culposo. Quizás ustedes no se dieron cuenta, fue error humano. No va a importar, ya es un delito alguna información, documento, un dato falso, presentado ante la autoridad”, detalló.
Indicó que una simple negligencia puede derivar en una pena de dos a ocho años de prisión.
También serán sancionadas con prisión aquellas personas que presenten documentos ilegibles en los avisos o requerimientos de las autoridades, añadió en una presentación remota durante el desayuno mensual de la Asociación Mexicana de Profesionales Inmobiliarios (AMPI) Tijuana.
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Explicó que ahora toda la cadena de suministro relacionada con el crimen organizado, sean productos, servicios o cualquier tipo de bien, será considerada parte de operaciones de lavado de dinero.
“Toda la cadena de suministros en la que proviene dinero del crimen organizado se vuelve parte de la célula del terrorismo, que va a incluir a los profesionistas inmobiliarios como proveedores”, dijo.
Janeth Ayala apuntó que México se vio presionado a impulsar esta reforma luego de que Estados Unidos señalara a diversas empresas de vínculos con el crimen organizado, acusándolas de recibir recursos ilícitos, como fueron los bancos Intercam, CiBanco y la casa de bolsa Vector.
México firmó en 2020 un acuerdo internacional para comprometerse en la lucha contra el lavado de dinero y no cumplir con estas disposiciones podría afectar sus relaciones con otros países, advirtió.
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Como ejemplo, expuso que hay empresas que venden bienes inmuebles a 20 años, lo cual complica la integración del expediente.
Finalmente, recomendó a los profesionales del sector inmobiliario revisar con lupa toda la documentación para evitar errores no intencionales que puedan derivar en responsabilidades penales.
Eduardo Jaramillo Castro | El Sol de Tijuana