Zapateros de San Francisco del Rincón denunciaron afectaciones económicas, excesos de autoridad y criminalización de su actividad, tras un operativo de la Fiscalía General de la República (FGR) realizado el pasado 25 de julio, en el que se aseguraron más de 40 mil pares de calzado presuntamente apócrifo con valor superior a los 8 millones de pesos, y que dejó como saldo dos detenidos, tres agentes lesionados y varios daños materiales.
La abogada y exfabricante de calzado, Isabel Sotelo, encabezó la reunión sostenida esta semana con el Fiscal Federal en el Estado de Guanajuato, Ignacio Alejandro Vila Chávez, donde junto a empresarios locales pidió frenar lo que consideran una persecución injusta al calzado informal.
Lee: Industria del calzado en crisis: Se pierden más de 7 mil empleos en Guanajuato
La abogada llamó a dejar de tratar el tema solo desde lo penal y atenderlo desde una visión legislativa, económica y de derechos humanos. Propuso regular, no perseguir, la producción informal, al considerarla una práctica artesanal, cultural y de supervivencia comunitaria.
Además, acusó una falta de equidad en la aplicación de la ley: “Mientras a los fabricantes locales se les catean bodegas, el calzado dumping proveniente de China entra sin control, con marcas presuntamente piratas, evadiendo impuestos y regulaciones”.
Una industria en crisis
Rogelio Rangel, empresario del sector, alertó que el impacto es mucho mayor de lo que se ve a simple vista.
“Están golpeando a los distribuidores, lo que arrastra a los fabricantes, sus empleados y sus familias. Literal: nos están dejando sin empleo y sin sustento”.
Congestión en aduana de Altamira provoca pérdidas millonarias a transportistas
Brasil lamenta la falta de diálogo con Estados Unidos para buscar solución a los aranceles impuestos por Trump
Los Cabos lidera la economía de Baja California Sur con más de la mitad del valor agregado estatal
Ethereum no será tratado como un valor mobiliario, sino como una mercancía en Estados Unidos
Noticiero prehispánico
Durante el operativo en la colonia Santa Rita, se reportaron enfrentamientos entre trabajadores y policías, quienes fueron agredidos con palos y piedras. Tres agentes resultaron heridos y se detuvo a dos personas.
Rangel aseguró que aún no han podido reingresar a las bodegas selladas, y denunció abusos de autoridad, violencia en los cateos y la falta de apoyo legal para liberar a un compañero detenido.
Ambos representantes sociales lamentaron que desde el municipio, estado y Fiscalía, la respuesta ha sido la misma:
Piden reforma legal
Tanto Sotelo como Rangel coincidieron en que la solución debe ser legislativa. Solicitaron abrir mesas de trabajo con diputados y senadores para discutir una posible reforma que permita regular la fabricación y comercialización del calzado informal, en lugar de perseguirla penalmente.
Te recomendamos: El calzado sigue siendo el motor económico de León, según Censos Económicos 2024