Con la aprobación en el Senado el 10 de junio de 2025, Francia ha marcado un hito al enfrentar legislativamente el auge del modelo ultra-fast fashion, estableciendo definiciones, prohibiendo publicidad, implementando impuestos ecológicos y promoviendo transparencia.
Aunque el texto de la reforma ha sido matizado para centrarse en plataformas ultra-low-cost, su entrada en vigor —cuando se acompañe de decretos concretos— pondrá en marcha un sistema completo de incentivos y sanciones, con lo cual no sólo se reconfigura el panorama de la industria textil en ese país, sino que podría servir como modelo para la Unión Europea en su camino hacia una economía textil más sostenible.
El origen de esta reforma se remonta a la propuesta de una ley “antifast-fashion”, presentada el 30 de enero de 2024 por la diputada Anne‑Cécile Violland (Horizons) y otros legisladores, con el objetivo de reducir el impacto ambiental de la industria textil.
La propuesta fue aprobada en primera lectura por la Assemblée nationale el 14 de marzo de 2024, de forma unánime. Posteriormente fue remitida al Senado francés, donde pasó por comisión en marzo de 2025 sin grandes modificaciones, aunque con señales de presión de lobbies.
La propuesta fue examinada en público a partir del 2 de junio de 2025 en la sesión del Senado. Durante los debates se produjeron enmiendas del Gobierno y de algunos senadores de derecha y centro, quienes suavizaron el alcance del texto, limitándolo a lo que se denominó “mode ultra‑express” (ultra‑fast fashion, en lugar de toda la fast fashion).
Finalmente, el texto modificado fue adoptado por la totalidad de los senadores —337 votos a favor, 1 en contra y 3 abstenciones— el pasado 10 de junio de 2025.
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Como parte de la definición legal y de las medidas clave de lo que se denomina “mode ultra-express” se tomaron en cuenta criterios basados en volumen, velocidad de renovación de colecciones y vida útil, así como los incentivos de reparación de las prendas.
También se estableció una prohibición de publicidad, incluyendo la de plataformas como Shein o Temu, tanto en medios tradicionales como redes sociales e influencers.
Las empresas que incumplan con la parte publicitaria de esta ley enfrentarán sanciones administrativas o judiciales.
Asimismo, se incluyó un impuesto ambiental por artículo de al menos €10, progresando hasta representar hasta el 50 por ciento del precio antes de impuestos en 2030 para quienes no cumplan con los estándares ambientales.
La cuantía podrá ser modulada según factores como huella de carbono, durabilidad, reciclabilidad, sistema similar al “écoscore” o Nutri-Score textil.
Las empresas estarán obligadas al consumidor, informándole del impacto ambiental de sus prendas, así como a manejarse con transparencia ambiental, divulgando métricas clave como las emisiones de GEI, consumo de agua, reciclabilidad, etcétera.
El auge del consumo textil y la ofensiva política contra la moda efímera
Entre 2010 y 2023, la cantidad de prendas comercializadas en Francia aumentó de 2 mil 300 millones a 3 mil 200 millones, lo que equivale a más de 48 prendas por habitante al año, con 35 prendas desechadas por segundo.
Plataformas como Shein lanzan más de 7 mil 200 nuevas referencias al día, frente a 290 de H&M o 50 de Zara.
Algunos de los principales impulsores de esta iniciativa fueron Anne‑Cécile Violland (Horizons): promotora principal de la proposición y figura clave del texto original; Sylvie Valente Le Hir (Les Républicains, senadora y ponente), quien defendió las modificaciones en el Senado y orientó el texto hacia la categoría “ultra-express”; Jean‑François Longeot (presidente de la comisión de planeamiento y desarrollo sostenible), quien apoyó la distinción entre fast fashion clásica y ultra, así como Agnès Pannier‑Runacher (Ministra de Transición Ecológica), quien calificó el texto como un “primer paso directo contra la moda ultraefímera”.
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Una ley que redefine el futuro textil
Tras la notificación a la Comisión Europea, Francia debe comunicar oficialmente el texto para evaluar su compatibilidad con el derecho comunitario, para que después una comisión de siete diputados y siete senadores redacte el texto definitivo.
Después se promulga y se publica la nueva ley en el Diario Oficial, tras lo cual entrará en vigor para que el gobierno dicte decretos reglamentarios que definan criterios precisos, escalas de sanción, naturaleza técnica del “écoscore”, y reglamentación publicitaria en unos meses tras la adopción definitiva.
La entrada en vigor tendrá implicaciones para la industria textil, que podrá verse afectada por mayores costes y restricciones, siendo las plataformas ultra-low-cost (como Shein y Temu) las más impactadas por la prohibición de publicidad y ecolabeling obligatorio.
Para el consumidor, esto supondrá un beneficio de contar con más información sobre impacto ambiental y menos bombardeo publicitario, aunque los productos ultra fast fashion podrían encarecerse.
En lo que se refiere al medio ambiente, se espera una reducción de la sobreproducción y de residuos textiles, así como incentivos a modelos circulares de durabilidad, reparación, transparencia y reciclaje.
* Con información de Reuters y Vogue Business.
Alejandro Castro | El Sol de México