Rubén Ignacio Moreira Valdez , diputado del PRI, propone agregar un párrafo quinto al artículo 4o de la Constitución Política, para establecer que las niñas y niños tienen derecho a recibir, de manera gratuita, universal y oportuna, las vacunas incluidas en el esquema nacional de vacunación.
Asimismo, que las autoridades competentes garantizarán el suministro, aplicación y seguimiento de dichas vacunas como una obligación prioritaria del Estado en materia de salud pública.
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Menciona que actualmente la Carta Magna establece que toda persona tiene derecho a la protección de la salud, por lo que es indispensable agregar que las niñas y niños puedan acceder a la vacunación de manera gratuita, universal y oportuna.
La vacunación constituye uno de los logros más importantes de la medicina moderna y los programas de inmunización han permitido controlar o erradicar enfermedades que en el pasado causaban altas tasas de mortalidad infantil y generaban enormes costos sociales y económicos, destaca en la exposición de motivos.
Sin embargo, advierte que en los últimos años México ha registrado una preocupante disminución en las coberturas de vacunación, lo cual representa un riesgo grave para la salud pública, en particular para los sectores más vulnerables de la población.
La iniciativa, enviada a la Comisión de Puntos Constitucionales, subraya que en México los programas de vacunación han sido fundamentales para logros históricos como la erradicación de la poliomielitis en 1990 y la eliminación del sarampión endémico en 2016. Gracias a estos programas, la mortalidad infantil asociada a enfermedades inmunoprevenibles se ha reducido en más de un 90 por ciento, de acuerdo con el Instituto Nacional de Salud Pública.
Refiere que la obligación del Estado de proporcionar vacunas de manera gratuita se encuentra prevista en leyes secundarias, como la Ley General de Salud; Sin embargo, no se ha establecido de manera explícita en el texto constitucional como un derecho específico de las niñas y niños.
Esta omisión representa una vulnerabilidad estructural que puede poner en riesgo el acceso universal a las vacunas, por lo que resulta necesario instaurar en la Constitución el que las niñas y niños las reciban reforzando así el principio del interés superior de la niñez como eje rector de las políticas públicas de salud, enfatiza.
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Moreira Valdez considera que garantizar la vacunación universal contribuye a reducir las desigualdades sociales y prevenir brotes epidémicos que podrían poner en riesgo la vida de millas de personas y colapsar el sistema de salud.
Puntualiza que la Constitución debe señalar con claridad la obligación del Estado de garantizar la disponibilidad, gratuidad, universalidad y oportunidad de las vacunas, y asegurar así generaciones futuras más sanas, resilientes y equitativas.