Vecinos del fraccionamiento Villas de San Lorenzo, en La Paz, denunciaron lo que parece ser la extracción de agua de forma ilegal en dos predios de la colonia por parte de pipas particulares.
Olga del Riego denunció que el 26 de diciembre del 2024 comenzaron a publicarse mensajes en el grupo de WhatsApp del fraccionamiento Villas de San Lorenzo, sobre el constante llenado de pipas en un predio ubicado en la calle Desierto de Atacama.
“Se hicieron reportes por varios vecinos al SAPA vía telefónica, por Facebook y yo, personalmente, envié coordenadas de la ubicación, fotos, videos, ubicación en Google Maps”, expresó.
Otros reportaron a la página del organismo operador de agua y al WhatsApp de la alcaldesa Milena Quiroga. Señaló que los predios donde se está extrayendo el agua están ubicados en la calle Desierto de Arabia con clave catastral 10-10-19-06-9035; y en la calle Desierto de Atacama con clave catastral 10-10-19-06-9040.
Precisó que de acuerdo con Google Maps, el primero tiene una construcción que abarca toda la superficie, mientras que el segundo tiene un área de albergue del 50 por ciento, quedando la otra parte descubierta y donde se ve que hay material de construcción, una cisterna de cinco mil litros y un tractocamión de la empresa UGA que siempre está estacionado ahí.
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Dijo que todo esto se reportó al SAPA, porque todo tiene su origen en una conexión clandestina a la red principal del organismo operador de agua. El 28 de agosto del 2024, previo a la pavimentación de la calle Desierto de Atacama, se relata que fue abierta una zanja con un trascabo que iba de ese lote a la calle de enfrente.
Se le preguntó a uno de los trabajadores qué era lo que hacían y respondió que estaban conectando el agua, pero está claro que ese trabajo no estaba a cargo del Sistema Operador de Agua.
En diciembre, otro mensaje en el grupo señaló que había un número elevado de pipas cargando agua. Una vecina reportó que en una tarde cargaron hasta ocho camiones cisterna.
“Otros mensajes señalan que las pipas entran y salen durante todo el día. Inician a las ocho de la mañana y dejan de circular hasta las 10 de la noche”.
Manifestó que las consecuencias de esta situación se dejaron ver en el fraccionamiento, porque varios vecinos tuvieron que comprar agua por el desabasto que se presentó. Otro vecino reportó el incremento de su recibo de consumo de agua en un 450 por ciento, en diciembre.
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El hecho de que en enero el recibo ya haya llegado con un costo normal, consideró, pone en evidencia que no se trataba de una fuga de agua, sino que el SAPA estaba cobrando el alto consumo en la colonia.
Mencionó que las fotografías que se enviaron al SAPA en su momento como parte de la denuncia identifican una pipa de la empresa Aqua Express.
Expuso que uno de los vecinos preguntó a un trabajador del SAPA qué estaba ocurriendo y este le dijo que “están utilizando la alberca como bodega de agua para prestar el servicio y traslado de agua a sus clientes, porque les queda muy lejos el lugar donde ahora cargan, que les cerraron el pozo donde cargaban agua en la colonia 8 de Octubre”.
Al preguntarse quién podría ser el responsable del “huachicoleo” del agua en el fraccionamiento, expuso que el propietario de esos terrenos es de la inmobiliaria UGA y su esposa es de la familia Mendoza, dueños de Aqua Express.
Señaló que tras los reportes a finales de diciembre dejaron de ir pipas a los predios, pero el 23 de enero y el 12 de abril “volvieron a cargar y robar agua”.
Dijo que el 13 de abril se hizo el reporte de esta situación al SAPA y el 21 de abril personas del gobierno municipal se presentaron en el fraccionamiento, pero argumentaron que no encontraron los predios y que los vecinos tendrían que investigar si la persona señalada estaba robando el agua o tenía permiso.
“Si la persona vende el agua, ¿en qué calidad lo hace? ¿si es para su construcción o para colonias o en su defecto para purificadoras?” y que “si es para purificadoras también investigarían a esas empresas y las multas serían grandes”.
Las autoridades habrían dicho que la denuncia se hizo al SAPA, pero eso estaba mal porque este organismo no tiene facultades para dar seguimiento al robo de agua porque eso es un delito, y que si el agua era para purificadoras también se tendría que involucrar a la Cofepris.
La denunciante señaló que la Ley de Aguas de Baja California Sur establece claramente las atribuciones y obligaciones de los ayuntamientos y organismos operadores de agua, “pero seguramente el personal que labora ahí, incluidos sus directivos al parecer no se han enterado de esto”.
Manifestó que después de recibir las denuncias quien debe ordenar, revisar y supervisar los predios es el organismo operador del agua, y si hay un delito promover las denuncias ante las autoridades correspondientes.
Raymundo León | El Sudcaliforniano