Activistas reiteraron su rechazo al proyecto minero submarino Don Diego, impulsado por la empresa estadounidense Odyssey Marine Exploration, que pretende dragar y extraer fosfato del fondo marino del Golfo de Ulloa, en Baja California Sur.

Esta actividad podría reactivarse tras una controversia internacional que ordenó al Estado mexicano indemnizar con 37.1 millones de dólares (unos 745 millones de pesos) a la empresa, además de abrir la puerta a nuevos intentos de operar.

Lee: Endurecen sanciones contra el desperdicio de agua en Baja California Sur

Promovido a través de su filial Exploraciones Oceánicas, fue rechazado por la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) por la falta de evidencia científica sobre su viabilidad y los riesgos a especies en peligro de extinción como la tortuga caguama y la ballena gris. Además, el Golfo de Ulloa es responsable del 42 por ciento de la pesca estatal.

Sufrió discriminación “Don Diego”, dice Tribunal Internacional

Pese a ello, en septiembre de 2024 el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI) falló a favor de la empresa por considerar que el Estado mexicano actuó de forma discriminatoria al negar permisos.

El gobierno de México alegó que la decisión se basó en criterios técnicos y en defensa de la biodiversidad.

“El dragado en el fondo marino generaría impactos severos e irreversibles sobre la biodiversidad y afectaría a comunidades que dependen de la pesca para su sustento”, subraya el documento firmado por más de 15 organizaciones, entre ellas CEMDA y el Centro para la Diversidad Biológica.

¿En qué etapa está el proyecto?

Actualmente, Odyssey espera el fallo del Tribunal Federal de Justicia Administrativa (TFJA) para recuperar la autorización de impacto ambiental.

De ser favorable, podría reactivar el proyecto, lo que encendería nuevamente el conflicto entre el interés económico y la protección del ecosistema marino.

En paralelo, la empresa anunció en diciembre de 2024 una alianza con Capital Latinoamericano S.A. de C.V., respaldada por el empresario Juan Cortina Gallardo, para un proyecto de fertilizantes en la Zona Económica Exclusiva (ZEE) de México, con inversión inicial de 25 millones de dólares (más de 502 millones de pesos).

Te puede interesar: Valle de Santiago amplía su red de Áreas Naturales para cuidar biodiversidad y combatir el cambio climático

Aunque sea una actividad “prohibida” podría continuar: Experta

Durante el foro “Ciudades + Humanas” en la UABCS, la investigadora Violeta Núñez, especialista en minería y políticas extractivas, advirtió que “el proyecto está vivo” y que Odyssey pretende continuar pese a la oposición. Recordó que la Ley de Minería prohíbe este tipo de extracciones en zonas con riesgo a la biodiversidad.

“Aunque la ley está de nuestro lado, no podemos confiarnos. Es nuestra responsabilidad como ciudadanos y académicos hacer todo lo posible para detenerlo”, dijo.

La MIA del proyecto contempla la extracción de siete millones de toneladas de arena fosfática anualmente durante 50 años, mediante dragado, lo que amenaza con generar sedimentos que podrían bloquear la luz para la fotosíntesis marina, afectar especies bentónicas y alterar la cadena alimenticia del golfo.

Lee: El Mariposario de Cali cumple 15 años en busca de la protección de la biodiversidad en Colombia

La Asociación Interamericana para la Defensa del Ambiente (AIDA) se ha sumado a las voces críticas, destacando la incertidumbre sobre el impacto real, dado que sería la primera mina de su tipo en el mundo. Experiencias en países como Namibia y Nueva Zelanda refuerzan los temores de daños irreversibles.

Piden evitar que se indemnice y regrese a operar

Las organizaciones demandan la cancelación definitiva de las concesiones mineras en la ZEE, la transparencia en los trámites y que se lleve ante el TFJA el riesgo de “doble recuperación”, es decir, que la empresa reciba indemnización económica y además logre operar el proyecto.

“El compromiso de México con la conservación del patrimonio natural no puede ser doblegado por la presión de una empresa extranjera que no ha demostrado responsabilidad ambiental”, concluye la carta, firmada además por Greenpeace México, SmartFish, AIDA y Wildlands Network.

Alan Flores | El Sudcaliforniano