La diputada Alondra Torres García, presidenta de la Mesa Directiva del congreso local, presentó una iniciativa de reforma a la Ley de Aguas del Estado y la Ley de Hacienda del Municipio de La Paz, Baja California Sur.

Esto con el objetivo de endurecer sanciones contra el desperdicio del agua y actualizar los criterios de descuentos en el pago del servicio para sectores vulnerables.

En su exposición de motivos, Torres García destacó que la Ley de Aguas en Baja California Sur nunca ha sido modificada desde su creación en 2001, a pesar de la creciente crisis hídrica en la entidad.

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“Las multas y apercibimientos son mínimos, muchas veces es más fácil pagar una sanción de 100 pesos que detener una toma clandestina o una conexión irregular que beneficia a unos pocos y perjudica a muchos”, sostuvo la legisladora.

La propuesta, que ya fue turnada a las comisiones de Asuntos Fiscales y Administrativos y del Agua, busca reformar los artículos 139 y 140 de la Ley de Aguas para incorporar nuevas infracciones, tales como:

• Manipulación de la infraestructura del organismo operador que provoque afectaciones al servicio.
• Daños a la infraestructura y equipo del organismo operador.
• Uso clandestino de tomas de agua en sembradíos o actividades comerciales no registradas.

“Hemos detectado conexiones clandestinas en comunidades como San Pedro, donde tomas de hasta cuatro pulgadas han sido utilizadas para abastecer sembradíos sin medidor, dejando sin agua a muchas familias. En otros casos, el agua sustraída se vende de manera irregular mediante pipas”, explicó Torres García.

Aumento en las multas

Actualmente, las sanciones oscilan entre 5 y 500 veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización (UMA), dependiendo de la gravedad de la falta y el tipo de usuario.

La reforma propone un nuevo esquema diferenciado:

• 100 UMA para uso doméstico, equivalentes a 11 mil 314 pesos.
• 900 UMA para uso comercial, equivalentes a 101 mil 826 pesos.
• Mil 400 UMA para uso industrial, equivalentes a 158 mil 396 pesos.

“El objetivo es que quien haga un uso irregular del agua tenga una repercusión real. Que la multa no sea un gasto menor comparado con el beneficio obtenido de manera ilegal”, afirmó la diputada.

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Quienes dañen la infraestructura del sistema, además de pagar la multa, deberán cubrir el costo de la reparación.

El valor de la Unidad de Medida y Actualización (UMA) para 2025 es de 113 pesos con 14 centavos mexicanos al día, 3 mil 439 pesos con 46 centavos al mes y 41 mil 273 mil pesos con 52 centavos al año. Estos valores entraron en vigor el primero de febrero de 2025.

Nuevas condiciones para descuentos a sectores vulnerables

La iniciativa también modifica la Ley de Hacienda de La Paz para regular los descuentos en el pago del servicio de agua potable para pensionados, jubilados, adultos mayores y personas con discapacidad.

Actualmente, estos sectores reciben un 50 por ciento de descuento, pero la propuesta introduce dos nuevas condiciones:

No deberán tener adeudos mayores a tres meses consecutivos.
Su consumo mensual debe estar dentro de la cuota mínima establecida.

“Buscamos que los beneficios sean equitativos y que los apoyos sean para quienes realmente los necesitan, sin fomentar el incumplimiento en el pago del servicio”, justificó la diputada.

Impacto estatal y entrada en vigor

Si bien la reforma a la Ley de Aguas aplicará a todo el estado, las modificaciones a la Ley de Haciendaafectarán exclusivamente a La Paz. Sin embargo, Torres García expresó su intención de que otros municipios adopten medidas similares.

“Esta es una necesidad que nos fue expuesta por el municipio de La Paz, pero el problema del agua es de toda la entidad. Ojalá que más municipios se sumen a este esfuerzo”, indicó.

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De aprobarse la reforma, entraría en vigor al día siguiente de su publicación en el Boletín Oficial del Gobierno del Estado de Baja California Sur. Además, se derogarán las disposiciones que se contrapongan con el nuevo decreto.

Torres García enfatizó que la propuesta responde a la necesidad de adaptar la normatividad a la realidad hídrica del estado y garantizar un uso más eficiente del recurso. “El agua es un factor que detona el desarrollo económico y humano y que incide en la calidad de vida de las personas”, concluyó.

Alan Flores | El Sudcaliforniano