Un grupo de ciudadanos que adquirieron terrenos en el conjunto residencial Bukära Coto Club, en Milenio III, exigieron la intervención del gobernador Mauricio Kuri ante el presunto fraude inmobiliario cometido por la empresa Inmobiliaria Corporativa de Querétaro Milenio III.
En rueda de prensa, Moisés Olea Peña, uno de los afectados de la sección 12 del conjunto, informó que desde 2015 dicha inmobiliaria comenzó a ofrecer terrenos en preventa, los cuales tenían costos diversos por metro cuadrado; expuso que en 2018 compró un terreno en 880 mil pesos con la promesa de que sería entregado en 3 años, lo cual, hasta la fecha no ha ocurrido.
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Indicó que en 2020, con la pandemia por Covid-19 en curso, se les informó que habría retrasos en la entrega de los lotes; sin embargo, con el paso de los años perdieron el contacto con los vendedores y la empresa. Ante las inconformidades de al menos 120 personas de dicha sección se dieron cuenta de la existencia de más personas defraudadas en otros lotes del terreno; detalló que se han presentado más de 35 demandas penales, así como mercantiles y civiles.
“Cuando hicimos la compra nos entregaron un documento, firmamos unos pagarés conforme íbamos depositando nos entregaban los pagarés, nos entregaron carta finiquito, algunos lograron sacar un contrato”, indicó.
Arturo Pérez Alba, otro de los afectados, indicó que el fraude millonario tiene más de 10 años y ninguna autoridad se ha hecho responsable de la situación. Indicó que hay quienes solicitaron un crédito para adquirir sus terrenos y tuvieron una pérdida mayor que quienes pagaron de contado por su propiedad.
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Patricia Gutiérrez Ramírez, otra de las afectadas, mencionó que se les informó que el representante legal de la empresa era Eduardo Greco; sin embargo, el abogado Francisco Reséndiz Guevara se ostentó como representante legal de la empresa y se desentendió cuando se interpuso la demanda.
Añadió que en un acercamiento con la Secretaría de desarrollo social del municipio de Querétaro se informó que se pagaron los derechos del predio, pero no la individualización de los lotes, por lo que exigieron la intervención del gobernador para atender la problemática, así como del fiscal general, pues indicó que, en su caso, presentó una demanda, con el número de carpeta 22841/2023, la cual no ha procedido.
“Es un tapadero y lo que básicamente solicitamos es que de verdad el gobernador nos dé el apoyo con su presidente del tribunal y su fiscal para que nosotros podamos hacer los términos legales, las situaciones legales que podemos hacer, porque resulta que no entró tu demanda, que ya prescribió tu tiempo, entonces qué hacemos”, precisó.
Lorena Moreno, quien compró un terreno en 2014, informó que presentó tres denuncias penales, las cuales fueron desestimadas; indicó que el terreno que adquirió tuvo un valor de 700 mil pesos y únicamente recibió una carta finiquito, pues la empresa le mencionó que no se firmaban contratos.
Mientras tanto, Juan Calderón Cárdenas, otro de los afectados, comentó que en 2012 adquirió tres terrenos de contado y hasta 2017 recibió los contratos de éstos; sin embargo, a la fecha no le han entregado los terrenos.
Andros Gutiérrez, abogado de una de las personas afectadas, señaló que, además de Corporativa de Querétaro S.A. de C.V., están involucradas las empresas EDI Técnica S.A. de C.V., Núcleo AFRA S.A. de C.V. e Inmobiliaria Colonial Los Arcos S.A. de C.V., quienes también han sido demandadas.
Karen Munguía | Diario de Querétaro
